El artículo 106.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que “Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2”. 

Este artículo 106 no contempla un procedimiento específico para la revisión de oficio de las disposiciones administrativas, sino que se limita a exigir el dictamen previo favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. Por ello, resultan de aplicación las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos, contenidas en el título IV de la citada Ley. 

A la vista de la documentación obrante en el expediente, puede afirmarse que en este caso el procedimiento se ha tramitado en esencia conforme a lo previsto en la LPAC. Se ha dado publicidad al acuerdo de inicio mediante su inserción en el BOP (…), concediendo trámite de audiencia a los posibles interesados. Finalmente, la exigencia de informe del Consejo Consultivo se cumple con la emisión del presente dictamen. Junto a ello, a la fecha de este dictamen no ha transcurrido el plazo de caducidad del procedimiento de revisión de oficio, establecido en seis meses desde su inicio por el artículo 106.5 de la LPAC. 

(…) la revisión de oficio afecta en este supuesto a una disposición general, para cuya apreciación debe analizarse la concurrencia de la causa prevista en el artículo 47.2 de la LPAC, de acuerdo con el cual “También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. 

(Dictamen 204/2019, de 30 de mayo y, en el mismo sentido, dictámenes 221/2013, de 22 de mayo, o 348/2020, de 29 de octubre)