El artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que “Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1”.

El artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene como objeto facilitar la depuración de los vicios de nulidad radical o absoluta de que adolecen los actos administrativos, con el inequívoco propósito de evitar que por el transcurso de los breves plazos de impugnación de aquéllos derive en su consolidación definitiva. Se persigue, pues, mediante este cauce procedimental, ampliar las posibilidades impugnatorias, evitando que una situación afectada por una causa de nulidad de pleno derecho quede perpetuada en el tiempo y produzca efectos jurídicos pese a adolecer de un vicio (…) tan relevante (…).

Sin embargo, como ha señalado este Consejo en reiteradas ocasiones, esta acción de nulidad no está concebida para canalizar cualquier infracción del ordenamiento jurídico que pueda imputarse a un acto administrativo, sino sólo aquellas que constituyan un supuesto de nulidad plena, previsto en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

(Dictamen 100/2018, de 21 de marzo o, por referencia a la Ley 30/1992, dictámenes 686/2004, de 25 de noviembre, 374/2006, de 4 de mayo, 530/2008, de 10 de julio, 1.540/2011, de 12 de enero de 2012, 128/2014, de 3 de abril, o 155/2016, de 5 de mayo).