La vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la “Revisión de oficio” en el Capítulo I de su Título V.

La principal novedad que Ley 39/2015 ha introducido en el artículo 106, respecto de su antecesor, el artículo 102 de la Ley 30/1992, se contiene en el apartado quinto, que eleva a seis meses el plazo de caducidad del procedimiento iniciado de oficio, plazo que en la ley 30/1992 era de tres meses.

El cambio legislativo ha planteado en diversos expedientes cuál es la normativa aplicable a la revisión de oficio desde la perspectiva temporal, y ha motivado la aplicación coetánea de ambas normas, la vigente Ley 39/2015 en el aspecto procesal y la contenida en la Ley 30/1992, en relación a las causas de nulidad concurrentes en el acto sometido a revisión:

Para solventar la cuestión planteada debe determinarse en primer término cuál es la legislación aplicable al caso, diferenciando para ello el plano sustantivo del procedimental, puesto que la actuación cuya revisión se pretende se inició cuando estaba vigente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el procedimiento de revisión de oficio se inicia el 9 de marzo de 2020, momento en el que ya está en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).

De conformidad con el principio tempus regit actum, los vicios determinantes de la nulidad de un acto deben regirse por la normativa en vigor cuando este se dictó. En el presente caso, al tratarse de una actuación material iniciada bajo la vigencia de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será esta norma la que resulta de aplicación y, en concreto, su artículo 62, referente a los motivos de nulidad de pleno derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, la acción de nulidad se ha ejercitado encontrándose ya en vigor la LPAC, por lo que esta será la normativa aplicable al procedimiento de acuerdo con su disposición transitoria tercera, apartado b), “Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor de la presente Ley se sustanciarán por las normas establecidas en ésta”.

(Dictámenes 333/2020, de 15 de octubre, 3/2019, de 22 de enero o 283/2018, de 5 de diciembre)