El artículo 47.1.g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a modo de cláusula de cierre indica que “Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Cualquier otro que se establezca en una disposición con rango de Ley”. 

Los acuerdos plenarios sometidos a revisión, de 12 de junio de 2014 y 15 de septiembre de 2016, de ratificación de aquellos acuerdos anulados judicialmente, deben declararse nulos por la concurrencia de la causa establecida en el artículo 62.1.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre: “Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal”, en relación con el artículo 103.4 de la LJCA: “Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento”. Los actos de ratificación contrarían el derecho de los particulares a la ejecución de las resoluciones judiciales, ligado al principio de tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución. Como resulta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2008, este principio comprende el cumplimiento de la resolución, ya que en caso contrario las sentencias serían meras declaraciones de intenciones (Sentencia del Tribunal Constitucional 176/1985); el principio de inalterabilidad de las resoluciones judiciales conectado con la seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución); que el ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo juzgar lo juzgado corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales (artículo 117.3 de la Constitución); el principio de obligado cumplimiento de la sentencias (artículo 118 de la Constitución); y que las sentencias se han de ejecutar en sus mismos términos (artículo 18 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). 

(Dictamen 571/2017, de 21 de diciembre) 

En cuanto al segundo motivo de nulidad invocado (el previsto en la letra g), la Administración consultante no identifica ni la norma infringida ni el motivo de nulidad que permita revisar de oficio los actos. 

En conclusión, se considera que no concurren las causas de nulidad invocadas y, por tanto, no procede la revisión de oficio. 

(Dictamen 80/2020, de 26 de marzo) 

El asunto sometido a consulta versa sobre el procedimiento de revisión de oficio del Acuerdo (…) por el que se aprueban el PCAP y el PPT y se adjudica, por procedimiento negociado sin publicidad, el contrato de servicio (…). 

El artículo 38 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que los contratos celebrados por los poderes adjudicadores serán inválidos: “b) Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo a que se refieren los artículos siguientes”. El artículo 39 señala en su apartado 1 que son causas de nulidad de derecho administrativo de los contratos las previstas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, y enumera en su apartado 2 otras causas de nulidad de pleno derecho de los contratos. 

El Ayuntamiento alega que el contrato es nulo porque, al no haberse justificado convenientemente la elección del procedimiento negociado sin publicidad, debería haberse tramitado un procedimiento abierto y, por tanto, publicado el anuncio de licitación en el perfil de contratante. Y la falta de tal publicidad es causa de nulidad de pleno derecho del contrato ex artículo 39.2.c) de la LCSP. 

Este Consejo coincide en la procedencia de la revisión de oficio del acuerdo de adjudicación y, consiguientemente, del contrato, pero discrepa de la causa de nulidad invocada por el Ayuntamiento, ya que la nulidad debe fundamentarse en la causa prevista en el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (tratarse de un acto dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido). 

(Dictámenes 82/2020 a 85/2020, todos de 26 de marzo)