Tal como ha manifestado el Consejo de Estado, la revisión de oficio de los actos administrativos constituye un supuesto excepcional en virtud del cual la Administración, conforme a una privilegiada facultad de autotutela, puede, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, anular o declarar la nulidad de sus propios actos sin necesidad de acudir al proceso jurisdiccional contencioso-administrativo. “Se trata de un auténtico procedimiento administrativo especial de naturaleza autónoma” (Dictamen del Consejo de Estado nº 4.313/1998). 

Las causas habilitantes para que la Administración Pública declare la nulidad de una resolución, enumeradas actualmente en el citado artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, han de ser objeto de interpretación estricta, habida cuenta, de una parte, su propia naturaleza y, de otra, del carácter singular de la potestad administrativa de autotutela prevista en el artículo 106 del mismo cuerpo legal. En el Dictamen 384/2004, de 30 de agosto, de este Consejo Consultivo, ya fue recogida la doctrina de que “La revisión de oficio de los actos administrativos constituye un cauce de utilización excepcional y de carácter limitado, ya que comporta que, sin mediar una decisión jurisdiccional, la Administración pueda volver sobre sus propios actos dejándolos sin efecto. De ahí que no cualquier vicio de nulidad de pleno derecho permita acudir sin más a la revisión de oficio, sino que ésta es sólo posible cuando concurra de modo acreditado un vicio de nulidad de pleno derecho (o de anulabilidad cualificada) de los legalmente previstos”. 

(Dictámenes 62/2020, de 12 de marzo o 165/2020, de 18 de junio)

Si bien en el presente procedimiento la declaración de nulidad trae causa de varias resoluciones judiciales, ello no es suficiente para la indeterminación de los términos en que se redacta la propuesta de resolución. (…) el acto administrativo que pretenda anular un acto y que se someta a este Consejo debe recoger la concreta causa de nulidad que se invoca, su motivación y la justificación del por qué el acto que se pretende eliminar del mundo jurídico engarza con esa causa, pues de otra forma, la lectura de la propuesta de resolución no permitirá conocer a los interesados los concretos hechos que motivan la nulidad del acto que les perjudica o favorece, según los casos. 

El Consejo de Estado, en su Dictamen de 24 de octubre de 1996, en un asunto similar al presente supuesto, (…) estableció que “El dictamen del Consejo de Estado no tiene la configuración de una autorización para que la Corporación local pueda proceder a la revisión de oficio. No puede entenderse en el sentido de que se precisa el mismo para habilitar el ejercicio de tal potestad revisora. La exigencia del dictamen del Consejo de Estado es un requisito procedimental para garantizar el correcto ejercicio de tal potestad revisora y el respeto a la ley y al Derecho, y a los derechos de los interesados. Se inserta así en el momento final del procedimiento, inmediatamente antes de la resolución que se vaya a adoptar, que será de acuerdo u oído el Consejo de Estado. Por lo tanto sólo una vez concluida la tramitación del procedimiento (su iniciación, actos de instrucción precisos, audiencia del interesado y propuesta que sea de la resolución a adoptar por el órgano competente) deberá recabarse el dictamen de este Alto Cuerpo, tras el cual procederá la resolución correspondiente”. 

De acuerdo con lo expuesto, en el expediente sometido a consulta se ha prescindido del procedimiento que había de seguirse, al no haberse remitido toda la documentación generada ni haberse fundamentado la propuesta de resolución en la concreta causa de nulidad del artículo 62 (…), propuesta que en realidad recoge una relación sumaria de los antecedentes de hecho (con cita de las sentencias generadas durante el procedimiento y mención de las alegaciones e informe evacuado). 

Todas estas circunstancias han de considerarse como más que posibles causas de indefensión hacia los interesados, por lo que procede devolver el citado expediente al Ayuntamiento, para que se tramite de conformidad con lo señalado. 

(Dictamen 235/2012, de 3 de mayo)