(…) conforme el artículo 118.1 de la Ley 30/1992, el recurso extraordinario de revisión sólo cabe frente a actos firmes en vía administrativa y debe basarse en alguna de las circunstancias tasadas que se recogen en dicho precepto. 

Por tanto, para que sea admisible el recurso es necesario que el acto no sea susceptible de recurso administrativo. Si todavía es admisible un recurso ordinario o especial en relación al acto, lo lógico es que cualquiera que sea la infracción en que incurra el acto, aunque se trate de los que constituyen motivos específicos de revisión, se hagan valer en el recurso administrativo admisible. El carácter extraordinario del recurso de revisión así lo impone. 

(Dictámenes 36/2005, de 3 de febrero, 607/2006, de 27 de julio, 341/2007, de 10 de mayo, 234/2008, de 30 de abril, 310/2009, de 30 de abril, 476/2010, de 3 de junio, 39/2011, de 17 de febrero, 455/2012, de 30 de agosto, y 592/2012, de 11 de octubre)

El Consejo de Estado ha declarado que no cabe abrir paralelamente las vías administrativas ordinaria y extraordinaria con idénticos objetivos, ya que esta última está concebida como una excepción al principio de seguridad jurídica (Dictamen 251/1991). 

Ahora bien, no es necesario que el acto sea firme a efectos del recurso contencioso-administrativo. La Ley, con acierto, especifica que se trate de “actos firmes en vía administrativa”. Por tanto, aunque todavía no hubiese terminado el plazo para incoar el proceso administrativo, si se diera alguno de los motivos en que pueda fundarse el recurso de revisión, es admisible este recurso. 

Es indudable que también es admisible el recurso de revisión contra actos que ponen fin o agoten la vía administrativa, esto es, aquellos no susceptibles de recurso administrativo ordinario. 

Surge la cuestión sobre si el acto susceptible aún de ser recurrido en reposición puede ser objeto de impugnación a través del recurso extraordinario de revisión. 

En el plano teórico, un acto administrativo susceptible aún de ser recurrido en reposición no es estrictamente un acto firme en vía administrativa, ni aun cuando el recurso de reposición está establecido con carácter potestativo, no debiendo confundir acto firme en vía administrativa y acto que pone fin a la vía administrativa. 

De esta manera el artículo 118.1 de la Ley 30/1992 exige que el acto recurrido en revisión sea firme en vía administrativa, lo que significa que debe tratarse de un acto contra el que no quepa recurso administrativo ordinario alguno, sea preceptivo o facultativo. Si el acto hubiera puesto fin a la vía administrativa pero todavía fuera susceptible del recurso potestativo de reposición, en tanto no venza el plazo para interponer éste habrá de considerarse que el acto no es firme en vía administrativa. 

No obstante, desde el punto de vista práctico, la doctrina considera difícilmente rechazable un recurso de revisión interpuesto dentro del mes siguiente a la notificación del acto (susceptible sólo de ser recurrido, en vía administrativa, a través del recurso de reposición), cuando en trance de resolver el recurso de revisión, hubiera podido ya constatarse la no interposición en plazo de la reposición. Se trataría de lo que se viene denominando “firmeza sobrevenida”. 

(Dictámenes 36/2005, de 3 de febrero, 607/2006, de 27 de julio, 341/2007, de 10 de mayo, 234/2008, de 30 de abril, 310/2009, de 30 de abril, 476/2010, de 3 de junio)