Los requisitos para que sea admisible el recurso fundado en el motivo recogido en el artículo 118.1.2ª son los siguientes: 

  1. Que se trate de documentos de valor esencial para la resolución del asunto. 

    No es suficiente cualquier documento para que sea admisible el recurso. Es necesario que el documento tenga una importancia decisiva para la decisión; esto es, que dado su contenido pueda racionalmente suponerse que, de haberse tenido en cuenta al decidir, la resolución hubiese sido distinta a la adoptada. 

  2. Que evidencien el error de la resolución recurrida. 

A juicio de la doctrina únicamente puede apoyarse el recurso de revisión en documentos cuya existencia era desconocida o bien que, aun conocida, el recurrente no hubiera podido aportarlos (por causas no imputables a él) entonces al expediente. El Consejo de Estado, en su Memoria correspondiente al año 1999, resalta que el que aparezcan documentos debe entenderse en el sentido de que el interesado no pudo aportarlos en su momento por desconocer su existencia (o incluso cuando se acredite que fue imposible su aportación entonces), pero excluye aquellos otros supuestos en los que el recurrente en revisión aporta un documento cuya existencia razonablemente conocía y que pudo dictar antes de dictarse el acto recurrido en revisión. Congruentemente, tampoco podrán tener cabida en este motivo de revisión aquellos casos en los que el interesado, conocedor de los hechos que pretenden acreditarse, procura y obtiene la documentación de tales hechos a su conveniencia y para su aportación junto con el recurso de revisión, pues no se trataría con rigor de la aparición de un documento, sino de la creación del mismo con la aludida finalidad. 

(Dictamen 36/2005, de 3 de febrero, 562/2005, de 23 de junio, 895/2005, de 20 de octubre, 337/2007, de 10 de mayo, 492/2008, de 17 de julio) 

De acuerdo con el criterio del Consejo de Estado, “el precepto establece que esos documentos deben ser de valor esencial para la resolución del asunto, evidenciando el error de la resolución recurrida. Ello significa que su conocimiento previo por la Administración hubiera llevado necesariamente a dictar una resolución distinta de la que finalmente se adoptó” (Dictamen 778/2002, de 18 de abril de 2002). 

El carácter extraordinario del recurso de revisión, en relación con la causa que en este caso se invoca, trata de paliar las consecuencias perjudiciales que para el interesado pudieran producirse, al aparecer documentos una vez que ya no se puede acudir a los medios normales de impugnación, por ser firme el acto que es perjudicial al interesado. 

(Dictamen 43/2005, de 3 de febrero) 

No todo documento que se aporte, aunque su contenido fuera desconocido por la Administración autora del acto, será idóneo para apoyar un recurso de revisión, sino que es preciso que el mismo evidencie el error en la resolución recurrida. 

El Consejo Consultivo de Castilla y León, siguiendo la doctrina del Consejo de Estado ha reiterado que por documentos de valor esencial para la resolución del asunto deben entenderse aquéllos cuyo conocimiento previo hubiera modificado la situación conocida en aquel momento. 

(Dictámenes 579/2005, de 21 de julio, 460/2006 y 461/2006, de 24 de mayo, 341/2007, de 10 de mayo, 878/2007, de 18 de octubre, 492/2008, de 17 de julio, 382/2009, de 21 de mayo, 802/2011, de 14 de julio, 149/2015, de 29 de abril, y 155/2015, de 7 de mayo).

En relación con la consideración de “documento de valor esencial” de la certificación aportada a los efectos del recurso extraordinario de revisión, el Tribunal Supremo rechaza, como documento idóneo a estos efectos, un certificado que pudo ser solicitado por el interesado durante la tramitación del procedimiento, puesto que “entender lo contrario sería posibilitar siempre el recurso extraordinario por esta causa, con solo pedir a cualquier órgano certificante la constancia de documentos anteriores” (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 6 de julio de 1998). 

En el mismo sentido el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), en Sentencia de 19 de febrero de 2003, dispone que “la firmeza de los actos administrativos y su posible revisión no puede depender de que el interesado obtenga más tarde un certificado de un Registro Público que siempre estuvo a su disposición, o tenga después la ocurrencia de consultar un Registro que siempre pudo consultar. Los ciudadanos deben ser diligentes en la defensa de sus derechos utilizando a su debido tiempo los medios que tengan a su disposición. Si así no los utilizan, pierden la posibilidad de hacerlo más tarde. 

»La mera `aportación´ a que se refiere el artículo 118.1.2ª de la ley de Procedimiento 30/1992 no puede referirse a certificados de Registros Públicos ni a otros documentos que con la diligencia propia de un ciudadano normalmente cuidadoso, podrían haber sido aportados en tiempo, sino a la aportación de documentos desconocidos o de conocimiento difícil o anormal”. 

En Sentencia de 26 de abril de 2004 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) mantiene, en relación con la aportación de un certificado bancario, que “no es un documento que aparezca con posterioridad a la Resolución que a través del recurso extraordinario pretende combatirse; sino que simple y llanamente se confecciona con posterioridad; tampoco es que se aporte con posterioridad porque no ha resultado posible su aportación anterior (…). No es, por tanto, uno de los documentos a que se refiere la circunstancia 2ª del tan citado artículo 118.1 de la Ley 30/1992. Y su admisión atentaría contra el principio de seguridad jurídica”. 

Por su parte, el Consejo de Estado ha señalado en varios dictámenes (sirva de ejemplo el Dictamen 2.695/2001, de 18 de octubre de 2001) que la expresión “que aparezcan documentos” debe entenderse en el sentido de que el interesado no pudo aportarlos en su momento por desconocer su existencia (o incluso cuando se acredite que fue imposible su aportación entonces), pero excluye aquellos otros supuestos en los que el recurrente en revisión aporta un documento cuya existencia razonablemente conocía y que pudo aportar antes de dictarse el acto recurrido en revisión. Admitir la posibilidad de aportar en cualquier momento por el interesado –y obligar consiguientemente a su aceptación por parte de la Administración– documentos producidos con posterioridad al acto impugnado supondría dejar en manos del interesado la apertura del plazo para recurrir previsto en el artículo 118.2 de la Ley 30/1992, lo cual casa mal con el carácter extraordinario del recurso de revisión”. 

(Dictamen 207/2005, de 17 de marzo, 910/2006, de 19 de octubre, 341/2007, de 10 de mayo, 234/2008, de 30 de abril, 1.082/2009, de 12 de noviembre, 800/2011, de 7 de julio, 149/2015, de 29 de abril, y 155/2015, de 7 de mayo).