(…) el acto que se pretende declarar nulo de pleno derecho es un contrato privado. 

Sucintamente nos referiremos al contrato suscrito el 19 de abril de 2000 (…). La normativa vigente en el momento de su firma se hallaba en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, con las modificaciones que en ésta introdujo la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que ya definía como contratos privados de la Administración, en su artículo 5.3, los de arrendamiento (..). El artículo 9.1 de dicha Ley ya indicaba respecto de los contratos privados –como actualmente hace su correlativo del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio– que “se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas administrativas específicas, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, y en cuanto a sus efectos y extinción, por las normas de derecho privado”. 

Dicha regulación refleja la denominada doctrina de los “actos separables”. La jurisprudencia se ha referido en numerosas ocasiones a su alcance, pudiendo citar la Sentencia de 23 de enero de 1987, que indica: 

“Incluso cuando el resultado final de una actuación administrativa sea un contrato de Derecho privado, la formación de la voluntad de la Administración está sometida a normas de naturaleza jurídico-administrativa: el interés público, siempre presente en toda actuación de la Administración, exige que ésta observe en todo caso las reglas sobre competencia y procedimiento. Ha surgido así la doctrina de los actos separables que implica: 

»I.- Que aunque la voluntad administrativa desemboque en la perfección de un contrato privado, su preparación y adjudicación está sometida al Derecho Administrativo. 

»II.- Que, por consecuencia, corresponde a la Jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con dichos actos preparatorios y de adjudicación. 

»Todos los contratos, pues, celebrados por la Administración, tanto administrativos como privados, están sometidos en cuanto a la competencia y procedimiento, a unas reglas comunes –las del Derecho Administrativo–, con comunidad también de Jurisdicción –la contencioso-administrativa–”. 

Pero lo que aquí interesa determinar es si el Ayuntamiento puede arbitrar un expediente de revisión de oficio para declarar la nulidad de pleno derecho de dicho contrato, al considerar que el órgano que lo suscribe es manifiestamente incompetente por razón de la materia. 

El Dictamen del Consejo de Estado 3.412/1999, de 9 de marzo de 2000, es trasladable al caso que nos ocupa, por la analogía del supuesto que en él se presenta. Su tenor literal es como sigue: 

“Se plantea en la presente consulta la revisión de oficio que el Ayuntamiento de Avilés pretende hacer del contrato celebrado el día 31 de mayo con (…). Ello no es posible porque, en primer lugar, la revisión de oficio supone el ejercicio de una potestad administrativa para la revocación de actos administrativos, no de contratos. Cabe pretender la nulidad del acto administrativo de adjudicación del contrato, lo que podrá tener efectos sobre dicho contrato, pero no es posible instar en vía administrativa directamente y como tal la nulidad del contrato. 

»En efecto, puede apreciarse la concurrencia de causas de Derecho Administrativo que vicien de nulidad la actuación previa a la formalización del contrato. Siendo así vendrán referidas a un acto concreto, y no al contrato. Tales podrían ser las de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, (…). Es necesario identificar, por lo tanto, correctamente y con precisión cuál sea el acto a anular. 

»En efecto, se afirma de un lado que el contrato estaría viciado porque lo habría suscrito el Teniente de Alcalde, y no el Alcalde, careciendo aquél de competencia para hacerlo. Ese posible vicio habría que referirlo a un acto en concreto para que tuviera trascendencia, que es el de adjudicación del contrato. Como consta documentado, ese acto no llegó a existir. Por ello ni el procedimiento de revisión de oficio está correctamente planteado por esta causa ni sería posible sustanciarlo por la misma”. 

Y concluye manifestando que “no está correctamente tramitado el presente expediente de revisión de oficio, porque no aparece acto administrativo respecto del cual ejercer la potestad de la revisión de oficio”. 

Trasladando las anteriores manifestaciones al presente caso, es preciso concluir que no cabe revisar de oficio el contrato suscrito el 19 de abril de 2002, dado que no consta la existencia de acto administrativo contra el que el Ayuntamiento pueda dirigir su pretensión, lo que motiva que el expediente de revisión de oficio instado por el Ayuntamiento no esté correctamente tramitado. 

Así, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 1 de febrero de 1999 (Sala de lo Contencioso-Administrativo), manifiesta, en relación con los requisitos sobre la formación de la voluntad administrativa y el procedimiento de adjudicación en un contrato de compraventa, que “son materias, en cualquier caso, administrativas; y de apreciarse la vulneración que sobre ellas sostiene la parte recurrente habría de declararse la nulidad de las actuaciones administrativas que preceden al otorgamiento del contrato”. Por todo lo expuesto, sí podría haberse pretendido, en el caso examinado, la revisión de oficio de un acto administrativo, como podría ser el de adjudicación del contrato o cualquier otro que determinase la formación de la voluntad del órgano administrativo, pero no el propio contrato privado. 

(Dictámenes 1093/2005, de 19 de enero de 2006, 374/2006, de 4 de mayo y 282/2016, de 28 de julio)