El artículo 102.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, señala que “Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo”. 

Existen numerosos expedientes en los que el órgano instructor no hace uso de la facultad de ampliación de plazos, reconocida en el artículo 49, ni de suspensión expresa de aquéllos prevista en el artículo 42.5.c), ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre –lo que es aconsejable a fin de evitar la caducidad del procedimiento–, y tampoco la autoridad consultante hace uso de la posibilidad que otorga el artículo 53.4 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Castilla y León (artículo 52.1 del vigente Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo) de efectuar la solicitud de dictamen considerando urgente su emisión. 

Por todo ello, este Consejo Consultivo considera, en aplicación de lo dispuesto en el referido artículo 102.5, que procede declarar la caducidad del procedimiento de revisión de oficio a que se refiere la presente consulta; todo ello sin perjuicio de que la Administración consultante pueda, en su caso, acordar nuevamente la incoación del procedimiento, al considerar que no existe limitación temporal para declarar la nulidad de pleno derecho (cuestión que no se prejuzga ahora), pudiendo también acordar, a estos efectos, la conservación de los actos y trámites practicados en el procedimiento en lo que resulte procedente. 

((Dictámenes 266/2004, de 3 de junio, 531/2005, de 7 de julio, 457/2006, de 24 de mayo, 15/2007, de 15 de febrero, 643/2008, de 4 de septiembre, 257/2009, de 11 de marzo de 2010, 602/2010, de 24 de junio, 1.110/2011, de 27 de septiembre, 92/2012, de 29 de febrero, 658/2013, de 25 de septiembre, 421/2014, de 25 de septiembre, 20/2015, de 5 de febrero, 202/2016, de 9 de junio, 310/2016, de 4 de agosto, y 512/2016, de 12 de enero de 2017).

Es criterio de este Consejo Consultivo que la solicitud de dictamen, por sí misma, no produce efectos suspensivos del plazo máximo para resolver y notificar la resolución de un procedimiento, sino que es preciso que dicha suspensión sea acordada de forma expresa y notificada a los interesados. 

(Dictamen 92/2012, de 29 de febrero) 

La caducidad supone una forma anormal o extraordinaria de terminación de un procedimiento administrativo; máxime si tenemos en cuenta que en el presente caso es la propia Administración Pública la que ha iniciado de oficio el procedimiento. 

En estos casos lo que caduca por la ausencia de respuesta por parte de la Administración es el procedimiento, con lo que, y ante el carácter imprescriptible de la nulidad radical o absoluta, sería posible iniciar un nuevo procedimiento de revisión de oficio. 

Hay que recordar que, si bien es cierto que los actos nulos −por ser precisamente nulos− lo son desde el momento en que se dictaron (por sus efectos ex tunc), también es cierto que producen una apariencia en el orbe jurídico que, por la inseguridad que conllevan, deberían destruirse. La revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho entraña una cuestión de interés general y la falta de respuesta de la Administración en el plazo fugaz de tres meses no debería impedir la consecución del procedimiento para dejar sin efecto estos actos, siempre dentro de los límites establecidos en el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

(Dictámenes 266/2004, de 3 de junio, 1.114/2005, de 19 de enero de 2006, 1.236/2006, de 25 de enero de 2007, 299/2007, de 26 de abril, 842/2008, de 23 de octubre, 257/2009, de 11 de marzo de 2010, 870/2010, de 2 de septiembre, 379/2011, de 14 de abril, 918/2012, de 17 de enero de 2013, 421/2014, de 25 de septiembre, y 422/2016, de 24 de octubre)