Existen supuestos en los que se plantea la revisión de un acto que ha puesto fin a la vía administrativa pero que no ha ganado firmeza en dicha vía, al haberse interpuesto frente a él un recurso de reposición en plazo (ex artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que reproduce el contenido del derogado artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre). 

Tal y como se deriva del artículo 112.1, párrafo primero de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (en igual sentido, el artículo 107.1, párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), si el recurso de reposición se ha fundado en uno de los motivos de nulidad previstos en el artículo 47 de dicha ley, sin que se haya resuelto, lo que procede es que la Administración resuelva dicho recurso. En caso de dictar resolución estimatoria, al haberse fundado el recurso en la concurrencia de una causa de nulidad en el acto recurrido, la estimación conllevará automáticamente la anulación de dicho acto, sin que sea preciso tramitar un procedimiento de revisión de oficio para declarar su nulidad. 

La estimación de un recurso administrativo supone que la propia Administración admite la concurrencia en el acto recurrido de la causa de nulidad o anulabilidad invocada y, por tanto, anula dicho acto con las consecuencias que de ello se deriven. No obstante, debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 119.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que establece que “Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido (…)” (En igual sentido se pronunciaba el artículo 113.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre). 

En definitiva, no procederá tramitar un procedimiento de revisión de oficio cuando frente al acto que pretende declararse nulo se haya interpuesto un recurso de reposición que no se haya resuelto, ya que la pendencia del recurso de reposición hace innecesaria la revisión de oficio pretendida. En supuestos, la circunstancia concurrente, por sí sola, determina la improcedencia del dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, como así se puso de manifiesto en el Dictamen 146/2016, de 5 de mayo. 

(Memoria del Consejo Consultivo del año 2016)