El artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), tiene como objeto facilitar la depuración de los vicios de nulidad radical o absoluta de que adolecen los actos administrativos, con el inequívoco propósito de evitar que por el transcurso de los breves plazos de impugnación de aquéllos derive en su consolidación definitiva. Se persigue, pues, mediante este cauce procedimental, ampliar las posibilidades impugnatorias, evitando que una situación afectada por una causa de nulidad de pleno derecho quede perpetuada en el tiempo y produzca efectos jurídicos pese a adolecer de un vicio de tan relevante trascendencia. 

Sin embargo, esta acción de nulidad no está concebida para canalizar cualquier infracción del ordenamiento jurídico que pueda imputarse a un acto administrativo, sino sólo aquellas que constituyan un supuesto de nulidad plena, previsto en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992 (Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de septiembre de 2002) (actualmente en las causas de nulidad se contemplan en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).

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(Dictámenes 686/2004, de 25 de noviembre, 845/2005, de 13 de octubre, 374/2006, de 4 de mayo, 282/2007, de 26 de abril, 530/2008, de 10 de julio, 437/2009, de 4 de junio, 1.540/2011, de 12 de enero de 2012, 865/2013, de 14 de enero de 2014, 128/2014, de 3 de abril, 247/2015, de 7 de julio, 155/2016, de 5 de mayo, 509/2017, de 29 de noviembre y 10072018, de 21 de marzo)