De acuerdo con los preceptos antes citados (artículo 27.3 de la Ley de Hacienda, y artículo 7.3 de la Ley 6/2003, de 3 de abril), la Junta de Castilla y León es la competente para autorizar la transacción judicial o extrajudicial. Esta competencia no es un mero requisito de eficacia, sino de validez, y no es susceptible de delegación (Dictámenes del Consejo de Estado nº 44.865, de 23 de diciembre de 1982; 45.164-A, de 28 de abril de 1983; y 45.719, de 8 de marzo de 1984).

Dicha autorización debe revestir la forma de Acuerdo, al tratarse de una resolución administrativa de la Junta de Castilla y León (artículo 70.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León). 

En cuanto al procedimiento, el Consejo de Estado ha señalado que no existe en la legislación administrativa un procedimiento formal completo para transigir, ni un sistema de reglas de fondo que hayan de tenerse obligatoriamente presentes (Dictamen 42.868, de 23 de diciembre de 1980). Y el Consejo Consultivo de La Rioja, en su Dictamen 8/96, señaló que en materia de procedimiento no son exigibles otras reglas que las derivadas de algunos de los principios generales del procedimiento administrativo común que se concretan en la simplicidad y eficacia del procedimiento (trasunto de los de economía procesal y contradicción) al objeto de alcanzar la voluntad de transigir entre las partes, sin perjuicio de la salvaguarda del interés público, fin inherente a la actividad de la Administración Pública. 

En nuestra Comunidad, como ya se ha expuesto, los preceptos que se ocupan de la transacción (artículo 27.3 de la Ley de Hacienda y artículo 20 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad) no regulan un procedimiento específico para conceder la autorización, sino que se limitan a establecer unos requisitos formales mínimos: dictamen del Consejo Consultivo y Acuerdo de la Junta de Castilla y León. 

No obstante, no cabe olvidar que la transacción está sujeta a una serie de límites (materias no susceptibles de transacción, prohibición de contravenir el interés público, etc.). 

En el caso analizado, la documentación aportada al expediente (informe de la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial, escrito del Ministerio Fiscal, así como la propuesta de Acuerdo) delimita con precisión los términos de la transacción propuesta, la conveniencia de la misma, la salvaguarda del interés público y su adecuación al ordenamiento jurídico.