El artículo 75.4 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local dispone expresamente que “los Ayuntamientos y Juntas Vecinales que, de acuerdo con normas consuetudinarias u ordenanzas locales tradicionalmente observadas, viniesen ordenando el disfrute y aprovechamiento de bienes comunales, mediante concesiones periódicas de suertes o cortas de madera a los vecinos, podrán exigir a éstos, como condición previa para participar en los aprovechamientos forestales indicados, determinadas condiciones de vinculación y arraigo o de permanencia, según costumbre local, siempre que tales condiciones y la cuantía máxima de las suertes o lotes sean fijadas en ordenanzas especiales, aprobadas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquélla, si existiere, o, en otro caso, del Consejo de Estado”. 

El objeto de la presente consulta es, en efecto, una ordenanza especial que, de acuerdo con el precepto transcrito, pretende establecer determinadas condiciones de vinculación, arraigo y permanencia para el aprovechamiento de bienes comunales que ha venido observándose consuetudinariamente en las entidades locales menores, respetando con ello las condiciones legales y siendo los criterios ajustados a “la necesidad de preservar los aprovechamientos en algunas poblaciones a las personas que real y efectivamente residen en el término municipal con voluntad de permanencia estable y arraigo, evitándose así situaciones de vecindades ficticias que no responden a una auténtica y verdadera integración en la comunidad” (tal y como establece la Sentencia del Tribunal Constitucional 308/1994, de 21 de noviembre). 

(Dictámenes 473/2006, 474/2006, 475/2006, de 1 de junio, 183/2008, de 22 de abril, 204/2009, de 1 de abril, 438/2009, de 18 de junio, 1.454/2009, de 11 de febrero de 2010, 175/2011, de 31 de marzo, 2/2012, de 2 de febrero, 64/2014, de 20 de marzo)

La ordenanza especial persigue la regulación de los aprovechamientos de determinados bienes comunales con una doble finalidad: por una parte, recoger los derechos que tradicionalmente se venían reconociendo a los vecinos, y, por otra, velar por la ordenación racional de los recursos, su conservación y la viabilidad de las explotaciones ganaderas. 

El carácter comunal de los bienes objeto de ordenación, la preexistencia de normas consuetudinarias que venían disciplinando su aprovechamiento en favor de los vecinos y la necesidad de la nueva ordenación son puestos de manifiesto en el texto de la norma aprobado inicialmente por la Junta Vecinal y sometido a información pública, de modo que, al no haberse suscitado controversia respecto de dichas circunstancias, reconocidas y avaladas por la Administración Autonómica, no se aprecia objeción alguna para la procedencia de la tramitación y aprobación de la norma proyectada, al concurrir los presupuestos para regular su aprovechamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido señalado y en el artículo 94 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. 

(Dictámenes 438/2009, de 18 de junio, 1.454/2009, de 11 de febrero de 2010, y 2/2012, de 2 de febrero)

El arraigo parece circunscrito sustancialmente por la ordenanza a la idea de permanencia y cumplimiento de las obligaciones, pero hay que valorar su exigencia con la idea de “que toda circunstancia limitativa del derecho ha de ser interpretada, como así lo ha declarado el Tribunal Supremo en la Sentencia de 23 de enero de 1996, restrictivamente, ya que contempla un supuesto excluyente de un derecho por una circunstancia específica y excepcional” (Dictamen 337/2005, del Consejo Consultivo de Castilla y León). 

Así, al amparo de estos principios, el concepto de residencia habitual (complementado con el criterio de empadronamiento que se exige para poder ser beneficiario de tales aprovechamientos) no sólo comprende la residencia efectiva y el animus manendi (o de permanencia en un lugar), esto es, no sólo la constatación fáctica de la integración en la comunidad, sino también el ánimo de integración en el pueblo. Por tanto, el concepto legal indeterminado de residencia habitual se refiere tanto a la permanencia en la localidad desde el punto de vista temporal, como desde una perspectiva de realidad y efectividad. No basta pues para acceder al disfrute del aprovechamiento comunal la simple condición formal de vecino, como puede ser la inscripción en el padrón municipal, sino que es preciso, además, que exista una residencia o relación de vecindad efectiva; esto es, un arraigo estable, real y verdadero en la localidad que, en determinadas ocasiones, puede aún restringirse con la imposición de otras exigencias (Sentencia del Tribunal Constitucional 308/1994, de 21 de noviembre). 

(Dictámenes 183/2008, de 22 de abril, 175/2011, de 31 de marzo, 64/2014, de 20 de marzo)

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