Partiendo de ese presupuesto, la norma legal determina que sea el Reglamento Orgánico el que puede determinar la forma de ejercicio de dichos derechos, si bien es cierto que, dado su carácter de instrumento normativo de rango inferior y dada por otro lado la reserva de ley consagrada en el artículo 23.2 de la Constitución, la aprobación, en su caso, de un Reglamento Orgánico por el Ayuntamiento de XXXX regulando su ejercicio, difícilmente podrá cercenar en modo alguno los derechos políticos de participación del concejal en el gobierno municipal. Ostentará a esos efectos al menos, como manda el precepto legal, los mismos derechos políticos que tuviese previamente, en igualdad con los concejales que sigan perteneciendo a su grupo de procedencia, porque de no ser así, como hemos señalado, además de limitarse su derecho a la participación consagrado constitucionalmente, se estaría produciendo una discriminación contraria al artículo 14 de la Constitución. Es decir, podría originar una discriminación del corporativo no adscrito respecto del resto, que no se justifica en ningún modo por la sola circunstancia de que éstos permanezcan en la formación electoral para la que fueron elegidos y aquellos no. Sin olvidar, finalmente, ese derecho a la información que posee el concejal sobre todos los asuntos que se pueden suscitar en dichas Comisiones, que en numerosas ocasiones se debatirán posteriormente en el Pleno, por lo que difícilmente se podría articular otra medida de reconocimiento a esos derechos que no fuese la de permitir su presencia en esas Comisiones. 

Un proceder contrario a lo manifestado en el presente dictamen por parte del Pleno del Ayuntamiento podría considerarse como una vulneración del principio de igualdad, consagrado por el artículo 14 de la Constitución, pues el trato diferente, en relación con el resto de los miembros de la Corporación, que se le puede dispensar al concejal no adscrito en el caso de cercenarse su participación en las Comisiones Informativas, permitiría apreciar la existencia de una discriminación ideológica (en razón de la opinión que profesa y de su voluntad de desvincularse del grupo político de procedencia), prohibida por dicho precepto. 

Es preciso poner de relieve, finalmente, que las consideraciones anteriores han sido realizadas por este Consejo Consultivo mediante una interpretación integradora de la legislación y de la doctrina constitucional existente hasta el momento, teniendo en cuenta lo novedoso de la regulación de la figura del concejal no adscrito y la falta de previsión respecto de los efectos que se derivan de tal situación. 

(Dictamen 730/2004, de 17 de febrero de 2005)