En relación con el procedimiento, este Consejo comparte el criterio sustentado en el fundamento de derecho primero de la propuesta de resolución, en el sentido de que, a falta de un procedimiento específico para la resolución de conflictos sobre límites territoriales entre entidades locales menores –el deslinde es uno de ellos−, debe acudirse por analogía a la normativa sobre deslinde jurisdiccional de términos municipales. Ésta, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aparece configurada en la actualidad por el Título III –compuesto de un único artículo, el 19− de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, el artículo 10 del texto refundido de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y los artículos 17 a 24 del Reglamento de la Población y Demarcación Territorial, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio. La competencia para resolver el procedimiento corresponde a la Junta de Castilla y León. 

(Dictámenes 195/2004, de 3 de junio, y 540/2007, de 5 de julio) 


En la tramitación y resolución de un procedimiento de deslinde han de ser objeto de consideración las alegaciones de las Corporaciones locales afectadas, deben ser contrastadas con los antecedentes –lejanos o próximos– y tienen que ser sometidas a las criterios técnicos (para lo que está prescrita la intervención del Instituto Geográfico Nacional) y a los criterios jurídicos (por lo que es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma), de modo que se fundamente consistentemente el pronunciamiento declarativo que finalmente se produzca. 

(Dictámenes 156/2006, de 2 de marzo, 614/2007, de 26 de junio, 496/2008, de 3 de julio, 936/2008, de 11 de diciembre, 1.190/2009, de 26 de noviembre, 1.553/2010, de 27 de enero de 2011, 193/2011, de 31 de marzo, 56/2012, de 23 de febrero, 855/2013, de 16 de enero de 2014, 323/2014, de 24 de julio, 200/2017, de 1 de junio y 355/2017, de 25 de agosto) 


En relación con la función consultiva en los expedientes de deslinde, el Consejo de Estado ha señalado (Dictámenes 1.625/1993, de 3 de febrero de 1994, y 3/2000, de 24 de febrero, entre otros) que “La naturaleza misma de la operación pone en evidencia la importancia del juicio técnico y, desde la realidad de esta apreciación fáctica o técnica, la función del Consejo de Estado se proyecta más en el campo de las garantías que en el de las estimaciones técnicas, una vez apreciadas la regularidad, justificación y coherencia de las apreciaciones de los técnicos, a la luz de las divergencias entre los Municipios, plasmadas o resultantes de la confrontación crítica reflejada en las actas de las Comisiones de los Ayuntamientos en discordia (…)”. 

(Dictámenes 156/2006, de 2 de marzo, 540/2007, de 5 de julio, 614/2007, de 26 de junio, 496/2008, de 3 de julio, 1.190/2009, de 26 de noviembre, 1.553/2010, de 27 de enero de 2011, 193/2011, de 31 de marzo, 56/2012, de 23 de febrero, 855/2013, de 16 de enero de 2014, 323/2014, de 24 de julio, 200/2017, de 1 de junio y 355/2017, de 25 de agosto)