Este Consejo Consultivo (por todos, Dictámenes 142/2019, de 4 de abril, y 237/2012, de 11 de abril) ha tenido ocasión de pronunciarse sobre si el rango de la norma proyectada (orden) tiene incidencia en la necesidad de mantener o no la preceptividad del dictamen y ha entendido justificada su preceptividad en los siguientes términos: 

“Esta cuestión ya ha sido resuelta por el Consejo Consultivo en sus dictámenes 183/2004 y 657/2004, en los que se indica que la necesidad del dictamen queda plenamente justificada al estar ante un reglamento de los llamados `ejecutivos´, siendo indiferente, a tal efecto, que la disposición proyectada revista la forma de orden, pues es su condición de norma reglamentaria y su contenido los que determinan la necesidad de solicitar el dictamen, con independencia del rango jerárquico que le corresponda. 

»En este sentido, la jurisprudencia considera que las órdenes pueden tener tal naturaleza, en tanto constituyan auténticas normas jurídicas que se integren en el ordenamiento jurídico con vocación de permanencia y en cuanto no sean objeto de derogación específica, al ser dictadas en ejecución de una ley. La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2000, relativa a la Orden de 23 de junio de 1989, dictada en ejecución de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, establece que la falta de dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado (artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980) determina su nulidad de pleno derecho, según reiterada jurisprudencia (Sentencias de la Sala Especial de Revisión del Tribunal Supremo de 16 de junio de 1989 y de la Sala Tercera de 7 de febrero y 27 de diciembre de 1989, 25 de julio y 18 de diciembre de 1990, 25 de octubre y 23 de diciembre de 1991). 

»Además, debe recordarse lo mantenido por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 21 de julio de 2000 y 12 de febrero de 2001, en las que declara que los llamados `reglamentos ejecutivos´, a los efectos de la necesidad de dictamen del Consejo de Estado (en el presente caso del Consejo Consultivo de Castilla y León) no se circunscriben exclusivamente a las normas reglamentarias con rango de real decreto (decreto en el ámbito de la Comunidad Autónoma), sino que se extienden a cualesquiera normas de rango inferior a la ley que se dicten en ejecución o desarrollo inmediato y directo de esta última”. 

(Dictamen 230/2019, de 10 de junio, y en el mismo sentido, dictámenes 237/2012, de 11 de abril, 52/2015, de 12 de febrero, 243/2015, de 7 de julio, o 142/2019, de 4 de abril)