La modificación del artículo 76.2 [de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León] se refiere a la tramitación de las disposiciones que no son fruto de la potestad reglamentaria originaria que corresponde a la Junta de Castilla y León conforme al Estatuto de Autonomía, sino, en el supuesto más habitual, de la potestad derivada que se reconoce a los Consejeros. Tal potestad es generalmente autoorganizativa o doméstica, limitada a las materias propias de su departamento, lo que no descarta su potestad reglamentaria ad extra, cuando la ley que llama al reglamento no se dirige específicamente al Gobierno. 

Esta diferenciación encuentra ahora una mención expresa en el artículo 129.4 de la LPAC, que admite que los Consejeros puedan dictar reglamentos ejecutivos con el doble condicionante de su excepcionalidad y previa justificación de ello en la ley habilitante, circunstancias en las que convendría hacer hincapié en la reforma que acomete el anteproyecto en aras de la garantía del principio de seguridad jurídica al que se ordena la disposición del artículo 129.4 de la LPAC (“Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante”)2

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 76.2 debe diferenciarse entre los reglamentos independientes y los ejecutivos de los Consejeros desde la óptica de la tramitación necesaria para cada una de las tipologías, que se deberá describir con mayor claridad y detalle, recordando que, como señala la Sentencia nº 509/2016, de 1 de abril, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (rec. nº 1122/2014) que anuló la Orden EDU/519/2014, de 17 de junio, “si la existencia de reglamentos ejecutivos de rango inferior al real decreto (o decreto autonómico) es excepcional, (…) esa misma utilización excepcional justificará también exigir las demás garantías procesales que les son exigibles a los reglamentos ejecutivos más ortodoxos”. 

(Dictamen 170/2017, de 26 de abril) 

Configurado el Consejo de Transportes como cauce de participación sectorial, el reglamento de desarrollo tendrá carácter ejecutivo y no meramente organizativo lo que, si bien no excluye su aprobación excepcional por orden, ello exigirá su sometimiento a la tramitación prevista para los reglamentos ejecutivos (entre otros, dictámenes de este Consejo 783/2012, de 29 de noviembre y 364/2017, de 7 de septiembre). 

(Dictamen 226/2018, de 14 de junio) 

Se considera innecesario el sometimiento del proyecto al trámite de participación ciudadana, ya que el artículo 16 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y participación ciudadana de Castilla y León, impone dicho trámite, a través del Portal de Gobierno Abierto, para los anteproyectos de ley, los proyectos de decreto, las estrategias, los planes y los programas, y habilita la posibilidad de someter a dicha participación “otros procesos de toma de decisiones que afecten al interés general de la Comunidad”; circunstancia que no concurre en este caso (proyecto de Orden por la que se crea el Patronato del Parque Natural “Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto”, Zamora). 

(Dictamen 230/2019, de 10 de junio)

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[2] La Sentencia del Tribunal Constitucional nº55/2018, de 24 de mayo, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos «o Consejo de Gobierno respectivo» y «o de las consejerías de Gobierno» del párrafo tercero del art. 129.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al considerar que el legislador estatal ordinario carece de competencia para distribuir poderes normativos entre las instituciones autonómicas y, en particular, para asignar, quitar, limitar o repartir la potestad reglamentaria en las Comunidades Autónomas, puesto que el art. 147.2 c) CE reserva las decisiones en torno a la titularidad de la potestad reglamentaria en las Comunidades Autónomas al Estatuto de Autonomía.