a) Dictamen 413/2007, de 7 de junio, relativo al proyecto de decreto por el que se regula el programa de acogimiento familiar a personas mayores en Castilla y León 

Este precepto recoge las condiciones que simultáneamente se deben dar para que la Administración de la Comunidad de Castilla y León pueda ejercitar acciones judiciales en los procesos penales por violencia contra las mujeres. 

El apartado c) se refiere a que se hayan ocasionado a la víctima lesiones graves o la muerte. Respecto de la muerte hay que tener en cuenta que el presente decreto se dicta en desarrollo de lo establecido en el artículo 10.5 de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en el que se dispone: “La Administración Autonómica se personará en los procedimientos penales sobre violencia contra las mujeres, siempre que las circunstancias lo aconsejen y la víctima lo solicite”. Para el ejercicio de acciones judiciales por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y así personarse en los procedimientos de violencia contra las mujeres, es preciso que la víctima lo solicite; por lo tanto, el decreto no puede regular aquello que la ley no le permite, quae non sunt permissae prohibita intelliguntur, y aunque en muchos casos la violencia de género tiene ese fatal desenlace, si la ley no prevé implícitamente el caso de muerte al referirse en el artículo 10.5 de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, a la solicitud de la víctima, sólo se debe prever la asistencia para el supuesto en que se hayan ocasionado lesiones a la víctima. Respecto de las lesiones ocasionadas a la víctima entendemos que no sólo se deben circunscribir a las lesiones graves, sino a cualquier lesión que traiga su causa en la violencia de género entendida ésta en los términos señalados en el comentario al preámbulo y al artículo 2. 

Análogamente debe interpretarse el contenido del apartado e), por lo que se reitera la misma observación cuando amplía la posibilidad de solicitar el ejercicio de acciones judiciales a familiares en los casos de muerte o imposibilidad de la víctima si ello le impide realizar la solicitud. 

No obstante, entendemos que sería plausible recoger en la Ley dicha posibilidad y la participación de la Comunidad en todos los casos de violencia de género, añadiendo que la Administración autonómica se personará en los procedimientos penales sobre violencia contra las mujeres, siempre que las circunstancias lo aconsejen y la víctima o sus familiares consanguíneos hasta el cuarto grado lo soliciten. Sin embargo, no podría incluirse en el presente decreto, por desbordar el ámbito contenido en el artículo 5 de la actual ley. 

Supuesto que en otras Comunidades Autónomas sí se ha recogido expresamente, como en la Comunidad Autónoma de Cantabria, Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, en cuyo artículo 18 regula la personación de la Comunidad Autónoma de Cantabria en juicio, en los siguientes términos: 

“La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la Dirección General del Servicio Jurídico, previa evaluación de los hechos por parte de la Consejería competente en materia de la mujer y a requerimiento expreso de ésta y, previo informe de viabilidad del Servicio Jurídico, ejercerá la acción popular en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal, en los procedimientos penales por violencia de género en toda su extensión, en que por las secuelas de la misma se produzca la muerte, lesiones graves o incapacitación definitiva de la víctima. La acción popular se ejercerá con el consentimiento de la familia y de la propia víctima”. 

b) Dictamen 703/2004, de 4 de mayo, relativo al proyecto de decreto por el que se regula el Reglamento de Fundaciones de Castilla y León. 

El análisis del contenido de este capítulo no puede dejar de abordar la cuestión de si el rango de decreto es adecuado para el mismo.

Es indudable que prácticamente todo el capítulo constituye lo que podríamos llamar el régimen jurídico general de las Fundaciones del sector público de Castilla y León. La cuestión radica en determinar si por norma reglamentaria puede regularse una materia de tales características. 

Es cierto que no hay una norma constitucional que expresamente señale una reserva de ley respecto a la materia que nos ocupa, es decir, la regulación del régimen jurídico de las fundaciones del sector público. Pero los criterios repetidamente utilizados por la doctrina más cualificada, para determinar las materias que deben regularse por ley, aplicados a la cuestión examinada, llevan a concluir que la misma exige norma de rango legal. 

Así, en primer lugar, se puede afirmar que la ley debe regular lo fundamental, los principios esenciales, el núcleo básico del ordenamiento, mientras que al reglamento le corresponde lo complementario o accesorio. En este sentido, la configuración del citado régimen jurídico, tal como se pretende en este proyecto de decreto, es una decisión esencial y básica, por motivos evidentes, por la trascendencia de fijar unas reglas generales, en materias fundamentales, a las que deberán sujetarse todas las fundaciones del sector público de Castilla y León. 

Otro criterio utilizado para deslindar el ámbito de las materias que están reservadas a la ley es que ésta ha de regular la libertad y la propiedad, la imposición de obligaciones y la definición de los derechos. La aplicación de esta regla al proyecto de decreto examinado lleva a concluir la exigencia de norma legal, en la medida que la regulación del repetido régimen jurídico supone un marco normativo que incide directamente, de forma esencial, en el modo de actuación de dichas fundaciones. 

Finalmente, puede resaltarse que el más destacado e inmediato antecedente normativo en la materia tiene rango legal, pues el concepto y régimen jurídico de las fundaciones del sector público estatal se regula en el capítulo XI de la Ley 50/2002. 

En definitiva, el Consejo Consultivo, por todo lo hasta aquí expuesto, considera que la regulación del régimen jurídico general de las Fundaciones del sector público de Castilla y León –concepto, fines y actividades, régimen presupuestario y económico financiero, personal y sistema de contratación– exige rango legal para su aprobación, siendo lo cierto que el decreto proyectado no tiene tal rango. 

El problema se centra, pues, en dilucidar si cabe deducir de la Ley 13/2002 una habilitación para regular a través de reglamento dicho régimen general. Este Consejo considera que no la hay. 

En primer lugar, cabe pensar que tal habilitación podría encontrarse en la disposición final primera de la mencionada Ley, según la cual “se autoriza a la Junta de Castilla y León para dictar cuantas normas reglamentarias sean precisas para el desarrollo y aplicación de la presente Ley”. Mas no parece que con base en este precepto pueda sustentarse la citada habilitación, pues con carácter general el desarrollo y aplicación de la Ley 13/2002 no hace precisa la regulación del régimen jurídico general de las Fundaciones del sector público de Castilla y León, ya que tal Ley puede desarrollarse y aplicarse sin que necesariamente se haya de definir el mismo, bien por estar ya prescrito, en parte, claramente en una ley –es el caso de su definición y régimen presupuestario, financiero y contable, en el artículo 17 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, en redacción dada por el artículo 18 de la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas–, o bien porque sin estar en algún aspecto regulado indudablemente por ley –es el caso del régimen de personal y de las reglas de contratación–, no es esta ausencia normativa impedimento alguno para el desarrollo y aplicación de la ley autonómica (respecto a esto último cabría incluso matizar que la normativa de la Unión Europea sobre contratación pública incidiría directamente en la materia, por el concepto de “poder adjudicador”; asimismo, no faltan opiniones que sostienen que en materia de personal las fundaciones del sector público no pueden escapar a los principios que rigen al respecto para toda Administración). 

Podría también intentarse encontrar la habilitación legal a que nos referimos en el artículo 6.2 de la Ley 13/2002 que, al regular la capacidad para fundar, establece: 

“El ejercicio de esta competencia por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, o entidades del sector público autonómico, deberá ser autorizado por la Junta de Castilla y León, que determinará las condiciones y limitaciones que deba cumplir la creación de la persona jurídica fundacional”. 

Sin embargo, tampoco parece que quepa encontrar aquí base legal en la que apoyar que por medio de un reglamento se regule el régimen de las Fundaciones del sector público de Castilla y León, pues el tenor literal de dicho precepto no parece que se esté refiriendo a un desarrollo reglamentario, sino más bien a la autorización concreta que debe conceder la Junta de Castilla y León cada vez que se quiera crear una fundación por la Administración de la Comunidad de Castilla y León o por entidades del sector público autonómico. 

Cabría, finalmente, intentar defender la existencia de habilitación legal, argumentando que la regulación por reglamento del repetido régimen de las Fundaciones del sector público de Castilla y León sería una suerte de autorización con carácter universal, en la que se determinaría la condición o limitación general de que toda persona jurídica fundacional que se pretenda crear por las entidades señaladas habría de someterse al citado régimen jurídico. Pero esta interpretación choca con el sentido más evidente del repetido artículo 6.2, en el cual las condiciones y limitaciones tendrían el sentido de concretar en cada caso el régimen particular aplicable a cada fundación (ámbito de actuación, fines específicos, etc.). Además, no parece que en caso de duda se resolviera ésta a favor de una habilitación reglamentaria en materia de tal importancia (téngase en cuenta que la Ley 13/2002, cuando formula una habilitación reglamentaria lo hace, en general, con claridad, sin dar lugar a dudas; así, artículos 32.2 o 36.5; el 36.2 es menos claro, pero tampoco plantea problemas de interpretación). 

Por último, a mayor abundamiento, y sin perjuicio de todo lo expuesto, debe valorarse que la materia comentada es de gran importancia y con relevantes consecuencias en la actuación del sector público autonómico, siendo muy conveniente que se facilite su consideración por las Cortes de Castilla y León, representantes de la voluntad política de los ciudadanos de esta Comunidad. 

En consecuencia, por todas las razones dadas, deben suprimirse del texto los artículos 39, 41, 42 y 43, que son, a juicio de este Consejo, los afectados por la insuficiencia de rango señalada, que vicia tales preceptos de raíz, por no estar la Junta de Castilla y León autorizada por la ley para regular tal materia mediante reglamento; siendo, a este respecto, indiferente que el contenido de dichos artículos se acomode o no a aquélla, pues lo decisivo es la inhabilitación de la Administración para acometer por decreto tal regulación. (Además, por otro lado, en el artículo 43, el último inciso del apartado 2 es especialmente improcedente, en la medida que es difícil conciliarlo con los principios de la normativa sobre contratación pública contenida en las directivas comunitarias y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo). 

Esta observación tiene carácter sustantivo y deberá ser atendida para que resulte procedente el empleo de la fórmula “de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo”. 

c) Dictamen 226/2018, de 14 de junio, sobre el anteproyecto de ley de transporte de viajeros por carretera de Castilla y León 

El artículo 72 otorga rango legal a la creación del Consejo de Transportes de Castilla y León, lo que debe conllevar, para dotar de sentido a este nuevo tratamiento, que en la Ley se recojan las menciones mínimas del artículo 53.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, cuestión a la que el artículo 72 del anteproyecto no da cumplida respuesta, ni se salva con la previsión de la disposición transitoria primera del anteproyecto: “En tanto no se desarrolle por la consejería competente en materia de transportes la composición y funciones del Consejo de Transportes de Castilla y León, seguirá vigente el Decreto 90/2007, de 13 de septiembre, por el que se regula el Consejo de Transportes de Castilla y León y los Consejos Territoriales de Transportes, excepto sus artículos 6 y 7, que se derogan expresamente”.

 De este modo, la ley debe recoger las menciones de las letras c), d) y e) del artículo 53.1 de la citada Ley 3/2001, de 3 de julio (composición y los criterios para la designación de sus miembros o su titularidad, y del secretario, en todo caso; las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le atribuya; la dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento). 

En cualquier caso, la disposición transitoria primera transcrita vuelve a obviar el cauce natural del desarrollo legal a través de la potestad reglamentaria del Gobierno regional y asigna a la consejería competente en materia de transportes el desarrollo de la composición y funciones del Consejo de Transportes de Castilla y León, sin que conste la necesaria justificación al respecto. 

Estas observaciones tienen carácter sustantivo y deberán ser atendidas para que resulte procedente el empleo de la fórmula “de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo”. 

Además, configurado el Consejo de Transportes como cauce de participación sectorial, el reglamento de desarrollo tendrá carácter ejecutivo y no meramente organizativo lo que, si bien no excluye su aprobación excepcional por orden, ello exigirá su sometimiento a la tramitación prevista para los reglamentos ejecutivos (entre otros, dictámenes de este Consejo 783/2012, de 29 de noviembre y 364/2017, de 7 de septiembre). 

En cualquier caso, dicha orden difícilmente podría derogar el Decreto 90/2007, de 13 de septiembre, como parece pretender la disposición transitoria primera, por lo que su redacción debe armonizarse adecuadamente con la de la disposición derogatoria del anteproyecto, que solo deroga los artículos 6 y 7 del Decreto 90/2007, de 13 de septiembre, introduciendo en ambas disposiciones los cambios oportunos.