Una de las prácticas que merece una reiterada mención es el frecuente incumplimiento de los plazos establecidos en las disposiciones adicionales o finales de las leyes para su desarrollo reglamentario. En demasiadas ocasiones el Consejo Consultivo aprecia, cuando dictamina preceptivamente los proyectos de reglamentos ejecutivos dirigidos al desarrollo de una norma con rango de ley, que se han sobrepasado sobradamente los plazos previstos en ésta para completar la regulación de la materia a que se refieren. Esta forma de actuar implica un incumplimiento expreso de la ley en cuestión, que ve mitigada su eficacia y aplicación durante un tiempo mayor del previsto en la norma -en cuanto regulación inacabada de la realidad social que pretende normarse-, y supone un funcionamiento anormal de la Administración que pone en riesgo el principio de seguridad jurídica, previsto en el artículo 9.3 de la Constitución. 

Sin perjuicio del reproche que merece tal demora, en cuanto actuación contraria a la eficiencia con la que debe actuar la Administración, se considera que el transcurso del plazo legal no constituye un obstáculo insalvable para aprobar las normas reglamentarias proyectadas, tal y como ha sostenido este Consejo Consultivo acogiendo el criterio mantenido por el Consejo de Estado (por todos, dictámenes 1.454/2001, de 31 de mayo, 1.145/2008, de 24 de julio, o 403/2012, de 19 de abril). 

Se llama la atención sobre esta actuación con el objetivo de que, en lo sucesivo, se erradiquen estas prácticas dilatorias tan poco adecuadas a lo que debe ser el correcto funcionamiento de la Administración pública. 

(Memoria del Consejo Consultivo del año 2017)