Debe tenerse en cuenta que el reglamento, en cuanto norma jurídica de carácter general emanada de la Administración, tiene un valor subordinado a la ley a la que complementa; la potestad reglamentaria es, pues, un poder jurídico que participa en la elaboración del reglamento, de suerte que la norma reglamentaria queda integrada en el conjunto normativo creado por la ley; pero la potestad reglamentaria no es incondicionada, sino que está sometida a la Constitución Española y a las leyes (artículo 97 de la Constitución); por el sometimiento del reglamento al bloque de la legalidad, es controlable por la jurisdicción contencioso administrativa (artículos 1 de la Ley Jurisdiccional y 106.1º de la Constitución), a la que corresponde, cuando el reglamento sea objeto de impugnación, determinar su validez o ilegalidad (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Especial de Revisión, de 11 de junio de 1991), lo que, en otras palabras, implica que las normas reglamentarias no pueden contener preceptos contra legem o mandatos nuevos restrictivos de lo contemplado en el texto legal, si bien, tal como indicó la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1998, los reglamentos no tienen por qué limitarse a reproducir el texto de la Ley que desarrollan, sino que pueden adoptar elementos normativos nuevos, siempre que, se insiste, no sea contra legem. 

(Dictamen 602/2006, de 6 de julio)