El carácter preceptivo del dictamen del Consejo Consultivo opera sólo desde la perspectiva “interna” de los requisitos para la adopción del acuerdo por parte de la Junta de Castilla y León, pero carece de relevancia desde el punto de vista de la admisión a trámite del conflicto por parte del Tribunal Constitucional, en la medida en que la regulación del procedimiento ante el Tribunal Constitucional constituye una materia reservada a su específica Ley Orgánica (Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en adelante, LOTC) (artículo 165 de la Constitución). 

Así lo ha puesto de manifiesto el mismo Tribunal Constitucional en su Sentencia 192/2000, de 13 de julio, en la que, interpretando el artículo 22.6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, el Alto Tribunal señalaba: 

“Es importante señalar que el propio art. 22.6 LOCE, al prever que la consulta sea previa o por el contrario posterior a la interposición del recurso, permite que la impugnación se realice antes de haber el Gobierno de la Nación recibido la consulta, de modo que ésta puede ser evacuada durante la tramitación del recurso interpuesto. Ello es ya una muestra evidente de que no se trata de un requisito previo o sine qua non para la interposición de recursos constitucionales. Por lo demás, este Tribunal, a la hora de admitir o inadmitir los conflictos positivos de competencia, debe regirse únicamente por su propia Ley Orgánica (arts. 60 y ss.), que sólo prevé como requisito de admisibilidad stricto sensu el requerimiento previo que han de efectuar los órganos superiores de las Comunidades Autónomas que promuevan un conflicto (art. 63.1 LOTC) (…). 

»De manera que, contrariamente a otras circunstancias o trámites previos, la consulta al Consejo de Estado contemplada en la LOCE no afecta a la interposición misma del conflicto de competencia o del recurso de inconstitucionalidad desde el punto de vista de su admisibilidad procesal. Por ello, la existencia o no de la consulta o su recepción por el Gobierno de la Nación no vician, en lo que hace a la citada fase procesal, la decisión del Gobierno de la Nación de interponer el conflicto y solicitar su tramitación en la forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad”. 

Aunque el caso resuelto por el Tribunal en la sentencia transcrita se refería a un conflicto de competencia planteado por el Gobierno de la Nación sin la preceptiva consulta al Consejo de Estado, el criterio aplicado es plenamente trasladable, por la identidad de la situación planteada, a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por un Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma sin la preceptiva consulta a su respectivo Órgano Superior Consultivo autonómico. 

(Dictámenes 200/2005, de 15 de marzo, 868/2005, de 21 de septiembre, 1.038/2005, de 1 de diciembre, 703/2006, de 18 de julio, 947/2006, de 26 de octubre, 675/2007, de 26 de julio, 205/2008, de 30 de abril, 268/2010, de 15 de abril, 229/2011, de 16 de marzo)


Actualmente el artículo 22.6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado exige que, en los supuestos de impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional, la consulta al Consejo de Estado se realice con carácter previo a la interposición del recurso. 

Asimismo, la redacción actual del artículo 4.1.e) de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo, establece la consulta preceptiva al Consejo Consultivo en los supuestos de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia que vaya a interponer la Junta de Castilla y León y exige que la consulta se efectúe “con carácter previo a su interposición por la Junta de Castilla y León, sin que sea preciso esperar a la emisión del informe para acudir ante el Tribunal Constitucional”.