El artículo 82.1 de la Constitución reconoce la posibilidad de que las Cortes Generales deleguen en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, con sujeción a determinados requisitos. 

Se contempla así la figura denominada “delegación recepticia”, una de las modalidades de delegación legislativa, en cuya virtud la ley no sólo autoriza al reglamento para que regule materias que en principio le estarían vedadas, sino que, además, atribuye ab initio a esa regulación posterior el rango formal de ley (siempre que se cumplan los requisitos de la delegación). 

Por su parte, el artículo 25.3 del Estatuto de Autonomía prevé la posibilidad de que las Cortes de Castilla y León puedan delegar en la Junta la aprobación de decretos legislativos, delegación que se encuentra sujeta a los mismos requisitos y condiciones que operan en el ámbito estatal. 

Tales requisitos y condiciones, de acuerdo con las previsiones constitucionales (artículos 82 y siguientes), en particular por lo que se refiere al proyecto de texto refundido sometido a dictamen, pueden resumirse en el sentido de que la delegación: 

  1. Debe otorgarse de manera expresa, excluyéndose de antemano cualquier posibilidad de interpretar que se ha concedido implícitamente. 
  2. Sólo puede conferirse al gobierno, en este caso a la Junta de Castilla y León, quien, a su vez, tiene prohibida la subdelegación a una autoridad distinta. 
  3. Debe versar sobre una materia concreta, determinándose el ámbito normativo al que se refiere la delegación. D
  4. Debe fijar un plazo para su ejercicio, prohibiéndose de forma específica que se conceda por tiempo indeterminado. 
  5. Se agota por el uso que de ella haga la Junta de Castilla y León. 
  6. Puede revestir dos modalidades: una por la que se autoriza tan sólo la mera reformulación de un texto único, y otra por la que, además, se autoriza la regularización, aclaración y armonización de los textos legales que han de ser refundidos. 

La finalidad de los textos refundidos ha sido expuesta por el Consejo de Estado en numerosos dictámenes; sirva de ejemplo el Dictamen 906/2008, de 19 de junio, en el que, remitiéndose a su vez al Dictamen 1.736/2007, expone que “los reales decretos legislativos, en su modalidad de textos refundidos, tienen la finalidad de recoger en una sola norma un conjunto de disposiciones dispersas, con dos efectos distintos, a saber: uno derogatorio y otro, mantenedor o, en su caso, actualizador. El efecto derogatorio comporta que aquellas disposiciones cuyo contenido queda incorporado a la nueva norma quedan abrogadas como tales, pues su contenido queda incorporado al nuevo texto. 

El efecto conservador y, en su caso actualizador, se concreta en que las normas que son refundidas siguen formando parte plena del ordenamiento jurídico al quedar insertas en el nuevo texto. 

La Constitución permite en su artículo 82.5 que, si el legislador así lo dispone, el Gobierno pueda, no ya transcribir sin más las normas que deben refundirse, sino actualizar, aclarar y armonizar las mismas, esto es, depurarlas a fin de asegurar su coherencia, de suerte que el texto refundido final que se ofrezca resulte completo y sistemático”. 

Tal facultad, como ha señalado el Tribunal Constitucional (por ejemplo, Sentencia 13/1992, de 6 de febrero), permite “introducir normas adicionales y complementarias a las que son estrictamente objeto de refundición, siempre que sea necesario para colmar lagunas, precisar su sentido o, en fin, lograr la coherencia y sistemática del texto único refundido”. Ahora bien, el propio Tribunal también ha insistido en la ausencia de capacidad innovadora del texto refundido, advirtiendo que éste se limita a sustituir a las normas objeto de refundición, ocupando su lugar en el ordenamiento jurídico (Sentencia 194/2000, de 19 de julio). 

En el mismo sentido, el Consejo de Estado (Dictamen de 28 de octubre de 2004, expte. nº 2.515/2004) ha tenido la oportunidad de precisar que la referida facultad habilita para realizar “algunas alteraciones en el texto literal de los preceptos objeto de refundición, en la medida en que sea necesario para clarificar una redacción unitaria del texto legal unificado, si bien con el límite de no establecer nuevos preceptos jurídicos que no estén ya expresamente incluidos en los textos legales que se refunden. Se trata, como ha señalado en otras ocasiones este Consejo, de una labor técnica, que puede suponer una cierta tarea de interpretación e integración de posibles lagunas y antinomias, pero que ha de carecer de cualquier alcance innovador y que sólo se justifica en razón de la propia coherencia del texto normativo”. 

En cualquier caso, merece la pena recordar que, de acuerdo con lo previsto el artículo 1.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, corresponde a este orden jurisdiccional el control de los eventuales excesos de los decretos legislativos en relación con los límites de la delegación. 

Por último, ha de señalarse que el contenido de un texto refundido, en palabras del Consejo de Estado en su Dictamen 1.399/2001, de 14 de junio, debe ser legítimo, completo y fiel. 

Legítimo, porque recoja tan sólo disposiciones con fuerza de ley que estén vigentes, por no haber sido derogadas ni declaradas inconstitucionales. 

Completo, porque abarque toda la normativa legal vigente en la materia objeto de refundición. 

Finalmente, el contenido del texto refundido debe responder fielmente al tenor literal de las disposiciones que se refunden, sin perjuicio de ligeros retoques en algunos preceptos para adaptarse a la situación actual o al rigor conceptual, debiendo tenerse presente que la elaboración de un texto refundido, aunque se trate de lo que la Constitución llama “texto único”, no es una tarea puramente mecánica, sino que requiere a veces algún ajuste para mantener la unidad, corregir errores o rectificar términos. 

En definitiva, el decreto legislativo es, por expresa voluntad constitucional, una norma con fuerza de Ley y que goza de ella desde su publicación, pero sólo en aquello en lo que no se sobrepase el límite de la delegación; si se superase tal límite, o se regulase ex novo alguna materia, la norma quedaría reducida a un simple reglamento que, como tal, no puede oponerse a la ley y, por tanto, queda sometido al control de la potestad reglamentaria a través de las técnicas que para tal control se establecen en nuestro ordenamiento jurídico y que son ejercitables ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa (por todas, Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 9 de abril de 1997 y de 10 de febrero de 2000), como se ha recogido expresamente en el artículo 1.1, último inciso, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa: “Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta a Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos Legislativos cuando excedan los límites de la delegación”. 

Además, el efecto derogatorio de la nueva regulación está subordinado a la fidelidad de la refundición, como ponen de manifiesto las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 12 de marzo y 22 de enero de 2001, pues no puede entenderse la derogación cuando la tarea refundidora introduzca modificaciones que puedan implicar una limitación o supresión de derechos reconocidos por las normas objeto de la refundición, pues nos encontraríamos con una extralimitación de la delegación legislativa (ultra vires).

(Dictámenes 357/2006, de 27 de abril, 657/2008, de 28 de agosto, 383/2009, de 21 de mayo, 594/2013, de 29 de agosto, 47/2014, de 20 de febrero y 435/2015, de 11 de noviembre).