a.1) Impacto normativo de anteproyectos de Ley

En cuanto a la evaluación de impacto normativo regulada en el artículo 4 del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, la Memoria indica que “si bien tiene carácter potestativo, se entiende efectuada en el cuerpo de la presente memoria”. Tal referencia es errónea y debe corregirse a la vista del artículo 4.1 del citado Decreto, que somete “a la evaluación del impacto normativo los procedimientos de elaboración de las siguientes disposiciones: a) Anteproyectos de ley, salvo los anteproyectos de presupuestos generales de la Comunidad y de medidas financieras”. Por ello, deberá revisarse y completarse la Memoria con las determinaciones necesarias para dar cumplimiento a las previsiones sobre el contenido de la evaluación de impacto normativo del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, cuyo artículo 4.2 determina que “La evaluación del impacto normativo habrá de especificar detalladamente la forma en que se han seguido los principios de calidad normativa y, en particular, el efecto del cumplimiento de la futura norma en el resto de políticas públicas.

»A tal efecto, contendrá la información necesaria para estimar el impacto que esa disposición general tendrá sobre sus destinatarios. Por ello, deberá motivar su necesidad y oportunidad y la valoración de las diferentes alternativas existentes, tanto normativas como de cualquier otra naturaleza, para la consecución de los fines que persigue y sus consecuencias jurídicas y económicas, así como su incidencia desde el punto de vista presupuestario y de impacto de género. En todo caso, deberá cuantificar las cargas administrativas que la nueva norma, en su caso, genere a las empresas, utilizando metodologías de referencia.

»Además de la información sobre las consultas realizadas a los agentes afectados, podrá incluir cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los impactos sociales, medioambientales y al impacto de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.

»La evaluación de impacto normativo será única, comprendiendo todas las evaluaciones que la legislación sectorial prevea y se incluirá en la memoria, formando parte del expediente de tramitación de la norma”.

De este modo, en la Memoria debe subsanarse la falta de evaluación de impacto normativo en los aspectos referidos a la especificación detallada de la forma en que se han seguido los principios de calidad normativa y, en particular, el efecto del cumplimiento de la futura norma en el resto de políticas públicas, así como a la valoración de las diferentes alternativas existentes, tanto normativas como de cualquier otra naturaleza, para la consecución de los fines que persigue la norma.

(Dictamen 265/2018, de 11 de julio y, en sentido similar, dictamen 505/2016, de 29 de diciembre)

Se ha aplicado en el procedimiento la excepción genérica del artículo 4.1.a) del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que excluye de la evaluación de impacto normativo los anteproyectos de ley de medidas financieras. A este respecto, con carácter general conviene recordar que, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha admitido la validez del contenido heterogéneo de las denominadas leyes de medidas, también lo es que cuando el alcance de la modificación excede de medidas puntuales, como contenido característico de este tipo de leyes, tales modificaciones no deberían incluirse en las leyes de medidas sino en leyes distintas, con el fin de respetar los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la LPAC, entre los que se encuentra el principio de transparencia, y la necesidad de evaluación de impacto normativo (…).

(Dictamen 441/2017, de 10 de octubre)


a.2) Impacto normativo de disposiciones administrativas de carácter general

Por otra parte, se considera que en la tramitación del proyecto hubiera resultado más que conveniente la intervención del Consejo Económico y Social, por la especial trascendencia que la formación profesional proyecta sobre la realidad socioeconómica, por cuanto la mejora de la formación profesional ha de repercutir en la mejora de las oportunidades laborales y, en definitiva, en el crecimiento de la riqueza, tanto regional como nacional. La intervención del CES incide además sobre la tramitación a observar en el proyecto, en la medida en que a ella se vincula la preceptividad de la evaluación de impacto normativo por el artículo 4.1.b) del Decreto 43/2010, cuando dispone que “(…) estarán sometidos a la evaluación del impacto normativo los procedimientos de elaboración de las siguientes disposiciones: los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general que deban ser aprobados por la Junta de Castilla y León relacionados con la política socioeconómica y que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) de la Ley 13/1990, de 28 de noviembre, del Consejo Económico y Social, deban ser sometidos preceptivamente a informe previo de este Órgano”.

(Dictamen 212/2014, de 29 de mayo)