Debe reiterarse la importancia del contenido de la memoria justificativa del proyecto normativo, documento que, según el artículo 75.3 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, “en su redacción final, deberá contener el marco normativo en el que pretende incorporarse, la motivación sobre su necesidad y oportunidad, un estudio económico con referencia al coste al que dará lugar, en su caso, así como a su financiación, un resumen de las principales aportaciones recibidas durante la tramitación y cualquier otro aspecto que exija una norma con rango de ley o que se determine reglamentariamente”.

Uno de estos aspectos es el relativo a la necesidad de realizar un análisis de los impactos normativo, administrativo, de género, sobre la infancia, la adolescencia y la familia y sobre la discapacidad.

El Consejo Consultivo observa que el análisis de estos impactos adolece de cierta generalidad en muchos procedimientos de elaboración normativa, en la medida que constata que los informes parecen responder a modelos previos que no realizan un concreto examen entre el contenido del proyecto normativo y los impactos a valorar.

Sobre esta cuestión, este Consejo, en su Dictamen 156/2010, de 18 de marzo (aunque se hacía referencia al informe de evaluación del impacto de género, la observación es plenamente aplicable al resto de informe sobre impacto), ya advertía que dicho informe “no debe convertirse en un mero trámite que se despache con un informe tipo, vacuo y vano que no aporte valoración alguna”, sino que debe realizar un análisis riguroso de todos los aspectos y circunstancias que permitan valorar la incidencia que la futura norma tendrá, o podrá tener, en los ámbitos (normativo y administrativo) o colectivos (género, infancia, adolescencia, familia y discapacidad) a que se refieren.

Finalmente, debe recordarse la necesidad de incorporar en la memoria del proyecto normativo un análisis de la contribución de la norma a la sostenibilidad y a la lucha/adaptación contra el cambio climático, tal y como se exige en el Anexo II del Acuerdo 64/2016, de 13 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban medidas en materia de desarrollo sostenible en la Comunidad de Castilla y León, dentro del objetivo de “Integrar la sostenibilidad y el cambio climático en los procesos de toma de decisiones”.

(Memoria del Consejo Consultivo del año 2018)

En relación con los impactos, llama la atención que se indique que no existe en la infancia y la adolescencia, cuando esas etapas coinciden precisamente con la edad escolar y cuando la norma va dirigida a garantizar el uso gratuito de libros de texto en la enseñanza obligatoria y cabe esperar un impacto directo positivo, al menos en términos de equidad.

(Dictamen 35/2019, de 14 de febrero)

En este caso, la Memoria contiene (…) el análisis de los impactos de género, en la discapacidad, infancia, adolescencia y en familias numerosas y en la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Ello no obstante, debe incorporarse al expediente el informe de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente acreditativo de esta última circunstancia (al igual que ha efectuado en su ámbito la Consejería de Familia), sin que sea suficiente al efecto la apreciación que efectúa la Memoria sin base en aquel.

(Dictamen 95/2019, de 14 de marzo)

Esta última Consejería, salvo la evaluación del impacto de género que resulta de su propuesta, no ha remitido los informes necesarios que permitan evaluar en la memoria el impacto de la norma en la infancia, adolescencia, familias numerosas y discapacidad.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en su artículo primero, “Modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, introduce en dicha Ley Orgánica un artículo 22 quinquies, referente al impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia, que dispone: “Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia”.

Así mismo, la citada Ley añade una disposición adicional décima en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, con el siguiente texto: “Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia”.

Por su parte, el artículo 71 de la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, establece que los anteproyectos de ley, los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes que se sometan a aprobación de la Junta de Castilla y León, deberán incorporar, por la Consejería competente en materia de servicios sociales, un informe sobre su impacto.

Sin perjuicio de la necesidad de incorporar los informes del centro directivo competente a los que se ha hecho mención, a la vista de la incidencia de la norma en la infancia, adolescencia y discapacidad, que resulta, al menos, de la introducción del capítulo III bis en el título II de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León, en relación con los hijos huérfanos de madres fallecidas por violencia de género, y del artículo 139.2 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León, que prevé la exención del pago de la tasa correspondiente a los sujetos pasivos con discapacidad igual o superior al 33%, no parece acertada la mención de la Memoria relativa a que el impacto es neutro, por no existir medidas que les afecten.

(Dictamen 441/2017, de 10 de octubre, y, en sentido similar, dictamen 155/2019, de 9 de abril)