Sobre la valoración del impacto en materia de unidad de mercado, al que alude genéricamente la Memoria, se debe incorporar al expediente la documentación acreditativa del proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, que impone a los poderes públicos competentes para la elaboración de normas que afecten de manera relevante a la unidad de mercado, la obligación de poner a disposición del resto de autoridades, a través del sistema de intercambio electrónico de información previsto en el artículo 23 de la propia Ley 20/2013, el texto del proyecto de norma, acompañado de los informes o documentos que permitan su adecuada valoración, incluyendo en su caso la memoria del análisis de impacto normativo. Como declaró la STC 79/2017, de 22 de junio, que desestima el recurso de inconstitucionalidad promovido contra ambos preceptos “El establecimiento de un sistema de intercambio electrónico de información y, más concretamente, la obligación, impuesta a las autoridades competentes por el art. 14.2 de la Ley 20/2013, (…) no suponen, en modo alguno, la sustitución de la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias. No estamos propiamente, por tanto, ante un mecanismo de control ex ante o de tutela de la Comunidad Autónoma como afirma el recurrente, sino ante un mecanismo de información que supone el desarrollo de la facultad de coordinación en un ámbito como es el de la garantía de la unidad de mercado. Resulta constitucionalmente admisible que el Estado, al ejercer una competencia horizontal como la reconocida en el art. 149.1.13 CE, pueda condicionar el ejercicio de las competencias autonómicas siempre que ello se haga sin limitar más de lo necesario el efectivo ejercicio de la competencia autonómica”.

(Dictamen 629/2019, de 30 de enero de 2020 y en el mismo sentido, dictamen 38/2020, de 25 de febrero)