De conformidad con el mismo artículo 4.2 del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, la evaluación de impacto normativo debe valorar también la incidencia de la norma desde el punto de vista presupuestario. En este sentido la Memoria analiza el impacto del proyecto sobre los presupuestos autonómicos, aunque muy someramente y sin hacer referencia a la eventual existencia de cofinanciación estatal o europea, tal y como exige la Orden ADM/1835/2010, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la Guía metodológica de mejora de la calidad normativa, en aplicación del Decreto 43/2010, de 7 de octubre.

La Orden citada establece, además, que en la Memoria “Se distinguirán los efectos y repercusiones sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma y, por otro lado, los que existan, en su caso, sobre los presupuestos de las Entidades Locales”. Aclara al respecto que “En particular se tendrá en cuenta lo siguiente:

 »-Cuando el proyecto normativo pueda suponer para las Entidades Locales variaciones de gasto, se valorará, de acuerdo con la información disponible, el posible impacto presupuestario que derive, en su caso, del principio de lealtad institucional, consagrado en el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 »– Deberá perseguirse el objetivo de evitar efectos financieros negativos sobre las Entidades Locales como consecuencia de modificaciones legales, desde el punto de vista del gasto como del ingreso”.

En este caso, la Memoria no contiene un análisis de la repercusión presupuestaria sobre el nivel local, por lo que debiera completarse con las referencias necesarias a este aspecto, habida cuenta que el Catálogo incluye no solo prestaciones responsabilidad de la Administración Autonómica, sino también las que siendo responsabilidad de las Entidades Locales, deben garantizarse como mínimo en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

 (Dictamen 541/2014, de 20 de noviembre y en sentido similar, entre otros, los dictámenes 212/2014, de 29 de mayo, 406/2014, de 29 de agosto, 215/2015, de 27 de agosto, 258/2017, de 21 de junio)

 En el caso particular de establecimiento o modificación de precios públicos, debe tomarse en consideración lo preceptuado en el artículo 17.1 in fine de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, que dispone que “Las propuestas de establecimiento o modificación de precios públicos que no consistan en una mera actualización general de cuantías deberán acompañarse de una memoria económico-financiera en donde se justifiquen los importes propuestos y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes”. En el presente caso, consta en el informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda, una valoración económica-presupuestaria de la norma donde se justifican los importes propuestos y el grado de cobertura financiera de los costes. Por ello, de acuerdo con lo hasta ahora expuesto y a la vista del contenido del decreto que se examina, este Consejo considera que se ha dado cumplimiento al mencionado artículo.

(Dictamen 236/2019, de 10 de junio)