b.1) Impacto administrativo de disposiciones generales que regulen nuevos procedimientos.

En este supuesto, en atención al objeto del proyecto constituido por la regulación de un nuevo procedimiento, debe observarse lo dispuesto en el artículo 5 del citado Decreto 43/2010 respecto a la “Evaluación del impacto administrativo de las disposiciones generales que regulen nuevos procedimientos”, sobre la que establece:

“El procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general que regulen un nuevo procedimiento administrativo deberá incorporar, en la memoria o de forma independiente, el código de identificación del nuevo procedimiento así como una descripción de sus datos, conforme determine la Consejería competente en materia de simplificación y racionalización de procedimientos.

»Asimismo, en el procedimiento de elaboración de la norma se justificará la necesidad de la existencia de este nuevo procedimiento regulado, factores tenidos en cuenta para fijar el plazo de duración del mismo y la previsión del impacto organizativo y de recursos de personal para su óptima gestión.

»Conforme establece el artículo 35 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, las disposiciones de carácter general que regulen estos procedimientos contemplarán las medidas pertinentes para la puesta a disposición de los interesados de los modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la sede electrónica”.

La importancia que dicha evaluación proyecta sobre los principios de actuación de la Administración Autonómica antes relacionados, se explicita en la Orden ADM/1835/2010, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la Guía metodológica de mejora de la calidad normativa, en aplicación del Decreto 43/2010, cuyo Anexo determina lo siguiente en relación con la “Evaluación de Impacto Administrativo”:

“La regulación de un nuevo procedimiento o la modificación de uno ya existente produce un doble efecto en los principios de proporcionalidad y de accesibilidad.

»Desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, este nuevo procedimiento o la modificación de otro anterior generará funciones, actividades y tareas administrativas que se traducen en un impacto más que previsible en la organización, en el personal que gestionará el nuevo procedimiento y en la distribución de sus cargas de trabajo.

»Por lo tanto, en el procedimiento de elaboración de la norma se justificará la necesidad de la existencia de este nuevo procedimiento, factores tenidos en cuenta para fijar el plazo de duración del mismo y la previsión del impacto organizativo y de recursos de personal para su óptima gestión.

»En consonancia con el principio de accesibilidad, un nuevo procedimiento debe ser conocido efectivamente por el ciudadano. Debe tener la seguridad de saber todos sus trámites y los requisitos formales, materiales y la documentación necesaria para su gestión.

»Además, debe ser puesto a su disposición, al menos, a través de los canales presencial y electrónico.

»Por ello, es necesario que las oficinas de atención al ciudadano, el servicio de atención telefónica 012 y la sede electrónica «tramitacastillayleon» conozcan de antemano las características del procedimiento y, que la unidad encargada de la gestión del sistema de información administrativa incorpore en el inventario de procedimientos al de nueva creación.

»Para tener en cuenta todo ello, el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general que regulen un nuevo procedimiento administrativo deberá incorporar en su expediente el código de identificación del nuevo procedimiento que garantiza estar dado de alta en éste, así como una descripción de sus datos conforme a la ficha que determine la Dirección General competente en materia de información administrativa y atención al Ciudadano”.

En consonancia con lo expuesto acerca del impacto administrativo, con anterioridad a la aprobación de la orden proyectada debe incorporarse al expediente o a la memoria, el código de identificación del nuevo procedimiento en la forma detallada en el artículo 5 del Decreto 43/2010, así como la justificación de los factores tenidos en cuenta para fijar el plazo de duración del mismo y la previsión del impacto organizativo y de recursos de personal para su óptima gestión.

(Dictamen 243/2015, de 7 de julio. Sobre el particular, también el dictamen 316/2014, de 17 de julio)

La Memoria no considera el proyectado como procedimiento nuevo, por el hecho de que en su regulación la Comunidad Autónoma debe respetar preceptos derivados de las competencias estatales básicas. Ahora bien, dicho argumento olvida que la regulación autonómica de los procedimientos administrativos siempre se encuentra sometida a tales limitaciones, ya que derivan del propio sistema constitucional de reparto de competencias. Baste recordar la Exposición de Motivos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común cuando, a propósito de la competencia estatal prevista en el artículo 149.1.18ª de la Constitución, declara que “La Constitución establece la competencia de las Comunidades Autónomas para establecer las especialidades derivadas de su organización propia pero además, como ha señalado la jurisprudencia constitucional, no se puede disociar la norma sustantiva de la norma de procedimiento, por lo que también ha de ser posible que las Comunidades Autónomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la aplicación de su Derecho sustantivo, pues lo reservado al Estado no es todo procedimiento sino sólo aquel que deba ser común y haya sido establecido como tal. La regulación de los procedimientos propios de las Comunidades Autónomas habrán de respetar siempre las reglas del procedimiento que, por ser competencia exclusiva del Estado, integran el concepto de Procedimiento Administrativo Común”. (En el mismo sentido se pronuncia la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

En consecuencia, la Memoria debe completarse con el estudio detallado y las justificaciones que requiere el artículo 5 del Decreto 43/2010, de 7 de octubre.

(Dictamen 31/2016, de 17 de febrero)

 

b.2) Impacto administrativo de disposiciones generales que modifiquen procedimientos administrativos existentes.
 
En otros orden de cosas, en lo referente al impacto administrativo, el artículo 6 del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, sobre “Evaluación del impacto normativo de las disposiciones generales que modifiquen preceptos relativos a procedimientos administrativos ya existentes” señala que “Con carácter previo a la aprobación de las disposiciones generales que modifiquen preceptos relativos a procedimientos administrativos ya existentes, se debe llevar a cabo un estudio relativo al análisis y diagnóstico de los procedimientos y su posible rediseño. Dicho estudio formará parte, en su caso de la memoria”.

»Si la modificación comporta la adición de nuevos trámites o la obligación de aportar nuevos documentos, se justificarán los extremos relativos a su existencia, los efectos del nuevo trámite sobre el plazo de duración del procedimiento y la previsión del impacto organizativo y de recursos de personal para su óptima gestión”.

»A este respecto, la Memoria debe completarse también con el estudio y las justificaciones que requiere este precepto.

 (Dictamen 215/2015, de 27 de agosto)

La Memoria justifica la innecesariedad de la evaluación del impacto administrativo conforme a los artículos 5 y 6 del citado Decreto 43/2010, de 7 de octubre, al no regular procedimientos nuevos o modificar los existentes. No obstante, en el artículo 91 se regula la tramitación de la inmovilización del vehículo encaminada a garantizar el abono provisional de la multa en el momento de la denuncia que, a juicio de este Consejo, precisaría de la referida evaluación.

(Dictamen 226/2018, de 14 de junio)