Por otra parte la Memoria, aunque contiene una extensa relación de las normas internacionales, estatales y autonómicas que constituyen el marco normativo en el que se inserta el anteproyecto, no analiza la adecuación de la norma al orden de distribución de competencias. Sobre este aspecto, la citada Orden ADM/1835/2010, de 15 de diciembre, señala que “Se trata de realizar un análisis sobre la adecuación del proyecto al orden constitucional de distribución de competencias, para lo cual será conveniente identificar el título competencial, detallar la cuestiones competenciales más relevantes y analizar la participación estatal y local en la elaboración del proyecto normativo”. Añade además que “En cuanto a la participación estatal y local en la elaboración del proyecto se harán constar cuantas observaciones de naturaleza competencial se hayan suscitado, así como la forma en que dichas observaciones se hayan tomado en consideración en el texto finalmente propuesto”. En el expediente remitido no consta, sin embargo, la concesión de trámite de audiencia a la Administración del Estado, audiencia que si bien no se establece en ninguna norma como preceptiva, sí se considera muy conveniente en relación con materias en las que, como en el presente caso, confluyen competencias estatales. Sobre este particular incide el Consejo de Estado en su Memoria del año 2008. 

(Dictamen 319/2012, de 14 de junio) 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que, dado el carácter tan amplio de la materia objeto de la norma y la posible colisión con competencias que ostenta el Estado, debería haberse dado audiencia a éste. No consta en el expediente remitido la concesión de trámite de audiencia a la Administración del Estado, audiencia que si bien no se establece en ninguna norma como preceptiva, sí se considera muy conveniente en relación con materias en las que, como en el presente caso, confluyen competencias de diversas administraciones. Sobre este particular incide el Consejo de Estado en su Memoria del año 2008: “En la elaboración de disposiciones de carácter general cabe detectar un cierto desequilibrio en materia de audiencia entre las que concede la Administración General a las Comunidades Autónomas y las de éstas últimas a la primera. El propósito de los siguientes párrafos es argumentar la conveniencia y la viabilidad de imponer por Ley del Estado la obligación de que las Comunidades Autónomas concedan audiencia a la Administración General en el proceso de elaboración de sus disposiciones de carácter general que no sean estrictamente auto-organizativas y, de paso, sugerir que la práctica usual de la Administración General consistente en conceder audiencia a las Comunidades Autónomas en materias que afecten a sus competencias se generalice, convirtiéndose en trámite preceptivo. El ámbito propio de estas sugerencias parece que debiera restringirse al ejercicio de competencias compartidas. 

»Si se prescinde de leyes singulares del Estado cuyo contenido incluye la obligación de conceder audiencia a las Comunidades Autónomas en la elaboración de sus normas de desarrollo, no existe ninguna Ley de carácter general que imponga la obligatoriedad de consulta a la Administración General en iniciativas legislativas de las Comunidades Autónomas, o a éstas cuando quien legisla es el Estado”. 

Por lo tanto, al margen de la invocación de principios, como los de lealtad institucional o cortesía, la posibilidad de que cada Administración tenga la oportunidad de oír a la otra, no sólo permite ponderar puntos de vista e informaciones no tenidas en cuenta, sino que cabría esperar que la generalización de la respectiva audiencia contribuya a disminuir la litigiosidad entre ambos órdenes político-administrativos. 

(Dictamen 615/2013, de 12 de septiembre) 

Sobre la audiencia, hubiera resultado conveniente el traslado del proyecto a la Administración del Estado, habida cuenta de la colaboración que es necesario mantener para el intercambio de información entre las Administraciones Públicas con competencias concurrentes en la materia. 

Además, si bien la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, no prevé el trámite de informe preceptivo de los proyectos normativos dictados en su desarrollo por parte de los órganos encargados de velar por su ejecución (Comisionado de la Transparencia), resultaría conveniente que con carácter previo a su aprobación se sometiera a su conocimiento a fin de posibilitar al menos el ejercicio de la función de evaluar el grado de aplicación de la ley que le asigna el artículo 13.2.a) de la Ley 3/2015. 

Esta observación guarda relación con la que ya efectuara este Consejo en el Dictamen nº 477/2014, de 9 de octubre, sobre el anteproyecto de ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, en la que se recomendaba “incluir entre las funciones del Comisionado algunas que aparecen estrechamente vinculadas a un desarrollo eficaz de su labor, pero que no menciona el anteproyecto, como las de informar preceptivamente las normas de desarrollo de la ley y las demás que se dicten en esta materia (…)”, a semejanza de la que dispone en el ámbito estatal el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno conforme al artículo 38.1.c) de la LTAIPBG. 

(Dictamen 31/2016, de 17 de febrero) 

Previamente a la elaboración del anteproyecto, se ha efectuado una consulta previa a la Dirección General de Ordenación Profesional del ministerio competente en materia de sanidad, que ha emitido informe favorable a la iniciativa normativa de la consejería. 

El informe se ha solicitado al amparo de lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización. Tal precepto establece que “Con carácter previo a la publicación de la norma o de la resolución que acuerde la creación, modificación, supresión o declaración de extinción de alguna categoría, las administraciones sanitarias que lo consideren conveniente podrán consultar, previamente y de forma voluntaria, a la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre la adecuación de esa decisión respecto a la categoría profesional o categorías profesionales a las que pueda afectar” (apartado 1). Tal informe “se pronunciará necesariamente sobre los siguientes aspectos: a) justificación de la necesidad; b) grupo y subgrupo profesional de adscripción; c) titulación, requisitos de acceso y propuesta de equivalencia respecto al catálogo vigente, valorando la necesidad de su modificación o actualización y d) pertinencia de la iniciativa (apartado 2). “El informe de la Dirección General de Ordenación Profesional tendrá carácter facultativo y no vinculante y deberá ser emitido en el plazo de un mes desde que se efectúe la consulta” (apartado 3). 

(Dictamen 7/2019, de 11 de febrero)