La intervención de los órganos colegiados en el procedimiento debe quedar acreditada mediante la incorporación al expediente del acta de la sesión en la que se evaluó el proyecto, a fin de conocer el debate generado y las alegaciones efectuadas en relación con él, sin que baste la simple certificación de la Secretaría en la que se da cuenta simplemente de la existencia del informe pero no de su contenido. Como señala la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2 de febrero de 2015, en relación con la emisión de informes preceptivos en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general “El informe del Consejo no puede convertirse en un mero automatismo formalista de forma que pueda convalidarse su existencia con la mera expresión de que ha sido sometido a consideración del Consejo el borrador del Decreto, no constando ni tan siquiera su aquiescencia al mismo, o la emisión de informe de carácter verbal, de forma que de ello pueda deducirse la plena aquiescencia con la propuesta sometida a la consideración del órgano decisorio, sino que, por el contrario, coherentemente con el contenido de las normas reglamentarias que configuran el referido informe como preceptivo, y atendiendo a su finalidad y naturaleza, debe exigirse que tal informe obre en el expediente administrativo”. 

(Dictamen 258/2017, de 21 de junio y en el mismo sentido, dictámenes 409/2016, de 13 de octubre, 121/2016, de 22 de abril, 228/2018, de 18 de junio, 181/2019, de 9 de mayo, o 266/2019, de 21 de junio y Memoria del Consejo Consultivo del año 2016) 

De acuerdo con el artículo 5.1.c) del Decreto 37/2019, de 26 de septiembre, por el que se crea y regula la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, esta “conocerá, previamente al inicio de su tramitación, (…) los proyectos de disposiciones generales y anteproyectos de ley, con incidencia en los ámbitos económico, financiero, de desarrollo rural, tributario, estadístico o presupuestario”. El artículo 5.1.c) del Decreto 51/2015, de 30 de julio, vigente al inicio de la tramitación de este proyecto, establecía similar intervención previa al inicio de la tramitación y otra previa a la aprobación del proyecto. De este modo, al no constar en el expediente, en la Memoria se debe justificar la innecesariedad, en su caso, de la intervención en el procedimiento de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos o, en otro caso, deberá subsanarse la falta de este trámite, incorporando al procedimiento justificación de su intervención. 

(Dictamen 493/2019, de 30 de octubre)