La Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas, modificó de nuevo el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, cuya actual redacción dispone que el informe de las consejerías se emitirá, en un plazo no superior a diez días, “sobre todos los aspectos que afecten a sus competencias”, suprimiendo la restricción anterior sobre la realización de valoraciones de oportunidad o conveniencia o formular propuestas alternativas ajenas a su ámbito de competencia. 

Este Consejo observa que en muchos procedimientos de elaboración de las normas casi todas las consejerías remiten, en respuesta a la petición del informe, un escrito en el que comunican que no formulan observaciones o sugerencias y que, en la mayoría de los casos, las únicas observaciones que figuran en el expediente son las realizadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en concreto por la Dirección General de la Mujer y por la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, cuyo contenido se limita al análisis de los impactos sobre género (en el primer caso) y sobre la infancia, la adolescencia, la discapacidad y la familia (en el segundo), en unos informes cuyo contenido parece responder a un modelo previamente elaborado. 

El silencio mantenido por la mayoría de las consejerías concilia mal con el principal objetivo que persigue este trámite, que no es otro que garantizar la coherencia de la norma proyectada con el resto de políticas públicas, prevista en el artículo 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, y una correcta evaluación de impacto normativo, por cuanto esta “habrá de especificar detalladamente la forma en que se han seguido los principios de calidad normativa y, en particular, el efecto del cumplimiento de la futura norma en el resto de políticas públicas”, conforme al artículo 4.2 del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Esta mínima participación de las consejerías debe llevar a una reflexión en la que ha de ponderarse si existe un adecuado equilibrio entre la, en muchos casos, complejidad de los proyectos normativos sometidos a consulta, la perentoriedad de los plazos concedidos para la emisión del informe y el contenido exigido a estos. La finalidad es lograr el adecuado cumplimiento de los objetivos pretendidos con dichos trámites: por un lado, el de garantizar la mejora del contenido y la calidad en los textos normativos con las aportaciones que puedan realizarse por el resto de consejerías y, por otro, el de lograr la coordinación de la futura norma con el resto de políticas públicas de la propia Comunidad Autónoma. 

Por ello, se sugiere la conveniencia de adoptar las medidas que sean precisas para favorecer la participación activa de las consejerías. Y ello solo podrá conseguirse si, por un lado, se propicia un adecuado conocimiento del proyecto y un plazo suficiente para la emisión de dicho informe, cuyo contenido podrá contribuir, sin duda, a la mejora del proyecto normativo, y, por otro, con la voluntad, interés y actitud activa de las restantes consejerías en la emisión de los informes solicitados. 

(Memoria del Consejo Consultivo del año 2018 y dictámenes 212/2014, de 29 de mayo, 493/2019, de 30 de octubre, o 1/2020, de 30 de enero)