Se observa en ocasiones que los anteproyectos de ley son pródigos en remisiones al reglamento para la regulación de determinados aspectos, sin indicación, en algunos casos del rango normativo de su futuro desarrollo y en otros se formula una remisión en blanco a la norma reglamentaria. 

Una remisión tan amplia y sobre aspectos tan generales al reglamento impedirá en el futuro abordar extremos concretos cuya regulación exija reserva de ley, así como que no puede considerarse una medida de buena técnica legislativa la creación de preceptos sin contenido sustancial. Por ello debe valorarse la conveniencia de llevar a cabo deslegalizaciones sin indicar unos criterios o parámetros mínimos que permitan acotar el futuro desarrollo reglamentario. 

Ahora bien, no puede obviarse que tal regulación reglamentaria no podrá vulnerar lo establecido en una norma con rango legal, sea estatal o sea autonómica. Lo que debe valorarse es la conveniencia de mantener las remisiones que se efectúan al reglamento o incluir una relación más concreta de los asuntos que se quieran regular por esta vía. 

(Dictámenes 133/2008, de 27 de marzo, 33/2010, de 18 de febrero, 125/2010, de 18 de marzo, 165/2013, de 27 de marzo)

Resulta deseable que cualquier habilitación reglamentaria contenida en una ley sea no sólo precisa en cuanto a la determinación de la materia para la que se otorga sino que, además, contenga una indicación, siquiera mínima, de los criterios y principios que deben seguirse en su ejercicio. Por otra parte, en el presente caso, pese a que el texto contiene ya, en su disposición final primera, una cláusula genérica de apoderamiento a favor de la Junta de Castilla y León para desarrollar el anteproyecto en lo que pudiera resultar necesario, en numerosos artículos se realizan parciales remisiones al desarrollo reglamentario, lo que puede suscitar la duda de si es posible que el reglamento entre a regular alguna materia concreta para la que el anteproyecto haya olvidado incluir de forma expresa tal habilitación. 

(Dictamen 1.124/2010, de 14 de octubre)

Sin perjuicio del carácter relativo que tiene sujetar a un plazo determinado el ejercicio de la potestad reglamentaria, así como también el ejercicio de la iniciativa legislativa por parte de la Junta de Castilla y León, sería preferible que la fecha final de dicho plazo se determinase, en todos los casos contemplados en el anteproyecto, de manera uniforme. En efecto, exceptuando el supuesto especial previsto en la disposición final tercera (en que corresponde al Consejo de la Función Pública “elaborar” su Reglamento de funcionamiento, y a la Junta de Castilla y León “aprobarlo”), en los demás casos el “dies ad quem” se fija unas veces por referencia a la “elaboración” del reglamento (disposición final 4ª), y otras por referencia a su “aprobación” (disposición final 2ª). Esta última opción es la que parece más aconsejable, porque proporciona mayor seguridad jurídica (Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 12 de enero de 1990 y 14 de octubre de 1991). 

(Dictamen 1/2003, de 9 de diciembre)