Debe insistirse en la conveniencia de aplicar en la elaboración de las normas unos criterios uniformes de técnica legislativa, pues ello ha de redundar en beneficio de la claridad de los textos legales y de su mejor comprensión por los ciudadanos, en general, y por los operadores jurídicos, en particular. En este sentido, es aconsejable seguir el ejemplo que proporciona la Administración del Estado, en cuyo ámbito existen unas directrices sobre técnica normativa, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, así como en el documento elaborado por la entonces Consejería de Presidencia y Administración Territorial, de normalización de expedientes tramitados ante órganos colegiados de gobierno.

En relación con ello, en los dictámenes emitidos sobre proyectos normativos, este Consejo Consultivo ha insistido de manera reiterada en la necesidad de concisión en la redacción de los textos y de precisión en la utilización de conceptos jurídicos. Asimismo, debe ponerse especial diligencia y atención en evitar contradicciones o desajustes entre los preceptos del texto que puedan generar dudas en su aplicación. También debe prescindirse del uso de términos y expresiones que, lejos de enriquecer las normas, producen confusión y falta de claridad de los textos. 

(Memoria del Consejo Consultivo del año 2013)

Como tal Acuerdo [el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de octubre de 1991], las referidas Directrices no tienen más carácter que el de una instrucción u orden de servicio interna de la Administración, sin que, en ningún caso, su eventual incumplimiento pueda servir de fundamento a una posible impugnación de la disposición afectada. Obviamente, tampoco tienen valor vinculante alguno una vez que el correspondiente anteproyecto de Ley, ya convertido en proyecto, haya llegado a las Cortes de Castilla y León. 

Tales Directrices son aplicables también a los proyectos de normas reglamentarias y enuncian, como su propia denominación expresa, una serie de criterios generales sobre el modo en que debe ordenarse y desarrollarse (en su fase administrativa de elaboración) el contenido de las disposiciones generales, persiguiendo, en definitiva, no sólo dotarlas de una estructura lógica y más fácilmente comprensible sino también asegurar un mínimo de uniformidad en la legislación. 

(Dictámenes 1/2003, de 9 de diciembre, 551/2004, de 23 de septiembre, 181/2005, de 31 de marzo, 467/2005, de 30 de junio, 204/2006, de 23 de marzo, 110/2007, de 29 de marzo, 165/2007, de 29 de marzo, 133/2008, de 23 de marzo, 430/2009, de 18 de junio, 33/2010, de 18 de febrero, 1.021/2011, de 15 de septiembre, 237/2012, de 26 de abril, y 40/2013, de 14 de febrero)