La práctica, frecuentemente utilizada, de modificar una norma con ocasión de la aprobación de otra cuyo objeto sólo tangencial o indirectamente guarda relación con aquella que se pretende modificar, ya mereció un juicio desaprobatorio por parte del Consejo de Estado en sus Memorias de 1997 y 1999, y también del Tribunal Supremo en el caso de las denominadas “leyes de medidas”, y ha sido también objeto de crítica por parte de este Consejo Consultivo en su Dictamen 133/2008, de 27 de marzo, relativo al anteproyecto de ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. (Debe precisarse que esta práctica, en relación con las “leyes de medidas”, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en las sentencias 209/2012 y 120/2014). 

La disposición derogatoria del referido anteproyecto de ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo preveía la abrogación de “El supuesto 5º del apartado 1 h) del artículo 4 de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León”. 

De acuerdo con dicho supuesto, ahora derogado, el Consejo Consultivo debía ser consultado por la Administración en el caso de “Modificación de los planes urbanísticos cuando tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres previstos”. 

En el referido Dictamen 133/2008, el Consejo manifestó su disconformidad con la vía seguida para modificar la norma reguladora de la Institución: la aprobación de una ley en la que se regulan fundamentalmente cuestiones en materia urbanística. 

Ha de reconocerse que, desde el punto de vista de la estricta legalidad, nada impide que una norma con tal rango de ley pueda derogar a otra del mismo rango normativo, de conformidad con el artículo 2 del Código Civil. Ahora bien, si el anteproyecto, luego convertido en la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, tenía como objeto modificar la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, para adaptarla a las previsiones de la Ley estatal 8/2007, de Suelo, resulta difícil apreciar la necesidad de que, para armonizar ambos textos legales, estatal y autonómico, fuera preciso modificar las competencias atribuidas al superior Órgano Consultivo de la Comunidad. 

Que la derogación de la norma no se realice a través de otra destinada exclusivamente a este fin genera el riesgo de que, en este caso, el Estatuto de Autonomía pueda verse vulnerado en su espíritu y finalidad, conculcándose, pese al respeto de los aspectos formales (la modificación se opera a través de una ley) el régimen garantista con el que el Estatuto de Autonomía ha querido proteger a sus instituciones (no sólo el Consejo Consultivo sino también el Consejo de Cuentas, el Consejo Económico y Social y el Procurador del Común). 

En el presente caso el Consejo Consultivo considera que hubiera sido necesario un debate parlamentario ad hoc que precediera a la decisión que las Cortes de Castilla y León adoptaran sobre el particular. Sin embargo, tal y como se deduce de los Diarios de Sesiones de las Cortes, en el debate parlamentario que precedió a la aprobación de la Ley 4/2008, apenas existen referencias a la modificación del régimen competencial del Consejo Consultivo. 

Por otra parte, la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, es una ley especial, de desarrollo del Estatuto y de construcción de una de las Instituciones de la Comunidad, cuya modificación debió estar amparada, al menos, por el mismo grado de consenso político que obtuvo en su aprobación por las Cortes de Castilla y León, consenso que creemos no se alcanzó en la aprobación de la Ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 

En definitiva, este Consejo Consultivo quiere llamar la atención respecto de los peligros que en el futuro podría suponer el empleo de nuevo de la técnica utilizada en la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, y de las consecuencias de que lo coyunturalmente urgente derogue lo estructuralmente importante, al aprovechar para ello el dictado de normas con un objeto y finalidad que sólo indirectamente justifican la modificación de preceptos incluidos en otras leyes. 

(Memoria del Consejo Consultivo del año 2008 y Dictamen 133/2008, de 27 de marzo)