Este Consejo Consultivo advierte que algunas de las leyes que se modifican en el anteproyecto de ley de medidas tributarias y administrativas son también objeto de modificación en el anteproyecto de ley de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial, objeto del reciente Dictamen 41/2017, de 7 de abril, de este Consejo. En concreto, en ambos casos se modifican la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León, y la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 

A este respecto, debe advertirse de que la modificación reiterada de las leyes, en este caso además muy próximas en el tiempo, conlleva una indeseable confusión e incertidumbre sobre la regulación aplicable y una inestabilidad normativa que son contrarias a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la LPAC, y en concreto, el principio de seguridad jurídica. El apartado 4 de dicho precepto señala que “A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas”. Resulta obvio que la continua modificación normativa, como la indicada, no permite la consecución de dichos objetivos. 

Idéntica observación ha de realizarse en relación con las sucesivas modificaciones de los artículos relativos a las relaciones de puestos de trabajo (cuya última reforma se llevó a cabo por la Ley 5/2014, 11 septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León) y al grado personal (cuyo artículo 66, apartados 3 y 4, fue objeto de modificación por la Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias); regulación que, en el primer caso, se modifica y en el segundo, se deroga, para remitir su normación a la vía reglamentaria. Asimismo, se advierte que tanto el anteproyecto de ley de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial como el anteproyecto de ley objeto del presente dictamen incorporan un nuevo apartado 23 al artículo 37 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, citada, lo que revela una evidente falta de planificación normativa e introduce confusión en la regulación. 

Debe recordarse que, como señala la exposición de motivos de la LPAC, “en aras de una mayor seguridad jurídica, y la predictibilidad del ordenamiento, se apuesta por mejorar la planificación normativa ex ante. Para ello, todas las Administraciones divulgarán un Plan Anual Normativo en el que se recogerán todas las propuestas con rango de ley o de reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente. Al mismo tiempo, se fortalece la evaluación ex post, puesto que junto con el deber de revisar de forma continua la adaptación de la normativa a los principios de buena regulación, se impone la obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las normas en vigor, con el objeto de comprobar si han cumplido los objetivos perseguidos y si el coste y cargas derivados de ellas estaba justificado y adecuadamente valorado”. A tal efecto, el artículo 132 de la LPAC regula la “Planificación normativa” previa y el artículo 130 la “Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación”, esto es la evaluación posterior. Aspectos estos que deberán tenerse en cuenta al ejercer la iniciativa legislativa. 

(Dictamen 170/2017, de 26 de abril)