La finalidad de los textos refundidos ha sido expuesta por este Consejo Consultivo en varios dictámenes en los que se hace eco de la doctrina del Consejo de Estado, para el que los reales decretos legislativos, en su modalidad de textos refundidos, tienen la finalidad de recoger en una sola norma un conjunto de disposiciones dispersas, con dos efectos distintos, a saber: uno derogatorio y otro, mantenedor o, en su caso, actualizador, de modo que las normas refundidas siguen formando parte plena del ordenamiento jurídico al quedar insertas en el nuevo texto. 

Esta facultad del Gobierno se reconoce en el artículo 82 de nuestra Constitución y, en el caso de la Junta de Castilla y León, en el artículo 25.3 del Estatuto de Autonomía. Como ha señalado el Tribunal Constitucional el ejercicio de esta delegación legislativa permite “introducir normas adicionales y complementarias a las que son estrictamente objeto de refundición, siempre que sea necesario para colmar lagunas, precisar su sentido o, en fin, lograr la coherencia y sistemática del texto único refundido”. Ahora bien, de acuerdo con el propio Consejo de Estado, debe limitarse a sustituir a las normas objeto de refundición, sin que puedan establecerse nuevos preceptos jurídicos que no estén ya expresamente incluidos en los textos legales que se refunden. Se trata de “una labor técnica, que puede suponer una cierta tarea de interpretación e integración de posibles lagunas y antinomias, pero que ha de carecer de cualquier alcance innovador y que sólo se justifica en razón de la propia coherencia del texto normativo”. En cualquier caso, el control de los eventuales excesos de los decretos legislativos en relación con los límites de la delegación corresponde a la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Este Consejo Consultivo en sus dictámenes sobre los proyectos de normas de esta naturaleza, ha examinado en primer lugar si el proyecto de texto refundido se ajusta a los términos de la autorización concedida, y al tiempo ha valorado positivamente la reducción de la dispersión normativa existente. Ello contribuye, sin duda, a una mayor efectividad del principio de seguridad jurídica y a una más ágil interpretación y aplicación de las normas, que tienen como destinatarios principales no sólo a autoridades y funcionarios, sino los ciudadanos o administrados. 

(Memoria del Consejo Consultivo del año 2010 y dictámenes 357/2006, de 27 de abril, 657/2008, de 28 de agosto, y 47/2014, de 20 de febrero)