En relación con el contenido de las normas deben evitarse disposiciones con escasa fuerza normativa cuyo contenido consista en gran medida en meras declaraciones programáticas, que tienden más a una formulación de intenciones que a la ejecución de acciones, y que carecen de la adecuada concreción de derechos, garantías y medidas precisas para su efectividad. 

En ocasiones se ha podido apreciar que el articulado de un anteproyecto se centra básicamente en prever actuaciones de las Administraciones Públicas competentes en cada caso, orientadas a la realización de acciones positivas acerca de la materia que pretende regularse. Ello no quiere decir que las medidas en las que se concretan estas actuaciones carezcan de eficacia; ahora bien, como fórmula recurrente, la propia norma se refiere a las normas de desarrollo y actos de aplicación para la concreción de unas medidas que pueden requerir una mayor agilidad en su configuración concreta. De manera que se articula una cooperación reglamentaria y remite a su aplicación posterior la eficacia concreta de las medidas previstas de forma genérica, para lo que se autoriza al Gobierno autonómico y a la Consejería competente por razón de la materia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la Ley. 

Sin perjuicio de este posible desarrollo reglamentario, no debe olvidarse sin embargo que es frecuente que parte de los ámbitos de actuación que contempla el anteproyecto cuentan ya con leyes sectoriales. Estas leyes integran igualmente el régimen jurídico a observar por los poderes públicos para dar efectividad a los mandatos de actuación que el anteproyecto les impone y que, en la medida en que se aparten o no se ajusten a las previsiones de la ley proyectada, precisarán de la necesaria modificación, a fin de lograr la necesaria coherencia del ordenamiento jurídico que evite conflictos entre normas del mismo rango, no siempre de fácil solución. 

En esta articulación normativa, y como límite también al desarrollo regla-mentario, habrá de respetarse, en cualquier caso, la reserva legal impuesta por el Estatuto de Autonomía en determinadas materias. Sirva de ejemplo la previsión contenida en su artículo 9.2 que, en relación con los derechos de los castellanos y leoneses en el exterior, dispone: “Sin perjuicio de las competencias del Estado, una ley de las Cortes de Castilla y León regulará el alcance y contenido de dicho reconocimiento”, como puso de manifiesto el Consejo Consultivo en el Dictamen 195/2013, de 11 de abril, emitido sobre el anteproyecto de ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el exterior. 

(Memoria del Consejo Consultivo del año 2013).