El artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León precisa con detalle cuál ha de ser el contenido de la Memoria que debe acompañar a la tramitación de los anteproyectos de ley, aplicable también a los proyectos de disposiciones generales de acuerdo con el artículo 76 de la misma Ley. 

El Consejo Consultivo quiere poner de manifiesto la importancia que reviste, a la hora de dictaminar sobre los proyectos normativos mencionados, que los estudios e informes acerca de la necesidad y oportunidad de la norma que se pretende aprobar (letra c) del artículo 75.3) estén elaborados con el suficiente detalle para que de su detenida lectura pueda extraerse una idea clara acerca de los fines que con su aprobación y aplicación se trata de alcanzar. 

Un contenido impreciso, escaso e incluso poco actualizado de este apartado de la Memoria indudablemente no ayuda a que el dictamen reúna las condiciones de claridad y concisión en sus términos y conclusiones que de él pueda esperar la autoridad consultante, precisamente porque quizá no haya sido posible partir de unas concretas premisas tenidas en cuenta en la elaboración del proyecto y de unos objetivos claramente enunciados que no dejen lugar a dudas acerca la finalidad perseguida.

Esta observación adquiere un mayor significado si se piensa en la elaboración de proyectos normativos sobre los que ya existe una detallada regulación estatal, en cuyo caso, si el texto sometido a consulta se limita en su mayor parte a reproducir esta última normativa, aparte de los problemas de tipo competencial que pudieran suscitarse, hace surgir el interrogante de la necesidad y utilidad real de la nueva norma, lo que probablemente tendrá su reflejo en el texto del dictamen.

Debe por último reiterarse la necesidad de que los expedientes contengan la totalidad de los antecedentes, especialmente en lo relativo a todos los proyectos resultantes de la instrucción, fruto de las alegaciones realizadas, así como que se identifique claramente el último borrador o proyecto o la propuesta de resolución. Ello con el objeto de poder conocer en detalle el proceso de elaboración de la norma sometida a dictamen.

(Memoria del Consejo Consultivo del año 2009)