El presidente del Consejo Consultivo destaca el compromiso de la institución con la defensa de los derechos de los castellanos y leoneses
- S. de Vega ha recordado durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León la configuración particular de la institución al integrar dos órganos, subrayando que es una clara expresión del autonomismo útil y austero de la Comunidad
- El año pasado el Consejo Consultivo aprobó 531 dictámenes y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolvió 189 recursos
- El 62,52 % de las consultas (332) proceden de las administraciones locales, el 35,97 % (191) de la administración autonómica y el 1,5 % (8) de las universidades públicas
- El 60,85 % (115) de los recursos presentados ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación
- La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el pasado año alcanza 842 millones de euros en litigio
El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín S. de Vega, ha destacado el compromiso de la institución con la defensa de los derechos de los castellanos y leoneses en su intervención en las Cortes de Castilla y León para presentar la Memoria de 2024, año en el que se aprobaron 531 dictámenes y se resolvieron 189 recursos.
S. de Vega ha recordado que el Consejo Consultivo es una "institución propia" de la Comunidad con una configuración particular en el contexto nacional de la función consultiva al integrar dos órganos: el Consejo, que ejerce su función con carácter superior y no vinculante, y el Tribunal Administrativo, que resuelve los recursos en materia de contratación pública con carácter vinculante y similitudes evidentes con los fallos judiciales.
El presidente del Consejo Consultivo ha explicado que ambos órganos ejercen esencialmente una misma función general, la de garantía y control de la legalidad, como fundamento y como objetivo, a la vez que ha señalado que la decisión de unir a la función consultiva la del Tribunal es una clara expresión del autonomismo útil y austero de la Comunidad.
Ampliar la protección de los derechos de los ciudadanos
S. de Vega se ha referido a que el Consejo Consultivo sirve para ampliar la protección de los derechos de los ciudadanos ante las administraciones, por ejemplo, cuando reclaman frente a un incorrecto funcionamiento de los servicios públicos, siendo el primer garante de sus derechos. Además, asesora y controla, con carácter previo, la legalidad de la capacidad normativa de la Junta; como Tribunal, ha expuesto, se encarga de resolver los recursos en materia de contratación pública.
En cuanto a la función consultiva, la Memoria recoge que León, con 104 dictámenes, Valladolid, con 87, y Salamanca, con 82, son las provincias de las que proceden más dictámenes.
El número de dictámenes provincializados (473) difiere del total (531) porque solo se incluyen los expedientes que proceden de una sola provincia.
Hay 58 expedientes que no pueden provincializarse al tratarse de proyectos normativos de la Junta de Castilla y León (anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos, etc.) o que afectan a varias provincias o a toda la Comunidad.
Los expedientes de responsabilidad patrimonial (402), que son los más frecuentes, han supuesto el 75,21 % del volumen anual de dictámenes del Consejo.
Por materias, el mayor número de dictámenes, 190, (47,29 %) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación), 49 son de ámbito sanitario, y 47 de ellos están relacionados con los efectos generados por la COVID-19 (perjuicios en el ámbito de la hostelería mayoritariamente).
Los dictámenes emitidos sobre expedientes que proceden de administraciones locales 332 (62,52 %) superaron a los de la administración regional 191 (casi el 36 %), y dentro de ésta alrededor del 11,49 % (61 consultas) proceden de la Consejería de Sanidad, tratándose fundamentalmente de expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria y derivada de la COVID-19; el 9,60 % (51 consultas) son solicitudes de la Consejería de la Presidencia, mayoritariamente sobre daños y perjuicios económicos producidos por las medidas acordadas por la situación de pandemia, y el 3,77 % (20 consultas) se solicitaron por la Consejería de Educación, fundamentalmente sobre revisión de oficio de procesos selectivos de empleados públicos. El resto se distribuyen entre las restantes Consejerías. El 1,5 % (8) de las consultas proceden de las universidades públicas
En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2024 se resolvieron 189 recursos.
El 60,85 % de los recursos presentados ante el Tribunal fueron dirigidos frente a contratos de servicios. El 33,33 % frente a contratos de suministros y el 4,23 % frente a contratos de obras.
El principal acto recurrido ha sido el de la adjudicación (46,03 %).
En función del órgano de contratación que dictó el acto objeto de recurso destaca, dentro del Gobierno autonómico, la Gerencia Regional de Salud, con 34 actos recurridos (17,99 %). No obstante, los ayuntamientos fueron el órgano de contratación que más recursos recibieron 81 (42,86 %).
En cuanto a la procedencia del recurso, la provincia de Valladolid es a la que con más frecuencia afecta la ejecución del contrato recurrido.
La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 842 millones de euros en litigio.
Los datos de la actividad del pasado año constatan que las instituciones consultantes confirman el parecer del Consejo en un porcentaje cercano al 95 %, lo que pone de manifiesto la auctoritas de la institución. A ello se añade el escaso número de recursos contenciosos interpuestos frente a las resoluciones del Tribunal.
La Memoria, junto al resumen anual de la actividad realizada por Consejo y Tribunal, también recoge, entre otros aspectos, los diversos encuentros en los que la institución ha participado, enmarcados en el compromiso de la transferencia del conocimiento; la edición, con la Junta de Castilla y León, del libro "Castilla y León: 40 años de autonomía"; mociones y recomendaciones para un mejor funcionamiento de la administración; el resumen de la doctrina emanada por ambos órganos; y el índice de los expedientes dictaminados y de los recursos resueltos.
