Consejo Consultivo de Castilla y León

• Es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo en los casos previstos en la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora de la institución, entre los que están los anteproyectos de Ley o, entre otros, los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes así como sus modificaciones

• Esta mañana también se ha reunido el TARCCYL resolviendo recursos sobre contratos cuyo importe asciende a 8 millones de euros

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha dictaminado el proyecto de decreto por el que se establecen las condiciones generales para la gestión interna del canal y la tramitación de las comunicaciones formuladas al amparo del Decreto-ley 3/2023, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema Interno de Información de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo en los casos previstos en la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora de la institución, entre los que están los anteproyectos de Ley o, entre otros, los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes así como sus modificaciones.

Asimismo, entre otros asuntos, se han dictaminado diversos expedientes de responsabilidad patrimonial relacionados con daños y perjuicios derivados de asistencias sanitarias, del deficiente funcionamiento de la red municipal de saneamiento, por daños sufridos en caídas por el mal estado de la calzada o de la acera o por daños ocasionados en vehículos por la caída de un árbol. Además se han dictaminado diversos expedientes de responsabilidad patrimonial debido a los daños y perjuicios derivados de las medidas adoptadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales también se ha reunido hoy resolviendo recursos relacionados con la adjudicación del acuerdo marco para el suministro de guantes de uso sanitario para centros de salud o con la adjudicación del contrato de limpieza de espacios municipales, cuyo importe asciende a 8 millones de euros.