El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó 531 dictámenes el pasado año y el TARCCYL resolvió 189 recursos
- Esta mañana se ha celebrado el Pleno de aprobación de la Memoria 2024 del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León que ha contado con las intervenciones del presidente del Consejo Consultivo, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el Magistrado. Vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Costa Pillado
- El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín S. de Vega, destaca la configuración particular de la institución al integrar dos órganos y subraya que es una clara expresión del autonomismo útil y austero de la Comunidad
- León, Valladolid y Salamanca son las provincias de las que proceden más número de dictámenes
- Zamora es la provincia que más dictámenes ha recibido del Consejo si se tiene en cuenta el factor de población, con 27,67 dictámenes por cada 100.000 habitantes
- El 62,52% de las consultas (332) proceden de las administraciones locales y el 35,97% (191) de la administración autonómica
- El 60,85% (115) de los recursos presentados ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación
- La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el pasado año alcanza 842 millones de euros en litigio
El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó 531 dictámenes el pasado año y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolvió 189 recursos, según recoge la Memoria aprobada hoy.
El Consejo Consultivo es una "institución propia" de la Comunidad con una configuración particular en el contexto nacional de la función consultiva al integrar dos órganos: el Consejo, que ejerce su función con carácter superior y no vinculante, y el Tribunal Administrativo, que resuelve los recursos en materia de contratación pública con carácter vinculante y similitudes evidentes con los fallos judiciales.
El presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, explica que ambos órganos ejercen esencialmente una misma función general, la de garantía y control de la legalidad, como fundamento y como objetivo, a la vez que destaca que la decisión de unir a la función consultiva la del Tribunal es una clara expresión del autonomismo útil y austero de la Comunidad.
Asimismo subraya la relevancia del Consejo Consultivo y la importancia de la función que desarrolla, indispensable para la Comunidad, incidiendo en el compromiso de la institución por seguir contribuyendo a la garantía general del Estado de Derecho en la Comunidad, a través de sus atribuciones.
S. de Vega recuerda que el Consejo Consultivo sirve para ampliar la protección de los derechos de los ciudadanos ante las administraciones. Por ejemplo, cuando reclaman frente a un incorrecto funcionamiento de los servicios públicos, es el primer garante de sus derechos. Además, asesora y controla, con carácter previo, la legalidad de la capacidad normativa de la Junta; como Tribunal se encarga de resolver los recursos en materia de contratación pública.
Los datos que recogen la Memoria reflejan que las administraciones confían en la institución como garante de la legalidad de la actuación administrativa y que los ciudadanos ven resueltas sus reclamaciones con cercanía y rapidez, de cara a la protección de sus derechos cotidianos, principalmente en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
En cuanto a la función consultiva, León, con 104 dictámenes, Valladolid, con 87, y Salamanca, con 82, son las provincias de las que proceden más dictámenes. Si tenemos en cuenta el factor de población, Zamora es la provincia que más dictámenes ha recibido del Consejo Consultivo con 27,67 dictámenes por cada 100.000 habitantes.
El número de dictámenes provincializados (473) difiere del total (531) porque solo se incluyen los expedientes que proceden de una sola provincia. Hay 58 expedientes que no pueden provincializarse al tratarse de proyectos normativos de la Junta de Castilla y León (anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos, etc.) o que afectan a varias provincias o a toda la Comunidad.
Los expedientes de responsabilidad patrimonial (402), que son los más frecuentes, han supuesto el 75,21% del volumen anual de dictámenes del Consejo. Por materias, el mayor número de dictámenes, 190, (47,29%) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación), 49 son de ámbito sanitario, y 47 de ellos están relacionados con los efectos generados por la COVID-19 (perjuicios en el ámbito de la hostelería mayoritariamente).
Los dictámenes emitidos sobre expedientes que proceden de administraciones locales 332 (62,52%) superaron a los de la administración regional 191 (casi el 36%), y dentro de ésta alrededor del 11,49 % (61 consultas) proceden de la Consejería de Sanidad, tratándose fundamentalmente de expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria y derivada de la COVID-19; el 9,60 % (51 consultas) son solicitudes de la Consejería de la Presidencia, mayoritariamente sobre daños y perjuicios económicos producidos por las medidas acordadas por la situación de pandemia y el 3,77 % (20 consultas) se solicitaron por la Consejería de Educación, fundamentalmente sobre revisión de oficio de procesos selectivos de empleados públicos. El resto se distribuyen entre las restantes Consejerías.
En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2024 se resolvieron 189 recursos.
El 60,85% de los recursos presentados ante el Tribunal fueron dirigidos frente a contratos de servicios. El 33,33% frente a contratos de suministros y el 4,23% frente a contratos de obras. El principal acto recurrido ha sido el de la adjudicación (46,03%).
En función del órgano de contratación que dictó el acto objeto de recurso destaca, dentro del Gobierno autonómico, la Gerencia Regional de Salud, con 34 actos recurridos (17,99%). No obstante, los ayuntamientos fueron el órgano de contratación que más recursos recibieron 81 (42,86%).
En cuanto a la procedencia del recurso, la provincia de Valladolid es a la que con más frecuencia afecta la ejecución del contrato recurrido.
En 2024 se sigue confirmando la voluntad de ofrecer una justicia rápida y gratuita a la litigiosidad en materia de contratación pública por parte del TARCCYL, lo que consta que este sistema de garantía prejudicial genera sólida confianza entre los candidatos a la contratación, los licitadores y los operadores jurídicos.
La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 842 millones de euros en litigio.
Los datos de la actividad del pasado año constatan que las instituciones consultantes confirman el parecer del Consejo en un porcentaje cercano al 95%, lo que pone de manifiesto la auctoritas de la institución. A ello se añade el escaso número de recursos contenciosos interpuestos frente a las resoluciones del Tribunal.
La Memoria hoy presentada, junto al resumen anual de la actividad realizada por Consejo y Tribunal, también recoge, entre otros aspectos, los diversos encuentros en los que la institución ha participado, enmarcados en el compromiso de la transferencia del conocimiento; la edición, con la Junta de Castilla y León, del libro "Castilla y León: 40 años de autonomía"; mociones y recomendaciones para un mejor funcionamiento de la administración; el resumen de la doctrina emanada por ambos órganos; y el índice de los expedientes dictaminados y de los recursos resueltos.
