Consejo Consultivo de Castilla y León

Recurso contra la exclusión de la UTE por falta de clasificación de una de las empresas que la conforman. Examen de los artículos 65 TRLCSP y 52 RGLCAP. Inaplicación al caso de la sucesión del contratista regulada en el artículo 85 TRLCSP o de la sucesión en el procedimiento del artículo 149 TRLCSP. Irrelevancia de la prohibición de subcontratación establecida en el PCAP. Desestimación.

Se pretende únicamente susistutir una valoración por otra. Discrecionalidad técnica.

Extemporáneo. Cuando el acceso a los pliegos, como es el presente caso, se ha facilitado por medios electrónicos, este Tribunal ha asumido el criterio mantenido por la Audiencia Nacional en su Sentencia de 30 de octubre de 2013, de la que ya se ha hecho eco en su Resolución 2/2014, de 16 de enero, recaída en el Recurso 72/2013, con arreglo al cual el momento inicial en el cómputo del plazo es el de la publicación de los anuncios de licitación, ya que desde esa fecha el interesado pudo recoger los pliegos en el lugar indicado en los anuncios.

En el presente caso se aprecia una falta de motivación suficiente en la notificación de la adjudicación. Sin embargo, la empresa recurrente ha tenido conocimiento del contenido del informe técnico, al que se remite la notificación de la adjudicación, tal y como consta en el Acta de 16 de octubre, en el que constan de un modo detallado las puntuaciones obtenidas por los licitadores, los motivos concretos en los que se basan las puntuaciones otorgadas. Podemos, por lo tanto, concluir, que no se ha producido indefensión material al licitador, pues éste ha conocido con suficiente detalle la información necesaria para la interposición de un recurso fundado contra la adjudicación.El recurrente sólo alega de modo genérico que la obligación de confidencialidad no puede afectar a la totalidad de la oferta realizada, no señala de qué manera se le ha ocasionado indefensión.

Se ha incluido en el sobre número 2 documentos correspondientes al sobre número 3, pero lo relevante, sin embargo, no es el error en la documentación sino que del mismo se haya producido una vulneración del secreto, es decir que un dato, hasta entonces desconocido y de influencia en la adjudicación, sea incluido en el sobre que no le corresponde; si el dato era ya conocido como es el caso es irrelevante. Se da una valoración excesiva en los pliegos a las “actuaciones complementarias al servicio”, y no se indica más que de un modo genérico la posibilidad de presentar mejoras, sin que se precisen, concreten, o delimiten las mejoras permitidas, ni al procedimiento a seguir para la valoración de aquellas.

El presupuesto base de licitación no cubre los costes laborales del personal a destinar a la ejecución del contrato, lo cual hace insostenible la prestación del servicio y supondría un importante peligro para la viabilidad de su prestación Si bien los convenios colectivos del sector correspondiente no son vinculantes para la Administración, por tratarse de una regulación bilateral en la que los poderes públicos no son parte, sí deberían tomarse en consideración como indicadores a tener en cuenta al elaborar el presupuesto de licitación. El Convenio núm. 94 de la Organización Internacional del Trabajo (al igual que la Recomendación núm. 84) sobre las cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, impone como una de las obligaciones de la Administración que en los contratos públicos se asegure a los trabajadores del contratista unas condiciones de trabajo equitativas, esto es “el goce de salarios u condiciones de trabajo no menos favorables que las de los demás trabajadores de la actividad y lugar”, circunstancias que deben tenerse en cuenta por el órgano de contratación al establecer el valor estimado del contrato (artículos 87 y 88 del TRLCSP). Cuestión distinta es que las empresas licitadoras presenten sus ofertas económicas por debajo del coste laboral fijado en el convenio colectivo del sector, pues en este caso la Administración contratante debe considerarse ajena a las cuestiones relativas que los licitadores han tomado en consideración para formular su proposición económica.

Presentación extemporánea. Se realizó en Correos.

El informe del recurso adolece de vaguedad y generalidad ya que, para justificar las valoraciones otorgadas. Debe recordarse que la finalidad del informe es proporcionar al Tribunal datos, valoraciones y opiniones precisos, que permitan la adecuada adopción de sus resoluciones, y no puede limitarse, como ocurre en el presente caso, a una mera descripción de las alegaciones de la recurrente y a la simple ratificación de la valoración ya realizada en su momento, sin mayor fundamentación . La recurrente no aporta justificación ni elementos de prueba suficientes que desvirtúen de manera fehaciente la valoración técnica realizada o permitan apreciar una valoración arbitraria de las proposiciones por parte del órgano de contratación. Sí obran en el expediente de contratación los documentos cuya omisión se alega por la recurrente.

Extemporáneo. El recurso se presentará en la oficina de Correos, y la fecha que debe tenerse en cuenta para el cómputo del plazo es la de entrada del recurso en el registro del órgano de contratación.

Recurso contra exclusión por incumplimiento de pliego de prescripciones técnicas. Indeterminación del pliego de prescripciones técnicas que no puede interpretarse en el informe técnico de una manera estricta en perjuicio de los licitadores. Inalterabilidad de los pliegos durante el proceso de licitación, en garantía de los principios de igualdad, libre concurrencia, seguridad jurídica y transparencia en la contratación.

Fuera de plazo. La empresa recurrente computa el inicio del plazo desde que recibió la notificación y no, como dice la ley, desde que se remitió.

Tras la propuesta de adjudicación y el requerimiento de documentación a Insanex, S.L., se advirtió un error y se procedió a su subsanación mediante la emisión de un nuevo informe que la Mesa de contratación asumió, lo que obligó a calcular de nuevo los criterios evaluables mediante fórmula.Naturaleza y efectos de un informe de subsanación. El error padecido en el primer informe técnico, asumido por la Mesa de contratación, es un error material o de hecho susceptible de rectificación antes de la adjudicación definitiva del contrato.

No cumple los pliegos. No presentar catálogo o folleto de la tira reactiva.

Recurso contra la adjudicación que solicita exclusión de la adjudicataria por incumplmiento del pliego de prescripciones técnicas. Falta de anuncio previo que se suple por la reclamación del expediente al órgano de contratación por parte del Tribunal.  Falta de acreditación del incumplimiento alegado.

La sociedad recurrente no ha acreditado su interés legítimo  pues, además de no poder ser adjudicataria por no haberse presentado a la licitación, no ha probado que se produzca ninguna ventaja o beneficio que sea consecuencia del ejercicio de su acción, equiparable o asimilable a esos intereses en que se concreta la legitimación activa para interponer el recurso especial. A mayor abundamiento cabe señalar que la sociedad recurrente no ha impugnado los pliegos que rigen la contratación.

Incongruencia en los pliegos: el cuadro de características técnicas del pliego de cláusulas administrativas particulares indica que no admite variantes y en realidad sí se prevé la posibilidad de valorar alguna(Incluso se ponen ejemplos). Indeterminación de los pliegos, en cuanto a la falta de concreción de la ponderación de los aspectos incluidos en la valoración de la calidad técnica. También existe oscuridad en el pliego en cuanto a las mejoras relacionadas con los tipos de transporte, se prevé que no se admiten variantes o mejoras, y que la posibilidad de ofertar bolsa de kilómetros es, en realidad, una mejora, por lo que debería preverse ésta como tal mejora y aclarar si las mejoras relacionadas con tipos de transporte debe considerarse como tal o, de no ser así, aclararse su naturaleza.

No consta la existencia de los gastos de primer establecimiento.

Valoración que debe hacerse de los informes contradictorios. No hay derecho a la indemnización al no constar acreditada la infracción legal del procedimiento ni que los daños están acreditados.

Motivación de la adjudicación.

Es doctrina de los tribunales de recursos contractuales que el contrato mixto exige que las prestaciones estén vinculadas entre sí y que esa vinculación debe ser una vinculación material, no meramente subjetiva ni tampoco formal, es decir, que tengan una relación material directa porque las materias a las que afecten versen sobre cuestiones muy próximas. en este caso no se justifica. No se ha acreditado la existencia en el mercado de una única empresa que fabrique ambos fármacos.-La calificación del contrato como contrato mixto de suministro y servicios exige valorar la totalidad de las prestaciones que se licitan, en este caso, no solo los radiofármacos objeto de suministro (cuyo precio sí se concreta) sino también los servicios que deben prestarse, como objeto del contrato, por el adjudicatario (cuyo importe no se incluyen en el presupuesto base de licitación del contrato).El criterio de solvencia técnica no es proporcionado.-La admisión como mejoras de las ofertadas por los licitadores y la determinación del valor atribuible a cada una de ellas queda al arbitrio del órgano de contratación, sin más limitación que la derivada del propio pliego al exigir que las mejoras ofertadas incrementen la calidad del contrato (“mayor capacidad del producción y síntesis”, “garantía de suministro”, “mejor organización”, “mejor programa de gestión”, etc.).

La exclusión de la UTE recurrente es determinante de la desaparición de su relación con el procedimiento de adjudicación y con el acto por el que se resuelve éste, lo que le priva de la condición de licitador y de interés legítimo.

Valoración de los criterios dependientes de juicio de valor denunciadas.- Diferencias subjetivas con las opiniones mantenidas por el órgano de contratación que mantiene otros criterios.-Discrepancias respecto a una diferencia de criterio en la estimación de las características técnicas de la oferta, y no al error patente en la aplicación de los criterios.

El pliego no se prevén criterios para el cálculo de anormalidad o desproporción en las ofertas de franquicia, no cabe apreciar que la oferta es anormal o desproporcionada pues el pliego no lo contempla.

Contrato de los servicios consistentes en el desarrollo de las labores propias de la oficina municipal de turismo y otras actividades de gestión y de mantenimiento de los recursos turísticos de la ciudad. La adjudicataria no ha acreditado documentalmente en el plazo concedido sus requisitos y ha cambiado otros (artículo 151.2 del TRLCSP).

La vulneración del secreto de las proposiciones puede influir en la valoración de los criterios sujetos a juicios de valor. Por ello, puede afirmarse que la exclusión realizada no resulta contraria a lo establecido en los pliegos ni a la finalidad perseguida por la legislación de contratos.

Servicio de la redacción del anteproyecto de obras del Complejo Asistencial de Palencia y redacción del proyecto básico y de ejecución, proyecto ambiental, gestión de residuos, estudio acústico, estudio de seguridad, estudio geotécnico y levantamiento topográfico para la construcción del bloque técnico del Hospital Río Carrión de Palencia.

La Administración dispone de un cierto nivel de discrecionalidad en la apreciación de las cuestiones de carácter técnico que no son controlables desde el punto de vista jurídico.No se aprecia un error patente en la aplicación de los criterios de adjudicación, ni su aplicación arbitraria o desigual o, en definitiva, otras infracciones formales que puedan sustentar la pretensión anulatoria ejercitada.Pequeña discordancia en la oferta: el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición. El sistema de determinación del precio empleado, por precios unitarios, impide apreciar en este caso la concurrencia de los presupuestos que, conforme al citado artículo 84 del RGLCAP, posibilitarían la exclusión del mencionado licitador, pues bastaba efectuar una simple operación aritmética para salvar el error de cuenta que afectaba a la oferta de esta empresa, al no haber multiplicado los precios unitarios ofertados por el número de anualidades del contrato.

El hecho de elegir un medio de acreditación de la solvencia -y no varios alternativos- no implica ninguna actuación irregular o ilegal y el medio previsto para la acreditación de la solvencia no implica, en modo alguno, una preferencia de la contratación realizada con la Administración frente al sector privado..- Falta de determinación de los criterios de adjudicación de los contratos derivados y la ausencia de baremación y fórmula de ponderación o de autoevaluación de los criterios evaluables mediante fórmulas. la división del objeto del contrato en los correspondientes lotes cuando se den las circunstancias señaladas: que éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto. En relación con la concurrencia de las causas de nulidad de los procedimientos de selección de los proveedores de la Administración, no basta con alegar tales circunstancias con carácter genérico, sino que es preciso justificar cómo se han producido, lo que no realiza la recurrente en sus alegaciones.

En el presente caso lo que se pretende es sustituir una valoración por otra, pero no basada en ningún vicio formal, por lo que el análisis de la diferente valoración otorgada está vedada a este Tribunal. Por otra parte, la recurrente no ha logrado acreditar que la valoración de la comisión de contratación fuera desproporcionada y arbitraria.Procede desestimar el recurso, al haberse acomodado la adjudicación del contrato a una oferta efectuada conforme a las prescripciones técnicas establecidas en el pliego.

El hecho relevante para la determinación del dies a quo para el cómputo del plazo de interposición es la puesta a disposición de los interesados de los pliegos para su conocimiento. En este caso la publicación en el DOUE. Además de ello, el licitador reconoce indirectamente que tuvo conocimiento de los pliegos con anterioridad.

Gastos de primer establecimiento. Tema resuelto en un recurso anterior. Cosa Juzgada.

La oferta económica no es subsanable; un precio evidentemente erróneo por bajo no admite reformulación.

Fuera de plazo. Hubo una rectificación de los pliegos -meramente aritmética- que no afectaba al objeto del recurso.

Incumple pliegos. Incluye información del sobre B en el C.

Fuera de plazo. Hubo una rectificación de los pliegos -meramente aritmética- que no afectaba al objeto del recurso.

Recurso contra Adjudicación. Desestimación. Disconformidad con la valoración de los criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor. Discrecionalidad técnica. Examen por el Tribunal de los aspectos formales de la valoración, error o discriminación.

No se aprecia que el informe técnico de valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor incurra en arbitrariedad, ya que no existe error material, la valoración se ajusta a los cánones de la discrecionalidad técnica de la Administración, existe motivación adecuada y suficiente.

Recurso contra la exclusión de licitador por considerar que no justifica la valoración de la oferta incursa en presunción de temeridad. Poder adjudicador no Administración pública. No aplicación del artículo 152.1 y 2 TRLCSP de acuerdo con el artículo 190. Pacto en el PCAP. No procede rechazar una proposición con el único argumento de un eventual incumplimiento de la legislación laboral en el ámbito de los costes salariales. Estimación del recurso.

Se constata que la oferta del adjudicatario no cumple las normas técnicas exigidas en los pliegos y no se ha acreditado que los equipos que propone puedan satisfacer de forma equivalente los requisitos definidos en las correspondientes prescripciones técnicas.

Discrepancia injustificada con el método utilizado por el órgano de contratación para calcular las bajas anormales o desproporcionadas.La deficiencia procedimental alegada por la recurrente, aun existiendo, carece de trascendencia para el resultado final, ya que, según se indica por el órgano de contratación, la adjudicación no hubiera cambiado en caso de no haberse producido aquella infracción. Por ello, el principio de economía procesal, esta pretensión debe desestimarse. Por último, tampoco puede acogerse la alegación de infracción de los principios de igualdad, transparencia e información, al no estar probada.

La notificación remitida al licitador indica erróneamente que procede interponer recurso de reposición en el plazo de 30 días desde la notificación del Acuerdo de adjudicación, lo que produjo que presentara el recurso especial fuera de plazo. No se han notificado debidamente los motivos por los que la oferta fue excluida, existe un error en la valoración de las variantes o mejoras presentadas y, en cualquier caso, la efectuada es completamente discrecional al no haberse determinado debidamente la puntuación otorgada a aquellas. Retrotraer.

Examen de la legitimación de la asociación. Recurso fuera de plazo. Se produjo una rectificación o modificación de los pliegos, con la consiguiente ampliación del plazo para la presentación de ofertas, pero la publicación es posterior a la presentación del recurso y, en cualquier caso, la modificación introducida no afecta a las cuestiones de fondo planteadas en el recurso, por lo que no cabe interpretar que esta publicación haya reabierto el plazo para la interposición del recurso especial, puesto que se fundamenta en causas ya conocidas con anterioridad y no modificadas con la rectificación.

Contrato de medios informáticos externos o “en la nube” para el funcionamiento del servicio de gestión de tesorería, tributaria y de recaudación e inspección del ayuntamiento. La oferta realizada por la empresa recurrente supone la imposición de facto de una serie de condicionamientos al órgano de contratación. Se denuncia la denegación de información y un trato discriminatorio que no consta acreditado.

Los pliegos no especifican un número de horas mínimo de prestación del servicio, sin perjuicio de la obligación de subrogación impuesta que, no obstante, no afectaba a un nuevo edificio. Por ello, no podían valorarse respecto de este edificio los aspectos superiores a los mínimos, ni rechazarse la oferta por su incumplimiento. No consta en los pliegos que entre la documentación a incluir en el sobre B se encuentre la relativa al número de horas de prestación del servicio ofertadas. La nota aclaratoria del anexo 2 PPT, cuando señala que las empresas licitantes deberán indicar en su oferta obligatoriamente la organización de dicho servicio (número de horas semanales y personal), lo hace sin la precisión necesaria acerca del sobre en el que debe incluirse la indicación relativa al número de horas semanales. La valoración de las horas de prestación del servicio se efectúa a través del criterio objetivo del Sobre C “Aumento del número de horas de servicio a realizar”. El incremento del número de horas de servicio se mide por comparación entre las ofertas de los licitadores, utilizando como parámetro la comparación de cada oferta con la mejor oferta efectuada al respecto.

La empresa recurrente realiza manifestaciones genéricas, sin base probatoria, en relación a que se ha facilitado un listado inexacto del personal a subrogar con el objeto de incrementar los costes de servicio que se licita. Considera que pese a lo indicado en los pliegos, no tienen necesariamente que coincidir las horas de servicio que se ofertan con las que suma el personal a subrogar, porque es posible una organización diferente. No obstante, no aclara como se eliminan horas de trabajo manteniendo los mismos derechos y obligaciones de los trabajadores subrogados, como exige el Convenio Colectivo, cuando los propios pliegos exigen a la empresa adjudicataria mantener las horas ofertadas. Consta acreditado que entre otras condiciones laborales, figuran en los pliegos el número de horas que actualmente realiza cada trabajador a subrogar, por lo que la empresa recurrente no presentó una proposición al lote nº 2 ajustada al contenido de aquéllos.

No es preciso para valorar las características del producto la presentación de certificaciones por los proveedores (fabricantes de los productos) del adjudicatario. La recurrente no ha logrado acreditar que la valoración de la comisión de contratación fuera desproporcionada y arbitraria. Ha de tenerse en cuenta la posibilidad de que en la resolución de los procedimientos contractuales se precie cierta “discrecionalidad técnica”.