Consejo Consultivo de Castilla y León

ACTIVIDAD DEL CONSEJO CONSULTIVO

Más de la mitad de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial que llegan a las administraciones públicas de Castilla y León se resuelven fuera de los plazos legalmente establecidos, según se recoge en un estudio realizado por el Consejo Consultivo de Castilla y León.

El presidente de la Institución, Mario Amilivia, que el pasado 9 de junio presentó a la presidenta de las Cortes regionales la memoria de actividades correspondiente a 2013, recordó que aunque el plazo que tiene la Administración para dictar una resolución es de seis meses desde que el ciudadano presenta una reclamación, en más del 54 por ciento de los casos hay “una demora injustificada”.

Estos retrasos, según Amilivia, provocan que los ciudadanos no tengan garantizado el derecho a una buena Administración, “algo que se recoge en nuestro Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española. Creemos que este estudio puede ser útil para este tipo de expedientes se trámite con mayor celeridad dando cumplimiento a los derechos de los ciudadanos”, afirmó.

En este sentido, criticó que en la mayoría de las reclamaciones que se presentan contra el sistema público de salud alegando malas praxis médicas acaba en la vía contenciosa ante el silencio administrativo. Además, destacó que 245 de los 883 dictámenes aprobados el pasado año por el Consejo Consultivo estaban relacionados con el ámbito sanitario.

Por otra parte, Amilivia también se refirió a la actividad del Consejo Consultivo como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, que comenzó a funcionar el pasado año y que hasta la fecha ha dictado 150 resoluciones -43 en lo que va de año-. Así, explicó que la mayoría que afectan a la Junta están relacionadas con contratos de la Consejería de Sanidad, mientras que en el caso de los ayuntamientos son contratos sobre la concesión o gestión de servicios públicos. Además, el pasado año dictó 75 resoluciones sobre una cuantía aproximada de 400 millones que totalizaron los contratos recurridos.

Amilivia aseguró que este Tribunal está garantizando la libre concurrencia y evitando mucha litigiosidad al ser previo a la vía contenciosa. “Cuando resuelve este Tribunal de Recursos Contractuales no se suele recurrir a la vía contenciosa. De esta forma, si un tribunal independiente como este garantiza la libre concurrencia, que la oferta mejor es la que gana en cualquier tipo de contrato, y reduce la litigiosidad, estamos logrando ahorrar dinero público que, en definitiva, es lo más importante”, aseveró.

Sobre las nuevas competencias adquiridas por Consejo Consultivo, entre las que se encuentran los planes de ordenación urbana o la posibilidad de emitir dictámenes sobre la elaboración de propuestas legislativas, Amilivia aseguró que “ahora, una vez asumidas las competencias, lo que pedimos a la Junta que haga un cumplimiento efectivo y que utilice el Consejo Consultivo”.

Amilivia, que en la presentación de la memoria de 2013 estuvo acompañado por los consejeros Fernando Rey Martínez y Ángel Velasco, así como de la letrada jefe María García Fonseca, aseguró que 2013 fue un año intenso y que las modificaciones organizativas y de funcionamiento introducidas han servido para incrementar la transparencia y la independencia del Consejo Consultivo. 

Provincias

Por provincias, León volvió a encabezar la estadística de dictámenes con 171, el 19,4 por ciento, seguida de Burgos con 136 (15,4 por ciento), Valladolid con 129 (14,6 por ciento) y Salamanca con 123 (14 por ciento). En Ávila se presentaron 34 (3,8 por ciento), en Soria, 41 (4,6 por ciento), en Segovia 58, (6,5 por ciento), en Zamora 61 (6,9 por ciento) y en Palencia 83 (9,4 por ciento).

Por administraciones, un total de 527 consultas dictaminadas (60 por ciento del total) fueron remitidas por la Junta, 354 por la administración local (ayuntamientos, diputaciones y juntas vecinales) y el resto, dos, por las Universidades de León y Burgos. Por consejerías, las que más dictámenes registraron fueron las de Sanidad, con 258, y la de Fomento y Medio Ambiente, con 170. Después aparece Educación (36), Hacienda (16), Economía y Empleo (15), Familia (14), Presidencia (9), Agricultura y Ganadería (6) y Cultura y Turismo (3).

En cuanto al sentido de los dictámenes, 521 fueron desestimatorios, 125 estimatorios y 91 estimatorios parciales, y según, se recoge en la memoria, en el 78 por ciento de la consultas tramitadas existió plena coincidencia entre la propuesta de resolución administrativa y el sentido final de los dictámenes.