LAS ADMINISTRACIONES ASUMEN EN MAS DE UN 97% DE LOS CASOS LAS RECOMENDACIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO

En 2013 se cumplieron los 10 primeros años de la institución, en los que ha contribuido a una mejor calidad legislativa, al buen funcionamiento de la Administración y a la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos

El ejercicio anterior se resume en 883 dictámenes aprobados por el Consejo y 75 resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

Consejo Consultivo de Castilla y León

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha aprobado hoy, conforme a su normativa reguladora, en un pleno celebrado en su sede de Zamora la Memoria de actividad correspondiente al año 2013, el décimo ejercicio completo de la institución, en el que se emitieron un total de 883 dictámenes.

En 2013, tal y como ha recordado el presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, se cumplieron los 10 primeros años de actividad de este Órgano “en los que ha contribuido a una mejor calidad legislativa, al buen funcionamiento de la Administración y a la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Y cuya mejor expresión son los más de 12.000 dictámenes aprobados, respetándose siempre los plazos legalmente establecidos”. Durante esta primera década, el Consejo ha aprobado ya 357 dictámenes sobre proyectos normativos (proyectos de Ley y reglamentos ejecutivos), “una función de asesoramiento al Gobierno autonómico que no hacía el Consejo de Estado y que nos ha permitido participar en la función legislativa en su fase pre-parlamentaria de una manera reservada, prudente y eficaz como demuestra el altísimo grado de aceptación de nuestras recomendaciones”. Y entre otros, también, 10.632 dictámenes mediante los cuales “hemos depurado la responsabilidad patrimonial de las Administraciones, garantizando los derechos de los ciudadanos, coadyuvando a que la Administración sirva al interés general y a una buena asignación de los recursos públicos”.


Consejo Consultivo de Castilla y León En esta etapa, subrayó Mario Amilivia, la institución se ha ganado el respeto, la credibilidad y confianza de las Administraciones “por su objetividad e independencia, por su prudencia y discreción, lo que ha hecho posible que sus recomendaciones a las Administraciones hayan sido asumidas históricamente en más de un 97% de los casos”. Es decir, “ha consolidado su auctoritas como consecuencia de la calidad jurídica de sus dictámenes y la doctrina jurídica de ellos emanada”.


En su intervención tras la aprobación de la Memoria, añadió que el Consejo “ha sido en estos 10 años el que ha tenido una mayor actividad en el país, siendo el más reducido en su composición y que actualmente más ha visto incrementadas sus competencias, todo ello en un contexto de necesaria austeridad en el que hemos reducido el presupuesto de los 3,8 millones de euros en 2008 a los 2,6 del último ejercicio, más de un 30%, y acometido una similar reducción del personal”.

El presidente de la institución hizo hincapié en que los Consejos Consultivos “no han estado ni están cuestionados en ninguna Comunidad Autónoma” y que el informe CORA “dejado claro que no existe duplicidad alguna entre los Consejos Consultivos y el Consejo de Estado al sustituir, cada uno de ellos en su ámbito territorial, al Consejo de Estado; emitiendo dictámenes en más supuestos, con mayor cercanía y en plazos más cortos”. Añadió en este sentido que Castilla y León aprobó la Ley 4/2013, de 19 de junio, con el objetivo de mantener la existencia de las cuatro instituciones propias contempladas en el Estatuto de Autonomía, “que son a mi juicio una garantía fundamental del Estado de Derecho. Todas son imprescindibles para garantizar la calidad de nuestra democracia”.


Esta nueva Ley –agregó Amilivia- establece nuevas medidas de eficiencia y austeridad, adscribiendo presupuestariamente el Consejo a las Cortes de Castilla y León con el fin de “dimensionar el tamaño de lo público y así garantizar la existencia de las cuatro instituciones” [Consejo de Cuentas, CES, Procurador del Común y Consejo Consultivo]. En el Pleno ha estado presente Vicente Cuadrillero, secretario general de apoyo de las 4 Instituciones, “una persona con una capacidad de gestión contrastada a la que quiero dar formal y públicamente la bienvenida. Creo que esta nueva estructura de funcionamiento puede y debe ser una herramienta útil que mejore, aún más, nuestra eficiencia, siempre con el límite de nuestra autonomía e independencia institucional”.

Actividad consultiva

Los 883 dictámenes emitidos en 2013 derivaron de consultas preceptivas, a excepción de una de carácter facultativo planteada por el Ayuntamiento de Ponferrada en relación a la competencia sobre la prestación del servicio de extinción de incendios. Con ellos se han superado ya los 12.000 en el registro histórico de actividad. De estos 883 dictámenes, los derivados de consultas de responsabilidad patrimonial fueron los más numerosos con 742; por detrás se emitieron 45 sobre revisión de oficio de los actos administrativos; otros 45 de carácter jurídico-normativo [31 sobre proyectos de decreto, 13 sobre anteproyectos de ley y uno sobre legislación delegada].

El Consejo Consultivo sigue siendo proporcionalmente a su composición el de mayor carga de trabajo por el número de dictámenes emitidos y el único que ha asumido nuevas competencias. En cuanto al sentido de los dictámenes, 521 de ellos fueron desestimatorios, 125 estimatorios y 91 estimatorios parciales, correspondiendo el resto de los mismos a otro tipo de asuntos. En un total de 685 ocasiones, es decir en un 77,6% del total de las consultas, existió plena coincidencia entre la propuesta de resolución administrativa y el sentido final de los dictámenes, todo ello sin perjuicio de la decisión adoptada finalmente por la Administración, en la que también existe una alta coincidencia, elevándose este porcentaje a más del 97%, lo que pone de manifiesto la auctoritas de la institución.

En comparación con 2012 se registró un ligero ajuste en los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial, pasando de 833 a 742, lo que era previsible por el establecimiento de las nuevas cuantías mínimas para la preceptividad de este tipo de consultas, que representan el 84% del total. Destacó especialmente, en una tendencia que se mantiene a lo largo de los últimos años, el número de dictámenes sobre responsabilidad patrimonial sanitaria, que se incrementaron un 22%, pasando de 200 en 2012 a 245.

León volvió a encabezar la estadística de dictámenes por provincias con 171, el 19,4% del total, seguida de Burgos con 136 (el 15,4%), Valladolid con 129 (14,6%) y Salamanca con 123 (14%). En el balance de actividad de 2013 un total de 527 consultas dictaminadas (el 60% del total) fueron remitidas por la Administración autonómica; 354 (el 40%) por la Administración Local (Diputaciones, Ayuntamientos y Juntas Vecinales) y el resto, 2, por las Universidades de León y Burgos, respectivamente.

Por Consejerías, las que más dictámenes registraron fueron la de Sanidad con 258, y Fomento y Medio Ambiente con 170; seguidas de las de Educación con 36, Hacienda 16, Economía y Empleo 15, Familia 14, Presidencia 9, Agricultura y Ganadería 6 y Cultura y Turismo 3.

Por capitales de provincia, Burgos con 60 dictámenes, fue el Ayuntamiento que más consultas remitió al Consejo Consultivo, especialmente sobre las referidas a los daños por el mobiliario urbano; seguido por el Ayuntamiento de Salamanca con 31; Palencia 24; Segovia 23; León 6; Ávila 4; Valladolid 3; Soria 2 y Zamora 1.

Mociones y recomendaciones contenidas en la Memoria

En el apartado de mociones y recomendaciones de la Memoria, de las que se va a dar traslado a las Administraciones consultantes, Amilivia apuntó primeramente, en relación con la tramitación de los proyectos de Ley, que la Administración Autonómica ya ha acogido gran parte de ellas mediante el Acuerdo 22/2014 por el que se aprueban Medidas para la Reforma de la Administración, entre ellas, suprimir el carácter preceptivo del dictamen a los anteproyectos de Ley de Presupuestos.

En referencia a las recomendaciones sobre las consultas de responsabilidad patrimonial, insistió en la “preceptividad de nuestro dictamen, cuya ausencia vicia de nulidad el procedimiento tramitado. Lo que perseguimos un año más es garantizar los derechos de los ciudadanos otorgados por nuestro ordenamiento jurídico, de los que, por tanto, no puede disponer a su antojo la Administración de turno”.

Como novedad, en 2013 se ha puesto de manifiesto por parte del Consejo Consultivo una práctica “reiterada” por parte de las Administraciones como es la demora injustificada en la tramitación de las reclamaciones. De los dictámenes aprobados el año pasado, en un 54% de los casos se ha hecho notar la advertencia del excesivo tiempo transcurrido desde que se inicia el procedimiento, hasta que se formula la propuesta de resolución”. Comportamientos que desoyen los derechos de los castellanos y leoneses a una buena administración y a un tratamiento de sus asuntos en un tiempo razonable, contemplados en el Estatuto de Autonomía, reflexionó.

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

Mario Amilivia quiso hacer una mención especial del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, que desde el mes de marzo de 2012 ha dictado 138 resoluciones, en una tendencia claramente al alza. El año pasado se dictaron 75 resoluciones sobre una cuantía aproximada de 400 millones de euros que totalizaron los contratos recurridos. “Una tarea que hemos asumido a coste cero, con una gran esfuerzo adicional de nuestro personal y que implica un importante ahorro económico para Castilla y León”, dijo Amilivia, para insistir en que “el recurso especial en materia de contratación creado al amparo de las llamadas Directivas de Recursos, se ha configurado como un recurso rápido y eficaz, con altas tasas de éxito, y de carácter pre-contencioso, reduciéndose la litigiosidad”.

Sede

El presidente del Consejo se refirió también a la sede del Consejo, que en 2013 recibió dos nuevos premios como fueron el de la duodécima edición de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo, y el Internacional de Arquitectura en Piedra de Verona (Italia). Reconocimientos que contribuyen a que continúe siendo más conocida y valorada por la sociedad. “Ya es, de hecho, un ejemplo más del rico patrimonio arquitectónico de Zamora, y por tanto de Castilla y León. Manifestamos en anteriores memorias que este edificio iba a estar abierto desde el primer día a todos los zamoranos y al servicio de la sociedad de Castilla y León. Creo que hemos cumplido”, señaló. En esta línea, añadió, ha albergado durante el último año tres congresos de ámbito nacional, nueve jornadas, y otra serie de eventos sociales y culturales, todo ello en un afán de cercanía a los ciudadanos y colaboración institucional. Como dato más expresivo de todo lo dicho, más de 5.000 personas visitaron el edificio en 2013.