Consejo Consultivo de Castilla y León

EL CONSEJO CONSULTIVO APRUEBA 956 DICTAMENES EN 2012 Y SUPERA LOS 11.000 EN SU REGISTRO HISTORICO

• En 2012 asumió también las funciones de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad, con 31 resoluciones aprobadas
• En 212 dictámenes –el 25,5%- el Consejo estimó total o parcialmente las indemnizaciones de las consultas de responsabilidad patrimonial
• Intervino en procedimientos de responsabilidad patrimonial por importe de 31,7 millones de euros, 24,5 de ellos por consultas del ámbito sanitario

El Consejo Consultivo de Castilla y León cerró el año 2012 con la aprobación de un total de 956 dictámenes, todos ellos derivados de consultas de carácter preceptivo, tal y como recoge el artículo 4º de la Ley Reguladora de la Institución, Ley 1/2001, de 9 de abril. El Consejo recibió 1.005 expedientes de consulta en 2012, 74 de los cuales fueron devueltos por no cumplir con los requisitos establecidos para ser dictaminados. Se aprobaron 4 dictámenes sobre consultas del año 2010, 90 del año 2011 y 862 de 2012.

Además viene desarrollando las funciones, desde el momento de su creación el pasado mes de marzo por encomienda de la Junta, de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. Desde entonces, ha aprobado un total de 31 resoluciones.

El Consejo Consultivo celebró reuniones de secciones y plenos en los ayuntamientos de Avila, Toro, San Andrés del Rabanedo y La Bañeza, así como en la sede de la Federación Regional de Municipios y Provincias al objeto de seguir acercando la función consultiva a los ciudadanos y administraciones en general, dentro de una campaña de jornadas institucionales en las que la Institución se desplazó a 24 ayuntamientos de Castilla y León. Gracias a ella más de 50 nuevos ayuntamientos comenzaron el año pasado a cumplir con la solicitud de dictámenes preceptivos.

Los 956 dictámenes aprobados en el ejercicio recién terminado suponen el 8,6% de todas las consultas dictaminadas desde el inicio de la función consultiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma, en noviembre de 2003, hasta la actualidad, que ascienden a 11.121. Como consecuencia del establecimiento de la cuantía mínima de 1.000 euros –a partir de la aprobación de la Ley 5/2011, de 19 de septiembre- para el dictamen de las consultas sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a las distintas administraciones han dejado de emitirse casi en su totalidad aquellas relacionadas con el ámbito escolar (accidentes en los colegios) y con los daños del oso pardo. También ha descendido el número de dictámenes sobre daños por el mal estado de las calzadas y otros del ámbito de los servicios urbanos. En todos estos casos ya existía una doctrina jurídica consolidada que conocen perfectamente las administraciones, y que tienen en consideración en sus resoluciones, que es precisamente lo que perseguía la Institución. No obstante, el Consejo Consultivo de Castilla y León es el que más dictámenes emite en proporción a sus miembros, presumiblemente el segundo en actividad y el único que asume otras competencias.

Esta es la secuencia histórica de dictámenes emitidos:

El Consejo aprobó 22 dictámenes de carácter jurídico-normativo (10 sobre Anteproyectos de Ley y 12 sobre reglamentos ejecutivos). En sus diez años de actividad, la Institución que preside Mario Amilivia ha aprobado 313 dictámenes de este tipo.

DICTÁMENES APROBADOS POR PROVINCIAS: LEÓN SIGUE PRIMERA

En 2012, un año más, León volvió a encabezar la estadística de dictámenes por provincias con 165, el 20% del total. La provincia registra el mayor número de consultas pese a haberse reducido drásticamente las consultas por los daños de algunas especies como el oso pardo, que venían generando de media un centenar de consultas anuales. Le siguen las provincias de Burgos con 136, el 14,2% del total; Salamanca con 126, el 13,2% y Valladolid, 124, el 13%.

• La mayoría de los dictámenes derivaron en el ejercicio 2012, un año más, de las consultas sobre responsabilidad patrimonial. Fueron concretamente 833, el 87%. Desde el inicio de la función consultiva se han aprobado 9.890 dictámenes de este tipo.
• Revisión de oficio de los actos administrativos: se emitieron 51, el 5,3% por ciento. Desde 2003 se han aprobado 397.
• Contratación administrativa: se aprobaron 39 dictámenes, el 4,08%. Desde el inicio de la función consultiva se han aprobado 210.
• Recursos administrativos: se aprobaron 8 dictámenes, el 0,8%. Hasta la fecha se han emitido 151.
• Reglamentos ejecutivos (proyectos de decreto): se emitieron 12, el 1,26%. Desde 2003 se ha emitido 213 dictámenes de este tipo.
• Anteproyectos de Ley: se emitieron 10 dictámenes, el 1,05%. Desde el inicio de la función consultiva se han emitido ya 100.
• Régimen Local: se aprobaron 3, el 0,3% y son 38 los emitidos desde 2003.

Han descendido con respecto a 2011 los dictámenes sobre revisión de oficio de los actos administrativos (de 120 a 51). Aumentaron, sin embargo, los dictámenes sobre Anteproyectos de Ley (3 más); contratación administrativa (pasaron de 34 a 39) y se mantuvieron prácticamente igual los de régimen local.

DICTÁMENES POR AUTORIDAD CONSULTANTE

El 45,3% de las consultas dictaminadas (433) fueron remitidas por la Administración Local; el 54,5% (521) por la Administración autonómica y el resto (2) por la Universidad de León.

Dentro de la Administración autonómica, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente fue la que mayor número de informes registró (252), el 26,3% del total, seguida de la de Sanidad (220), el 23%; Hacienda (17), el 1,8%; Educación (13), el 1,36%; Familia e Igualdad de Oportunidades (7), el 0,7%; Presidencia (6), el 0,63%; Economía y Empleo (3), el 0,31%; Agricultura y Ganadería (2), el 0,21% y Cultura y Turismo (1), el 0,10%.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

En 2012 se han aprobado 833 dictámenes sobre responsabilidad patrimonial, representando el 87,13% del total. Desde el inicio de la función consultiva se han emitido 9.890 dictámenes de este tipo, el 88,9% del total. Es decir, 9 de cada diez dictámenes despachados por el Consultivo derivan históricamente de consultas de la Administración (Junta, Diputaciones y Corporaciones Locales) sobre reclamaciones por los daños y perjuicios causados por la actividad normal o anormal de aquéllas.

Secuencia de dictámenes sobre responsabilidad patrimonial:

En 2012, el mayor número de ellos (242, el 29%) derivó de consultas sobre accidentes de circulación por la irrupción de animales en las carreteras, seguido de los dictámenes por reclamaciones en el ámbito sanitario (200, el 24%); por reclamaciones a causa del mal estado del mobiliario urbano (129, el 15,5%); por accidentes a causa del mal estado de las calzadas (116, el 14%); por los daños englobados en “otras causas” (102, el 12,24%); por los daños de la fauna cinegética (27, el 3,24%); por reclamaciones de funcionarios en procesos de selección y provisión de plazas (8, el 0,96%); por reclamaciones de funcionarios durante su actividad profesional (5, el 0,60%) y por accidentes en el ámbito escolar (4, el 0,48%).

En 2012 aumentaron los dictámenes sobre accidentes por la irrupción de animales en las carreteras (pasaron de 221 a 242) y se mantuvieron prácticamente igual los dictámenes sobre actividad profesional, selección y provisión de plazas de funcionarios, y los del ámbito sanitario.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CUANTÍAS

El Consejo Consultivo depura el principio de responsabilidad patrimonial y con ello contribuye al ahorro de mucho dinero público. El conjunto de las indemnizaciones solicitadas en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial sumó en 2012 un total de 31.709.062 euros. De ellas, las del ámbito sanitario alcanzaron los 24,5 millones de euros, representando el 77%; seguidas de las contenidas en las consultas de “otras causas”, todas ellas por daños generados en el ámbito municipal, 3,8 millones de euros; las de los accidentes por el mal estado de las calzadas, 1,2 millones de euros; las del mal estado por el mobiliario urbano, 816.377 euros, y las de los accidentes por atropello de animales, 719.000.

En un total de 212 dictámenes, el 25,5% del total de las consultas sobre responsabilidad patrimonial, el Consejo Consultivo estimó total o parcialmente las indemnizaciones reclamadas que figuraban en las consultas.
El dictamen de responsabilidad patrimonial con la cuantía más elevada en 2012 fue el nº 623/2012 por una reclamación del ámbito sanitario sobre mala praxis en la que se solicitaban 3 millones de euros y finalmente se resolvió en un sentido estimatorio parcial, reconociéndose una indemnización para los afectados por importe de 785.000 euros.

DICTÁMENES DEL ÁMBITO SANITARIO

Las provincias de Valladolid, León y Burgos originaron el mayor número de consultas despachadas por el Consejo Consultivo en 2012. Estas tres provincias concentraron 133 dictámenes, el 66% de los emitidos en el ámbito sanitario: Valladolid 53, León 40 y Burgos 39, lo que es coherente al tratarse de las provincias más pobladas de la Comunidad. El año pasado la primera provincia en este tipo de dictámenes fue Salamanca, y León también ha estado varios años encabezando la estadística. Valladolid también registró el mayor número de ellos en el ejercicio de 2010.

Los dictámenes de ámbito sanitario registraron en 2012 un descenso del 14% con respecto a los aprobados en 2011 (de 233 a 200) como consecuencia del establecimiento de la cuantía mínima de 1.000 euros para el dictamen de reclamaciones de responsabilidad patrimonial. El año 2009 fue el ejercicio en que se emitió el mayor número de dictámenes ‘sanitarios’, aquellos en los que se reclama por una deficiente asistencia por parte de los servicios médicos.

Secuencia de dictámenes ‘sanitarios’ por años:

La mala praxis (supuestas negligencias médicas) fue la causa de la reclamación en 165 de los dictámenes emitidos, el 82,5%. En segundo lugar se encuentran las reclamaciones por “otras causas” con 25 dictámenes: denegación de asistencia, extravío de prótesis o daños en las puertas de acceso; en tercer lugar las generadas por el mal funcionamiento de la Administración sanitaria con 5 dictámenes: errores, cancelación de citas médicas, etc. y en tercer lugar por las caídas en los centros, con 5 dictámenes. El resto se trata de otro tipo de incidencias no vinculadas directamente con los centros e instalaciones sanitarias.

AÑO DE LA RENOVACION Y DEL TRASLADO A LA NUEVA SEDE

2012 fue también el año de la primera renovación de la Institución, en la que Mario Amilivia fue reelegido por los consejeros Fernando Rey, Angel Velasco y José C. Nalda para un nuevo mandato de 6 años. Durante el acto de toma de posesión de los consejeros, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ponderó el trabajo del Consejo Consultivo: “El Consejo ha cumplido con unas expectativas, con una confianza. Esos más de 10.000 dictámenes durante un poquito más de 8 años de trabajo efectivo ponen de relieve el servicio a la sociedad”, destacó.

Herrera abogó porque el Consejo profundice en esta nueva etapa en la labor consultiva para que exista “un mejor gobierno” por parte de todas las instituciones que requieren los dictámenes y para que desde la cercanía se lleve al ánimo de los ciudadanos la utilidad y aportación práctica de esta Institución de autogobierno de la Comunidad. Como “institución al servicio de los ciudadanos” ha realizado un servicio cotidiano de “gota a gota” en la resolución de conflictos.

2012 fue también el año del traslado a la nueva sede del Consejo, un edificio moderno y de arquitectura singular que lleva el sello de Alberto Campo Baeza enclavado en la plaza de la Catedral de Zamora. Desde su apertura en el mes de septiembre pasado, uno de los principales objetivos de la Institución es ponerlo al servicio de los ciudadanos. Así, el presidente ha firmado convenios con el Colegio de Abogados de Zamora y con el Procurador del Común, mientras están ultimados convenios similares con otros colectivos y agrupaciones profesionales. Además, en colaboración con la Diputación de Zamora, se celebraron las I Jornadas sobre Función Consultiva y Administración Local. Durante estos meses, numerosas personas han recorrido el recinto y ya se ha organizado un programa de visitas guiadas.

Ante la próxima modificación del funcionamiento y la organización de las instituciones propias de Castilla y León, el Consejo Consultivo valora muy positivamente la asunción de nuevas competencias establecidas en la modificación proyectada y en concreto con la posibilidad de emitir dictamen en relación con los Acuerdos de colaboración dirigidos a llevar a cabo acciones de proyección exterior de la Comunidad, previstos en el artículo 67 del Estatuto de Autonomía, cuya firma corresponda al Presidente de la Junta de Castilla y León; con la encomienda, por parte de la Junta, de poder elaborar de propuestas legislativas y, desde el punto de vista procedimental, con el hecho de que los ayuntamientos puedan formular directamente consulta facultativa al Consejo Consultivo, cuando así lo acuerde el pleno de las Corporaciones Locales en aquellos asuntos que por su especial trascendencia o repercusión, apreciada por el Consejo, lo requieran.

Esta modificación de la ley, que ya se encuentra en tramitación, es decir, en periodo de alegaciones, está pendiente de dictamen preceptivo y del procedimiento de elaboración en las Cortes, y es expresión del consenso político.

BALANCE DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE CASTILLA Y LEON

Desde el pasado mes de marzo, cuando inició sus funciones en el propio Consejo Consultivo el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL), se han tramitado 34 recursos administrativos y se han aprobado un total de 31 resoluciones: 8 estimatorias, 17 desestimatorias, 1 estimatoria parcial y en 5 supuestos se resolvió la inadmisión.

Este Tribunal que preside Mario Amilivia se creó por la Ley de las Cortes de Castilla y León 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, como órgano administrativo competente para el conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación y de las cuestiones de nulidad contractual, de acuerdo con la Ley.

16 de los recursos resueltos derivaron de expedientes de contratación de la Junta de Castilla y León; 14 del ámbito local y 1 de la Universidad de Valladolid. Los del ámbito de la Administración autonómica fueron 10 de la Consejería de Sanidad, 3 de la de Fomento, 2 de la de Educación y 1 de la de Hacienda. Los del ámbito de la Administración Local derivaron de ayuntamientos de las provincias de Valladolid, Burgos, Palencia, Salamanca, así como de las Diputaciones de Valladolid y Avila.

Los recurrentes iniciaron los expedientes fundamentalmente por estar en contra de la adjudicación del contrato en 13 asuntos; por estar en contra del pliego de condiciones -7 asuntos-; por exclusión al faltar documentación y requisitos -5-; por cuestiones relacionadas con la clasificación de ofertas -5- y en un supuesto por la presentación de oferta fuera de plazo.

Trece de los contratos objeto de recurso eran del ámbito de toda la Comunidad Autónoma, mientras que 10 estaban circunscritos a las provincias de Valladolid y Palencia, 3 a la de Salamanca, 4 a las de León y Burgos, y 1 a la de Avila.

El Tribunal, cuyo trabajo no implica incremento de gasto público, garantiza, de una parte, el trato no discriminatorio y la igualdad de los contratantes y, de otra, que las decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores puedan ser recurridas y resueltas, de acuerdo con el procedimiento establecido, de manera eficaz, lo más rápidamente posible, antes de que el contrato se haya celebrado y formalizado.