Suben las consultas por accidentes en el ámbito escolar y las "sanitarias"
SUBEN LAS CONSULTAS POR ACCIDENTES EN EL AMBITO ESCOLAR Y LAS "SANITARIAS"; DESCIENDEN LAS ORIGINADAS POR ATROPELLO DE ANIMALES Y EL MAL ESTADO DE LAS ACERAS
La institución que sustituye al Consejo de Estado en Castilla y León ha dictaminado ya tres leyes, 14 decretos, 40 revisiones de oficio, 17 informes de contratación administrativa y 19 recursos
El Consejo Consultivo de Castilla y León, institución que sustituye y cumple con las funciones del Consejo de Estado en la Comunidad Autónoma, sumó esta semana 28 dictámenes más, con lo que son 967 los despachados en lo que va de año, el 90% derivados de reclamaciones por el normal o anormal funcionamiento de los servicios de las distintas administraciones públicas. Durante el ejercicio anterior, la institución presidida por Mario Amilivia González aprobó un total de 1.130 informes.
Hasta el momento, los consejeros han dictaminado tres leyes, 14 decretos, un proyecto de legislación delegada, 40 revisiones de oficio de los actos administrativos, 17 informes de contratación administrativa (resoluciones de contrato), tres convenios y/o acuerdos de colaboración de Castilla y León con otros gobiernos autonómicos, tres informes sobre Régimen Local y 19 sobre recursos administrativos.
Los dictámenes sobre acuerdos de colaboración con otras comunidades autónomas son los relativos al convenio entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León para la colaboración en materia de transporte sanitario; al convenio de colaboración entre las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares para la coordinación de sus redes de centros de acogida a la mujer víctima de violencia de género y al convenio de colaboración entre las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares para el reconocimiento recíproco de las licencias de caza y de pesca recreativa en aguas interiores.
La estadística provisional del Consejo refleja en estos momento y en comparación con los datos del año pasado un descenso de las consultas por reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a las administraciones autonómica y/o local a causa de atropellos de animales en las carreteras y por accidentes derivados del mal estado del mobiliario urbano y de las calzadas. Por el contrario, ya se han dictaminado 46 reclamaciones por daños en los centros escolares (el año pasado se emitieron 13 informes) y 162 reclamaciones por asistencias sanitarias (en 2008 se dictaminaron 175). León y Valladolid son las provincias en las que, de momento, se han originado el mayor número de consultas ´sanitarias´: 44 y 37 respectivamente.
Por provincias, teniendo en cuenta todas las materias objeto de consulta y sin incluir las reuniones de secciones del pasado jueves, la provincia de León sigue encabezando el número de consultas tramitadas por el Consejo (178), seguida de Palencia (176), Salamanca (134), Burgos (127), Valladolid (95), Zamora (67), Segovia (62), Soria (41) y Avila (31).
Balance de la reunión del jueves 10 de septiembre
Los consejeros aprobaron 21 dictámenes en la reunión de la Sección Primera y siete en la segunda. La mitad de los informes despachados el jueves fueron de reclamaciones presentadas contra la Administración de la Comunidad por agricultores burgaleses debido a los daños y perjuicios derivados del retraso en la comunicación de la contaminación por nematodo del quiste (Globodera sp.) en parcelas destinadas a la producción de patata de siembra.
Además se dictaminaron siete expedientes iniciados en la ciudad de Salamanca por daños derivados del saneamiento municipal, el mal estado de las calzadas, el funcionamiento de un bolardo, el mal estado de las aceras y los efectos de unas obras municipales en una comunidad de propietarios.
También se dictaminó una reclamación por el atropello de un corzo en una de las carreteras de la Reserva de la Culebra, en Zamora; una consulta sobre una revisión de oficio del Ayuntamiento de Valladolid y una reclamación por una agresión sufrida por un docente en un centro de la provincia de Salamanca. El criterio del Consejo Consultivo es que en estos casos –el ámbito escolar- ha de ser indemnizado el daño, siguiendo el criterio del Consejo de Estado que ha señalado reiteradamente “que es un principio de la legislación de funcionarios que los servidores públicos deben quedar indemnes en el ejercicio de sus funciones, tal y como ya señalaba el artículo 23.4 de la Ley 30/1984, e 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, de carácter básico”. El artículo 28 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que “los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio”. Por su parte, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León el artículo 57.1 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, recoge el derecho profesional de los funcionarios públicos “a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio establecidas legalmente”.
