Artículo de opinión del Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León

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El Consejo Consultivo de Castilla y León acaba de cumplir sus primeros cinco años de servicio al conjunto de la Comunidad Autónoma. La constitución y puesta en funcionamiento del superior órgano consultivo de la Junta y de la Administración de la Comunidad supuso un verdadero reto en 2003. Hoy se puede concluir que es una institución madura y respetada, que ha ido forjando su auctoritas gracias al general reconocimiento de su labor, que se refleja en el respeto y consideración a lo dictaminado en resoluciones finales y disposiciones adoptadas por las autoridades consultantes, y la repercusión social que han tenido algunos de sus dictámenes.

El Consejo Consultivo ha cumplido y cumple por medio de los dictámenes que realiza con las tres principales funciones que tiene encomendadas: auxiliar a la autoridad consultante en el ejercicio de sus competencias, garantizar que el órgano o autoridad consultante actúe en los términos establecidos en el artículo 103 de la Constitución, esto es, servir con objetividad a los intereses generales y constituir un control previo de la legalidad. Esta institución, que debe ser cada vez más conocida no sólo por los agentes jurídicos sino también por los ciudadanos en general, coadyuva para conseguir que la Administración tome las mejores decisiones posibles, avaladas por lo que llamaríamos un “sello de calidad legal”, es decir, una certificación previa de legalidad. Su cometido, por tanto, es actuar como garantía de la adecuación de la actividad de la Administración autonómica y de las Administraciones locales de Castilla y León al ordenamiento jurídico, lo que, en último término, repercute directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos de esta Comunidad. Las instituciones consultivas, según Paloma Biglino Campos, “desempeñan una importante misión que muchas veces se sitúa en el centro de la relación entre los ciudadanos y la Administración”. Se trata, en definitiva, de una institución al servicio pleno del pueblo de Castilla y León. Y es que las decisiones acordadas colegiadamente mediante la emisión de los correspondientes dictámenes –1.188 en el año 2007- afectan en gran medida a los derechos e intereses de los particulares. Pero, ¿de qué forma están implicados en esta institución los intereses de los castellanos y leoneses? Esta influencia se manifiesta en tres aspectos básicos: los asuntos que afectan a todos los ciudadanos por igual; los que afectan a determinados grupos de ciudadanos en función de su ámbito geográfico y aquellos que atañen a los castellanos y leoneses a título individual.

Dentro del primer grupo se encuentran, por ejemplo, los proyectos normativos, cuyos dictámenes tratan de garantizar la constitucionalidad y estatutoriedad de la actividad normativa de la Comunidad Autónoma. Así, desde 2003 han sido dictaminados medio centenar de Anteproyectos de Ley; tres proyectos de legislación delegada, cerca de 130 Reglamentos ejecutivos, esto es, proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones; el anteproyecto de Reforma del Estatuto y una docena de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia.

En el nivel intermedio se encuentran los casi cincuenta dictámenes sobre modificaciones de los planes urbanísticos cuando han tenido por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes; el centenar de informes sobre revisiones de oficio de los actos administrativos, que han podido afectar a una pluralidad de personas –caso de los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares-; la adjudicación de destinos de los aprobados en un concurso-oposición o los instrumentos de planeamiento. También cabe señalar en este apartado la quincena de dictámenes sobre creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales o la decena de convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas.

El tercer nivel es el que afecta a los ciudadanos a título particular y es también el que más consultas ha registrado en estos cinco años. Las más de 4.000 reclamaciones de responsabilidad patrimonial de otros tantos ciudadanos de la Comunidad tramitadas por el Consejo constituyeron buena parte del trabajo de la institución. En estos casos, el dictamen trata de discernir sobre si existe relación de causa-efecto entre la actividad de un ayuntamiento, una diputación o de la Junta y el daño o perjuicio sufrido por el particular que reclama y, en caso necesario, sobre el importe de la indemnización. En estos casos, detrás de cada expediente hay un interesado y una reclamación que puede referirse a una consulta de responsabilidad patrimonial por un accidente provocado por el mal estado de las carreteras, por una deficiente asistencia sanitaria o por los daños de la fauna salvaje en el ganado o los cultivos.

El Consejo Consultivo ha ratificado en numerosas ocasiones la propuesta, estimatoria o desestimatoria, de la Administración consultante. Sin embargo, en otras ocasiones ha discrepado del parecer de ésta. Además, afectan directamente a los castellanos y leoneses los dictámenes sobre la interpretación, nulidad y resolución de los contratos y concesiones administrativas, tanto en caso de modificaciones puntuales como cuando se fórmula oposición por parte de una concesionaria.

En resumen, una gran variedad de asuntos sobre los que dan fe los cerca de 4.900 expedientes tramitados por la institución hasta la fecha. En más del 99% de los casos las distintas administraciones vienen siguiendo la doctrina de los dictámenes de este Consejo y sólo en el 14% de los casos se ha dictaminado contrariamente al parecer de la Administración. No debe verse, pues, el trabajo desarrollado por esta institución como un trámite burocrático más o un intento de poner trabas y controlar a la Administración: el Consejo que me honro en presidir busca, en ese afán de servicio público, lograr el acierto del gobernante en su quehacer diario, el respeto debido a las reglas básicas de la buena técnica jurídica y, no menos importante, la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.

MARIO AMILIVIA GONZALEZ
Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León
Zamora Junio 2008