. El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León firmará con el rector de la Universidad de Salamanca un Acuerdo Marco en el ámbito de formación especializada en materia jurídica

. Salamanca acogerá la primera reunión de trabajo del superior órgano consultivo de la administración de la Comunidad y del Tribunal Administrativo de Contratación Pública que se realiza fuera de su sede en Zamora

. El Consejo Consultivo es una institución de Castilla y León, con sede en Zamora, que vela a través de sus dictámenes y resoluciones por el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico, salvaguardando los derechos de los ciudadanos y coadyuvando a que las distintas administraciones consultantes adopten sus acuerdos conforme al principio de legalidad

El Consejo Consultivo de Castilla y León realizará, el próximo lunes 10 de junio, una jornada de trabajo en la Universidad Salamanca.

El presidente, Agustín S. de Vega, los consejeros, Valle Ares y Francisco Ramos, y los secretarios del Consejo y del TARCCYL, María García Fonseca (letrada jefe) y Luis Gracia, mantendrán en la USAL la habitual reunión del superior órgano consultivo de la Administración de la Comunidad y la del TARCCYL, Tribunal Administrativo de Contratación Pública, adscrito al Consejo Consultivo de Castilla y León.

Asimismo, el presidente de la institución firmará con el rector de la Universidad de Salamanca un Acuerdo Marco en el ámbito de formación especializada en materia jurídica.

Esta será la primera jornada que se realiza fuera de la sede posibilitando con este encuentro acercar la realidad cotidiana de la institución a la sociedad salmantina y de Castilla y León, una de las prioridades marcadas por el presidente de la institución en su discurso de toma de posesión. 

El Consejo Consultivo es una institución de Castilla y León, con sede en Zamora, que vela a través de sus dictámenes y resoluciones por el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico, salvaguardando los derechos de los ciudadanos y coadyuvando a que las distintas administraciones consultantes adopten sus acuerdos conforme al principio de legalidad.