En relación con el importe de la indemnización a abonar, puede suceder que el interesado cuantifique los daños sufridos pero no justifique dicha valoración en informe o documento alguno; y que obre en el expediente uno o varios informes elaborados por la propia Administración en los que se estima la cuantía de los daños en una cantidad superior; lo que plantea la cuestión de si debe o no aplicarse a estos supuestos el principio de congruencia. 

La obligación de la Administración de actuar conforme al principio de congruencia ha sido matizada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al declarar reiteradamente que dicho principio “no tiene en el ámbito administrativo un alcance tan estricto como en el jurisdiccional porque la Administración debe decidir todas las cuestiones que se deriven del expediente en función del interés público implicado, con el único límite de no agravar la situación inicial del solicitante (…)”, (por todas, Sentencia de 22 de marzo de 2004). En consecuencia, habrá que atender a la documentación obrante en el expediente en cada caso. 

En los supuestos referidos, si los únicos documentos justificativos de la valoración de los daños son los elaborados por la Administración y si el interesado no aporta justificación alguna de la cantidad reclamada ni siquiera en el trámite de audiencia (lo que permite entender que el interesado está conforme con la valoración realizada por la Administración), el importe de la indemnización deberá ser el propuesto por la Administración, aunque la cuantía sea superior a la solicitada, de conformidad con los informes emitidos por ésta.

(Dictámenes 146/2006, de 16 de febrero, 255/2007, de 19 de abril, 1057/2009, de 4 de noviembre, 580/2010, de 17 de junio, 1.213/2011, de 11 de octubre, 404/2013, de 6 de junio, 867/2013, de 16 de enero de 2014).