* Introducción

Entre los supuestos de responsabilidad patrimonial objeto de dictamen por el Consejo Consultivo se encuentran los de daños ocasionados en el vehículo en accidentes causados por un mal estado de la calzada como consecuencia de la existencia en ella de obstáculos (piedras desprendidas desde sus proximidades, restos del paso de otros vehículos, baches, gravilla, etc.), o por la irrupción de animales (jabalíes, ciervos u otras especies cinegéticas, perros abandonados, etc.).

Una vez que, al dictaminar sobre el asunto sometido a consulta, se determina la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración al apreciar la concurrencia de los requisitos a que se refiere la normativa reguladora (artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo), en especial la existencia del nexo causal entre los daños sufridos y el funcionamiento del servicio público, y por tanto se concluye la procedencia de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a un interesado, que no tiene obligación de soportar, se plantea la cuestión de determinar la cuantía que debe reconocérsele en concepto de indemnización. 

El problema se evidencia cuando existe diferencia entre el importe de la reparación y el valor venal del vehículo y la Administración consultante toma como referencia el valor venal de aquél como criterio para fijar la indemnización.


* Posibles soluciones 

En relación con esta cuestión, los Tribunales ofrecen tres soluciones distintas que, en síntesis, son las siguientes (recogidas por la Sentencia de 19 de diciembre de 2002 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra):

1ª) La valorativa, que atiende al valor en venta del vehículo, por considerar desproporcionada o exorbitante la prestación que se exige y apunta a la eliminación de un posible enriquecimiento sin causa.

2ª) La radical contraria, llamada de la restitutio in natura, amparada en que la reparación del daño es la solución indemnizatoria principal de acuerdo con la doctrina de que, cuando la cuantía de la reparación del vehículo siniestrado pudiera ser superior al valor en venta que éste alcanzara al tiempo de sobrevenir el accidente, ello no podría obligar al perjudicado a admitir que se le sustituya por otro de idénticas o similares características y estado de conservación del que tenía en lugar de procederse a su restauración, no sólo por la dificultad de encontrar en el mercado otro vehículo de ocasión de semejantes características, sino también por los vicios o defectos ocultos que pudiera tener el adquirido y la falta de seguridad en cuanto a su posterior funcionamiento. 

Así, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 28 de mayo de 1999, y la Audiencia Nacional, en la Sentencia de 1 de junio de 2001, señala «el valor venal, por sí solo, no constituye reparación suficiente pues no repone al perjudicado en la situación anterior al siniestro, en la que disponía de un vehículo propio que satisfacía un valor de uso notablemente superior al valor venal». En sentido similar se pronuncia la Sentencia de 27 de septiembre de 2002 de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sala de Burgos) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 

3ª) La tesis ecléctica, que mantiene la procedencia de fijar una indemnización más equitativa, superior al simple valor venal e inferior a su coste de reparación –cuantía de los daños sufridos– (Sentencias de las Audiencias Provinciales de León de 15 de noviembre de 1991, de Burgos de 31 de octubre de 1991, de Cádiz de 28 de mayo de 1991, de Barcelona de 18 de marzo de 1993, de Pontevedra de 18 de julio de 1994 y de Valencia de 15 de febrero de 1995, entre otras), que tiene en cuenta y pondera las circunstancias del caso concreto enjuiciado. 

La Sentencia de 19 de diciembre de 2002 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, antes mencionada, resume y resuelve la cuestión en los siguientes términos: “Así pues teóricamente la reparación debiera consistir en la reposición de la cosa al estado y valor que tenía al momento en que el daño sobreviene. Cuando la reparación excede en mucho al valor venal del vehículo en la fecha del accidente, de llevarse a cabo supondría para el responsable del daño un sacrificio desmedido que sobrepasaría el ámbito de reponer las cosas al estado anterior al daño. Para el perjudicado, por otro lado, implicaría la recuperación de la cosa en un estado o situación mejorada y con un valor económico superior respecto del que tenía al momento de producirse aquel. Pero tampoco sería justo otorgar al titular del vehículo siniestrado la cantidad por el valor en venta, puesto que con él no se obtiene satisfacción de un perjuicio toda vez que con él no podría reparar ni obtener otro de iguales características porque el titular cuenta con un valor en uso distinto del valor de mercado. Por lo tanto, la posición que esta Sala estima más justa se cifra en valorar conjuntamente, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, al valor venal del vehículo más el valor de afección –25% del valor venal– (que algunos asimilan al valor en uso) atendiendo a la antigüedad del vehículo y a su destino, uso y estado acreditado en el momento del evento dañoso”. 

El porcentaje sobre el valor venal suele variar según las circunstancias del caso, y sentencias del orden jurisdiccional civil lo fijan en una cuantía que oscila desde un 20% hasta un 50%, según los casos, e incluso en algunas se han fijado porcentajes menores y también superiores. 

Por su parte el Tribunal Supremo afirma (Sentencia de 28 de mayo de 1999) que “el valor venal, por sí sólo no constituye reparación suficiente pues no repone al perjudicado en la situación anterior al siniestro, en la que disponía de un vehículo propio que satisfacía un valor de uso notablemente superior al valor venal”. 

Esta objeción del Tribunal Supremo podría salvarse con la fijación del porcentaje de afección, que se añadiría a la cantidad en que se concretara el valor venal del vehículo. 

El Dictamen del Consejo de Estado 2.661/2001, de 11 de octubre de 2001, mantiene, como doctrina reiterada, que “en los casos en los que no se justifique mediante factura el haber realizado efectivamente la reparación que se reclama, y por tanto incurrido en el coste concreto de la misma, procede entregar el valor venal del vehículo, sin que resulte exigible a la Administración pagar el sobreprecio que derivaría de una reparación cuyo importe sería superior al de la sustitución en términos equivalentes, también de antigüedad, del bien siniestrado”. 

En igual sentido, en el Dictamen 917/2003 mantiene que deberá indemnizarse al perjudicado “con la cantidad a que ascienda el valor venal del vehículo al no haberse procedido por éste a la reparación del vehículo, ni haber desembolsado importe alguno por tal concepto”.


* Posición del Consejo Consultivo de Castilla y León 

Son muchos los expedientes de responsabilidad patrimonial que se remiten al Consejo Consultivo de Castilla y León sobre daños causados en vehículos, en algunos de los cuales se propone estimar la reclamación y se reconoce, por tanto, una indemnización. Sin embargo, en la mayoría de estos supuestos la Administración consultante no realiza ninguna referencia al valor venal de los vehículos accidentados para determinar, precisamente, el quantum al que debe ascender la indemnización que se reconoce. 

En principio no hay problema, a juicio de este Consejo Consultivo, para, si en el expediente figura la factura abonada por el particular o por su compañía aseguradora (en función de quién plantee la reclamación) que incluya el importe que realmente se ha desembolsado para la reparación del vehículo, tener en cuenta el importe que figure en dicha factura. Se emplea la expresión “en principio” porque también podría plantearse qué hacer cuando existiese una diferencia desorbitada entre el valor venal del vehículo y el importe real de la reparación. Esta cuestión podría, sin embargo, considerarse resuelta por el Consejo de Estado, que en los dictámenes a que ya se ha hecho referencia mantiene, como doctrina reiterada, que “en los casos en los que no se justifique mediante factura el haber realizado efectivamente la reparación que se reclama, y por tanto incurrido en el coste concreto de la misma, procede entregar el valor venal del vehículo, sin que resulte exigible a la Administración pagar el sobreprecio que derivaría de una reparación cuyo importe sería superior al de la sustitución en términos equivalentes, también de antigüedad, del bien siniestrado”. 

A la luz de esta postura, puede concluirse que, cuando exista una factura en la que se refleje el importe de la reparación, será ésta la cuantía a la que haya de atenderse para determinar el importe de la indemnización. 

Ahora bien, el problema se plantea realmente cuando en lugar de una factura se acompaña un presupuesto de reparación, opción perfectamente válida, puesto que no puede exigirse a una persona que ha sufrido un daño antijurídico y que, por ende, no tiene ninguna obligación de soportarlo, que además adelante el importe de la reparación que, en su caso, precise el vehículo accidentado, sobre todo en aquellos supuestos en que se vea comprometida su solvencia económica para hacer frente a esos gastos sobrevenidos, y necesite acudir a fuentes de financiación externa para poder reparar un vehículo, de cuyo uso se ha visto privado por una causa que no le es imputable. 

Ante estas circunstancias, el riesgo que está presente en tales situaciones es la posible desigualdad de trato a que se ven sometidos los perjudicados, ya que la indemnización que reciban, en los casos en que les corresponda, puede estar condicionada por la instrucción que realice la Administración consultante. 

Esto es, si la administración que instruye un determinado procedimiento de responsabilidad patrimonial utiliza el parámetro del valor venal del vehículo para determinar el importe de la indemnización (sin perjuicio de que a ese valor adicione un porcentaje de afección en función de las circunstancias que concurran), casi con toda seguridad el importe de esa indemnización será inferior al que resultaría en ese mismo supuesto si la Administración que instruye no tiene en cuenta tal parámetro y opta por indemnizar en la cuantía que resulte del presupuesto de reparación presentado, una vez cotejado por uno de sus técnicos especialistas en la materia. 

De acuerdo con los criterios expuestos, el Consejo Consultivo en su Dictamen 1401/2009, de 4 de febrero de 2010, en un supuesto en el que solo se aportaba informe pericial (no la factura) sobre la reparación del vehículo, optó por informar que debía abonarse al reclamante su valor venal, deducida la cuantía correspondiente a los restos del vehículo (a los efectos de evitar un enriquecimiento injusto), a lo que debía añadirse el porcentaje correspondiente al valor de afección, calculado a la vista de la antigüedad del vehículo y de su deterioro, uso y estado acreditado en el momento del evento dañoso. 


(Memoria del Consejo Consultivo del año 2010 y Dictamen 560/2014, de 3 de diciembre)