Cuando exista una factura que refleje el coste de la reparación, será ésta la cuantía a la que haya de atenderse para determinar el importe de la indemnización. 

Para acreditar el daño es perfectamente válido aportar, en lugar de una factura, un presupuesto de reparación, ya que no puede exigirse a una persona que ha sufrido un daño antijurídico, y que, por ende, no tiene obligación de soportarlo, que además adelante el importe de la necesaria reparación, sobre todo en aquellos supuestos en que se vea comprometida su solvencia económica para hacer frente a esos gastos sobrevenidos y necesite acudir a fuentes de financiación externa para poder afrontar la reparación de un bien, de cuyo uso se ha visto privado por una causa que no le es imputable. 

(Memoria del Consejo Consultivo del año 2010)